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Los puntos negros de la regeneración: PP y PSOE no cierran la puerta a los donativos a sus fundaciones

Las propuestas de regeneración democrática que el Gobierno ha remitido a los partidos reitera cuestiones ya reguladas e ignora las grandes lagunas actuales: seguirá permitiendo las donaciones privadas a las fundaciones de los partidos y no aborda la falta de medios para perseguir la corrupción o la politización y el nepotismo en el Tribunal de Cuentas, entre otros asuntos.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez
El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez EFE

La propuesta regeneración de los partidos que el Gobierno ha remitido a los partidos políticos somete al pacto cuestiones que ya están en vigor en la legislación actual y evita abordar algunas de las que han sido denunciadas por los organismos que luchan contra la corrupción en España. Esos son los dos grandes trazos de una oferta que, por ejemplo, plantea obligar a los partidos a publicar sus balances o cuentas de resultados, un precepto ya vigente desde 2012, pero que, sin embargo, evita prohibir las donaciones privadas a las fundaciones de los partidos, unos donativos que han sido denunciados como “opacos” por el Tribunal de Cuentas.

En materia de fundaciones de los partidos, el documento que el Ejecutivo ha remitido a los partidos políticos no aborda pues el que el organismo fiscalizador ha denunciado como uno de los grandes agujeros del sistema actual: el de la opacidad de las fundaciones y la posibilidad de que reciban fondos que acaben sufragando gastos de las formaciones de las que dependen. En la actualidad, el organismo contabiliza 39 fundaciones vinculadas a 25 partidos y las donaciones privadas a esas “fábricas de ideas” son legales. Así, FAES, vinculada al PP, es la que más recibió el año pasado hasta sumar 968.927 euros, el 50% del total presupuestado, mientras que la Fundación Pablo Iglesias, vinculada al PSOE, absorbió 536.200 euros. En los últimos 9 años, ambas han recibido 53 millones del erario público, sin detallar cuántos fondos han captado en donaciones privadas. 

El texto del Ejecutivo sólo introduce al respecto una novedad: un control más sobre el ya controlado dinero público. Así, promete la “prohibición de que reciban directa o indirectamente donaciones de organismos, empresas o entidades públicas” sin mencionar las donaciones privadas. La propuesta del Gobierno pide, además, que sean inscritas en el Registro de Partidos y su “fiscalización pro el Tribunal de Cuentas” sin mencionar en ningún momento el refuerzo de una institución desbordada de trabajo y salpicada por acusaciones de nepotismo y politización.

El Tribunal de Cuentas, también olvidado

Las reformas que el Gobierno plantea para el organismo fiscalizador se limitan a que los partidos presenten sus cuentas anuales y pretende otorgarle “capacidad de retener las subvenciones” si no se han presentado las cuentas al Tribunal o si no se está al corriente con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social o si el partido tiene pendiente reintegrar subvenciones.

También en ese terreno llama la atención cómo se vuelven a regular obligaciones ya establecidas, pues la última reforma de 2012 ya fijaba que “el Tribunal de Cuentas en el plazo de seis meses emitirá un informe” sobre esas cuentas, al mismo tiempo que se ignoran las disfunciones más denunciadas del organismo: su falta de independencia y politización, denunciada hasta por el Tribunal Supremo, o el enchufismo que ha elevado ya a 100 el número de familiares de sus altos cargos que trabajan en la institución.

El único “refuerzo” que el Gobierno promete es el “refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI)” para evitar que los cargos públicos puedan incurrir en actividades privadas que no les sean propias.

Financiación de partidos

En el apartado de financiación de partidos, la propuesta del Ejecutivo remite el mismo patrón: avanza mínimamente o reitera lo ya legislado en ocasiones anteriores como la “obligación de abonar las donaciones en cuentas abiertas exclusivamente a tal efecto, que habrán de comunicarse al Tribunal de Cuentas”. Salvo la notificación al T.C., la cuenta única y pública estaba en vigor cuando el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, realizaba ingresos en cuentas paralelas.

Al igual que en otras materias, no se plantean refuerzos en los medios de lucha contra el fraude y sólo se apunta que, en caso de que haya donaciones fraudulentas, se fijará la “devolución de donaciones indebidas al donante” o se “ingresarán en el Tesoro Público”.

Sí hay avances menores en la relación entre partidos y bancos:

  • El texto plantea la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito frente a la legislación actual que permitía perdonar deudas hasta 100.000 euros al año
  • La propuesta incluye la obligación de hacer públicos los créditos pendientes de amortización, en los que el partido habrá que especificar “la entidad concedente, el tipo de interés y el plazo de amortización”.
  • Finalmente, el texto plantea el control de subvenciones que requerirá un acuerdo del Consejo de Ministros cuando supere los 12 millones de euros

De nuevo, el texto olvida una de las cuestiones que más denuncias provoca entre los organismos fiscalizadores: la capacidad de renegociar la deuda con las formaciones, algo que el nuevo texto ni siquiera menciona.

UNA SUCESIÓN DE LEYES... Y DE PROBLEMAS

La nueva ley de financiación de partidos que el Ejecutivo propone será la cuarta y vendrá a enmendar una la Ley Orgánica 7/2012 que apenas tiene dos años de vida y con la que ya se han intentado endurecer los pagos privados a los partidos políticos. Las tres capas de legislación anteriores no han conseguido acabar con el problema de la corrupción:

  • La ley original que fijaba el funcionamiento y las cuestiones económicas de las formaciones españolas es la LOREG 5/1985, desarrollada dos años después en ley orgánica 3/1987
  • Tras una avalancha de escándalos de fondos privados a formaciones públicas desde la Filesa del PSOE hasta el caso Malaya pasando por la presunta financiación irregular de Unió en el caso Pallerols o el caso Zamora de presunta financiación ilegal del PP, el Gobierno aprobó en 2007 una nueva Ley Orgánica 8/2007 que apenas cumplió los cinco años de vida.
  • En pleno escándalo Gürtel y con los casos Pretoria o Jaume Matas sobre la mesa, el PP planteó otra primera reforma de la financiación de los partidos a través de la Ley Orgánica 7/2012 que ponía límites a la financiación privada de los partidos y que convertía en ilegales las donaciones anónimas o los donativos de entes públicos.

Muchas de esas medidas que ya están en vigor son las que el PP ha elevado ahora a los demás grupos para un pacto que, en esos casos, no debiera tener ningún problema para el acuerdo puesto que ya están recogidos en la ley actual.


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