Publicado: 11/06/2015 15:20
El Alto Tribunal ha declarado fuera del marco jurídico constitucional todos los actos organizados por el gobierno catalán de CiU, con el apoyo de ERC para convocar la consulta ilegal de autodeterminación del pasado 9 de noviembre. Estos actos inconstitucionales invalidan actos promovidos por el Govern como la campaña publicitaria financiada con dinero público de todos los catalanes para promocionar la consulta, la colocación de urnas de cartón, la apertura de locales e institutos públicos y, sobre todo, la atribución de una competencia que se apropió Artur Mas para organizar una consulta.
“La Generalitat no puede decidir nueva relación con el Estado”
Los magistrados sentencian que la Generalitat de Cataluña y su gobierno se atribuyeron competencias como comunidad autónoma que no le son propias para modificar el marco constitucional de una comunidad respecto del Estado. La sentencia asegura que una comunidad autónoma "no puede convocar este proceso participativo porque desborda el ámbito de sus competencias". Y prosigue: “Este proceso participativo que pretendía sentar las bases de una nueva relación entre las comunidades autónomas y el Estado en su conjunto" y este nuevo marco jurídicamente no puede impulsarlo un gobierno regional al margen del resto de autonomías puesto que no dispone de dicha competencia que es exclusiva de la soberanía nacional.
La sentencia reprocha a Mas y a su gobierno que no haya acatado la suspensión que los jueces decretaron contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N
La sentencia, que llega siete meses después de la celebración de aquella consulta popular en la que votaron a favor de la independencia la mayoría de los votantes independentistas que fueron a votar (alrededor de 2,5 millones de personas sobre un censo oficial de 6,5 millones de catalanes), le reprocha a Artur Mas y a su gobierno que no haya acatado la suspensión que estos jueces decretaron contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N. Es por esta razón que el Alto Tribunal declara inconstitucionales todos los actos preparatorios llevados a cabo por la Generalitat para que se pudiera celebrar la consulta. Y sostiene que el Gobierno de Mariano Rajoy se tiene que sentir "satisfecho" porque se ha atendido su recurso.
Querella de la Fiscalía contra Artur Mas, Joana Ortega y Rigau
La Fiscalía General del Estado presentó una querella contra el 'president' Artur Mas y las conselleras Joana Ortega –destacada dirigente de Unió Democràtica que preside Josep Antoni Duran i Lleida- e Irene Rigau por haber promovido la consulta del 9-N, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La querella, de 30 folios, explica que en la consulta de autodeterminación del pasado 9 de noviembre se celebró una consulta "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat en la que se preguntó si esta comunidad autónoma era un Estado y si se debía declarar independiente. La convocatoria fue "articulada" a través de una página web.
Esta sentencia del Constitucional llega tres días antes de que el próximo domingo los militantes democristianos de Unió –que preside Josep Antoni Duran i Lleida- voten en una consulta interna si quieren seguir con la deriva independentista de Convergència Democràtica (CDC) que preside Artur Mas, su socio en la federación nacionalista de CiU.
El Constitucional ya suspendió la ley catalana de consultas
El Tribunal Constitucional ya suspendió el año pasado la ley de consultas catalana aprobada por el Parlamento catalán por iniciativa de CiU y ERC –en la que se pretendía que Cataluña pudiera convocar referendos al margen del resto de los españoles- y el decreto de convocatoria del 9-N, después de ser aprobados en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en la Moncloa los decretos pertinentes.
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