Nacional

La justicia decidirá si prevaricaron BdE y Economía al fichar a dedo por 24 millones a las auditoras

La contratación estatal de las auditoras en 2012 para testar a la banca española será examinada por la justicia. La denuncia se basará en las irregularidades detectadas, que perfilan un delito de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos EFE

El fichaje en 2012 de las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger para testar la solvencia de la banca española acabará en manos de la justicia. Deberá verificar la legalidad de su contratación a dedo por 24 millones, que gestionaron los responsables del Banco de España y del Ministerio de Economía. En su contratación se han hallado indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, artículo 404 del Código Penal. Esto va mucho más allá de los serios reproches que planteó el Tribunal de Cuentas, aunque tiene como base las deficiencias que halló al adjudicarse sus cuatro contratos por un procedimiento negociado sin publicidad.

La denuncia se encuentra ya en fase de tramitación por un presunto delito de prevaricación administrativa. El artículo 404 del Código Penal define que incurre en tal conducta ilegal "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Y se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

La cronología de esta contratación que puede llevar a sus autores al banquillo es la siguiente.

El 22 de mayo de 2012, el Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, anunciaba la contratación de dos reputadas auditoras, la alemana Roland Berger y la estadounidense Oliver Wyman, "para incrementar la transparencia y despejar definitivamente las dudas acerca de la valoración de los activos bancarios españoles". "Después de contactar con los principales consultores internacionales, las dos empresas citadas han sido contratadas hoy por el Banco de España e iniciarán de inmediato sus trabajos para poder culminarlos en la segunda mitad de junio".

El Tribunal de Cuentas, por contra, critica la opacidad de dicha contratación que pretendía la transparencia bancaria y que se adjudicó a dedo por 23,8 millones. Y lo que ve le alarma notablemente: "El expediente de consultoría para obtener la prueba de resistencia global de balances de la banca española, adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, por 1,2 millones, se celebró en virtud del mandato contenido en el Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2012 por el que se instruía al Ministerio de Economía la encomienda de la elaboración de informes de valoración externos e independientes sobre el grado de saneamiento de los balances bancarios". 

El informe del Tribunal de Cuentas destaca que tal medida nacía al amparo de los criterios de los Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y del Fondo Monetario Internacional. El fin perseguido no podía ser mejor: "Se trataba de una medida de transparencia en aras de mejorar la credibilidad del sistema financiero español, garantizar su solvencia y despejar dudas e incertidumbres sobre los balances bancarios".

Con tal loable reto se fueron sumando nuevos contratos del BdE: "Dentro del mismo marco de actuación se encontraban el expediente de contratación de la extensión de los trabajos de la auditora, también adjudicado por aquel mismo procedimiento [a dedo] por 2 millones; el expediente de servicios de valoración de la cartera crediticia de los principales grupos bancarios españoles adjudicado por el mismo procedimiento por un importe de 13,8 millones y, finalmente, el expediente sobre el análisis de los activos y pruebas de resistencia bottom-up del sector bancario español, también adjudicado mediante procedimiento negociado [a dedo] por un importe de 7,2 millones".

En total, casi 24 millones para la transparencia adjudicados bajo la mayor opacidad. Portavoces de Economía alegan que para una misión de tal envergadura no había mucho donde elegir en el mercado de las auditoras. A Jaume Matas, expresidente balear preso, no le sirvió tal argumento ante la justicia tras fichar a dedo a Iñaki Urdangarin. Matas no quería ningún concurso porque sólo tenía un candidato posible: el yerno del Rey como reclamo publicitario para Baleares. Y no podía establecer concurso (convocada licitación para toda persona que acredite ser pariente directo del Rey, preferiblemente yerno...). Matas tiró por la vía de enmedio, un convenio a dedo, y la justicia se lo tumbó, con independencia de si el precio estaba inflado o de si el trabajo fue real. Las formas, en materia de contratación, pueden acarrear delitos. Y esta sombra, precisamente, sobrevuela ahora al Banco de España y al ministerio de Economía por las auditorías de la transparencia. Y justo por haberla eludido al contratar.

El Tribunal de Cuentas confirma la confesión de Economía: no se barajaron precisamente muchos nombres para tal contratación multimillonaria. "El BdE mediante el procedimiento negociado sin publicidad, fundamentado en motivos de urgencia, procedió a la elección de aquellas consultoras privadas que entendía más especializadas en la materia -prácticamente en todos los casos examinados, siempre eran seleccionadas las mismas empresas- para que en un plazo muy breve de tiempo, estas empresas redactasen y confeccionasen los oportunos informes. No obstante, en el expediente [del bottom-up por 7,2 millones] la empresa adjudicataria [Oliver Wyman] no fue seleccionada por el BdE sino que lo fue por las autoridades autoras del encargo [Economía]".

Datos y personal del BdE

Lo curioso de tan bien pagadas auditoras es que para la confección de sus informes "utilizaban y manejaban la información, los datos y documentos técnicos que les suministraba el BdE, una vez que era esta entidad la que disponía de la información adecuada y precisa para su realización y emisión". De hecho en el contrato se decía que "los servicios serían prestados de acuerdo con las especificaciones contenidas en los términos de referencia facilitados por el BdE".

Pero el BdE no se limitó a dar la información, la única información posible pactada, al auditor contratado. También le facilitó mano de obra gratis. "Además de esta labor de provisión de documentación realizada por el BdE, este desplazaba personal propio especializado a las empresas privadas de auditoría para llevar a buen término el deber de colaboración con las mismas y que correspondía al Banco de España de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia o pliegos de cláusulas particulares de contratación elaborados por este último".

El informe detalla deficiencias también en torno a quién pagó realmente y quién debió pagar legalmente las auditorías

Los trabajos debían durar hasta que "se produjera la aceptación final por parte del Banco de España de los trabajos realizados por las empresas de auditoría externas". La paradoja es que se les llama auditoras externas, pero se les nutre de documentación y personal del BdE que es quien, por añadidura, debe dar el visto bueno a sus trabajos. La independencia de tal misión no sale muy airosa. Y deja en el aire una pregunta: Dado que la información, el personal y el control era del BdE, ¿no pudo realizar por sí solo tal misión? ¿Se pagaron 24 millones sólo para reputar de visión independiente un trabajo absolutamente teledirigido por el BdE?

Pronunciamiento sobre materias propias

El Tribunal de Cuentas llega a parecida conclusión, si bien con la habitual aparente suavidad formal: "Las operaciones examinadas en realidad consistieron en una encomienda al BdE para que este seleccionara a un tercero, las empresas externas de auditoría, al que se le encargó la emisión de un pronunciamiento sobre materias propias y de la competencia del Banco, al que por otra parte, no podía llegar sin la información y colaboración que este les suministraba y que representó tan sólo en los cuatro contratos objeto de fiscalización, arriba citados, un total de 23,8 millones". 

Pero al arañar tan generosos y acaso innecesarios contratos afloran nuevas irregularidades. Todos los contratos, negociados sin publicidad, fueron adjudicados supuestamente bajo el criterio de la oferta más baja, pero "en algún supuesto dicha regla quedó al margen". "En ninguno de los casos ha quedado constancia de si realmente se llegaron a negociar los términos de la contratación, que se centraban en todos los casos analizados, en la oferta técnica y económica".

"Además", añade el informe, "en el supuesto concreto del expediente [auditora del bottom-up que impuso Economía], el precio del encargo, 7,2 millones, se fijó a tanto alzado, sin que conste el desglose del mismo como en otros casos de los examinados, aplicando criterios tales como la composición de los equipos (cuantitativa y cualitativa) y las horas de trabajo estimadas". A mayor abundamiento, tal firma fue contratada (20 de julio de 2012) antes de que la Agencia Tributaria afirmase que estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, algo que informó el 9 de octubre de 2012.

Ni en la memoria justificativa ni en los pliegos ni en los respectivos contratos se preveía que tales pagos fueran a ser satisfechos por el mencionado fondo

El informe detalla deficiencias también en torno a quién pagó realmente y quién debió pagar legalmente las auditorías. "En los expedientes en que el Banco de España actuó por mandato del Consejo de Ministros, en los que intervinieron empresas externas de auditoría, los pagos efectuados fueron asumidos por el Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito, si bien en un principio, el Banco de España anticipó los gastos necesarios para llevar a cabo los servicios prestados que, según la entidad, fueron totalmente reintegrados al Banco. Ni en la memoria justificativa ni en los pliegos ni en los respectivos contratos se preveía que tales pagos fueran a ser satisfechos por el mencionado fondo".

Por último, el Tribunal de Cuentas echa en falta "un acto formal de recepción que manifestara haberse realizado las prestaciones comprometidas en los términos pactados y, por tanto, la conformidad con la ejecución del contrato, más aún si se tiene en cuenta que para la correcta fiscalización de estas operaciones era precisa la aceptación expresa de la entidad fiscalizada".


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba