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La Generalitat anuncia una ofensiva internacional contra el TC y el Gobierno español por la sentencia del 9N

El gobierno catalán responde desafiante a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 9N: mantendrá su ofensiva ante cualquier decisión legal que adopten las instituciones del Estado.

El presidente catalán, Artur Mas
El presidente catalán, Artur Mas Efe

La Generalitat, que preside Artur Mas, se ha propuesto acusar a la democracia española –cuyas leyes constitucionales legitiman al Govern- de “baja calidad” ante la comunidad internacional tras el fallo del Tribunal Constitucional que considera ilegal la consulta de autodeterminación del pasado 9 de noviembre. El gobierno catalán mantiene su ofensiva ante cualquier decisión legal que adopten las instituciones del Estado.

En pleno año electoral, el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha elevado un peldaño más su crítica secesionista asegurando que dará a conocer a la “comunidad internacional” –sin precisar a qué organismos- la sentencia del Tribunal Constitucional que considera ilegal tanto las leyes que permitieron a Artur Mas (CiU) organizar la consulta ilegal y sin garantías democráticas de censo ni de participación como la propia consulta que se llevó a cabo en colegios públicos.

Se trata de subir un diapasón más en la estrategia secesionista, cuestionando al propio Constitucional: “Lo que sí está claro es que el Estado español se caracteriza por una democracia de baja calidad”, ha afirmado Homs este jueves en el Palau de la Generalitat. Es más, desde el ejecutivo autonómico se realizan estas declaraciones sin advertir que tanto el presidente de la Generalitat como todos sus consellers representan al Estado en Cataluña.

Crítica a la “interpretación restrictiva de la Carta Magna”

Preguntado por Vozpópuli, el responsable de la estrategia exterior del gobierno catalán nacionalista y todopoderoso conseller de Presidencia ha criticado duramente el dictamen del Constitucional: “La ley de consultas que ha sido considerada no constitucional supone una interpretación muy restrictiva de la Carta Magna”, ha dicho a este periódico, y ha añadido: "Si el marco constitucional y político español no permite conocer qué opina la ciudadanía sobre temas relevantes, sea el futuro de Cataluña o sea la alteración de los límites de un municipio o comarca, quiere decir que el Estado español ofrece una democracia de baja calidad que es incompatible con las exigencias de una sociedad madura y no nos conformamos con tener que votar cada cuatro años".

El conseller de Presidencia considera "sorprendente" que el Constitucional considere que "se garantiza de manera muy amplia la participación democrática" votando cada cuatro años en las elecciones: "Es una percepción antigua de la democracia. Hoy es del todo insuficiente". Además, ha destacado que la Constitución es "una puerta cerrada" y solo se interpreta a conveniencia e interés de una de las partes.

Trasladar quejas nacionalistas a la comunidad internacional

Entre los próximos pasos a dar por el gobierno catalán, Homs ha explicado que en este tema en concreto la vía jurídica "está agotada" por lo que solo queda la "vía política"; es decir, la de las elecciones del 27 de septiembre, una vía "escrupulosamente legal", según él.

Sobre el adelanto electoral del próximo 27 de septiembre en Cataluña –la segunda cita en las urnas en tres años-, el portavoz del gobierno catalán ha anunciado que ha encargado un informe al Consejo Asesor por la Transición Nacional con el que el Govern pretende explicar a la comunidad internacional el motivo y el objetivo de estos comicios. Será un documento que hará balance de los pasos dados hasta ahora en la reivindicación del derecho a decidir.

Además de todo, el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se reunirá el próximo viernes 6 de marzo para "poner de manifiesto el compromiso de Cataluña en el ejercicio y reivindicación del derecho a decidir", según las tesis defendidas por los nacionalistas de CiU y los independentistas de ERC.

En cuanto a la posible expulsión del juez Santiago Vidal de la carrera judicial por redactar una constitución catalana, una decisión que está previsto que el CGPJ adopte este mismo jueves, el portavoz del Govern ha evitado comentarla hasta que no se haya hecho oficial: "Me resisto a creer que esto acabará siendo así; me parece tan absurdo, tan contrario a la propia lógica de la democracia y de un Estado de derecho, que hasta que no lo vea no lo creeré".


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