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El Tribunal de Cuentas investiga un escándalo contable en la patronal madrileña CEIM

El Tribunal de Cuentas estudia un posible escándalo relacionado con un asunto de responsabilidad contable que afecta a la cúpula directiva de la patronal de los empresarios madrileños Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), que preside el empresario Arturo Fernández desde 2007, según explican a Vozpópuli fuentes próximas al organismo fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas estudia un posible escándalo relacionado con un asunto de responsabilidad contable que afecta a la cúpula directiva de la patronal de los empresarios madrileños Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), que preside el empresario Arturo Fernández desde 2007, según explican a Vozpópuli fuentes próximas al organismo fiscalizador.

La investigación del fiscal encargado del caso, Luis Rueda García, está relacionada con las subvenciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre para cursos de formación durante el ejercicio 2008. Esta investigación tiene tres importantes focos: el posible desvío de parte de estos fondos hacia la cúpula de la organización;  el desvío de los intereses financieros que generan los 14 millones de euros de ayudas a formación hacia los directivos y el desajuste en la información que maneja el Servicio Regional de Empleo sobre la cuantía de los salarios de los directivos de la CEIM.

Por un lado, Rueda estudia cómo la patronal CEIM estaría pagando a sus directivos con fondos públicos que deberían destinarse en su totalidad a la formación. La forma de desviar este dinero sería colocando al personal directivo de la patronal como personal de apoyo en la organización de los mismos, algo que está totalmente prohibido (es una infracción según la Orden 3061/2006 que regula la convocatoria de estas subvenciones).

En el punto de mira del Tribunal se encuentra el Secretario General de la Confederación, Alejandro Couceiro, el número dos de la estructura, cuyo sueldo roza los 220.000 euros anuales. Couceiro es un histórico en la patronal (lleva once años como secretario general), que algunas fuentes describen como un poder fáctico de la CEIM.

Además, la fiscalía está estudiando dónde han ido a parar unos supuestos intereses que generan las ayudas públicas (también se considera dinero público el rendimiento que se obtenga del dinero público). Las subvención destinada a la CEIM en el ejercicio fiscalizado fue de 14,07 millones y el saldo medio en la cuenta bancaria de la CEIM fue de 9,285 durante 391 días. Con estas cifras, los intereses podrían haber sido de 200.000 euros.

En cambio, la CEIM declaró en su día que no recibió rendimientos financieros, y para ello trató de justificarlo presentando ante el Servicio Regional de Empleo, un certificado del banco que decía: “los intereses no se han abonado en la cuenta en la que se mantenían los fondos”. Esto daba pie a pensar que podría existir otra cuenta, pero el Servicio Regional de Empleo, el vehículo de la Comunidad de Madrid controlador de estas ayudas, no hizo nada. Al contrario. Por sorpresa, Aguirre decidió cerrar organismo autónomo dedicado a la gestión de las políticas activas de empleo en la región el pasado mes de julio.

Este cierre misterioso coincide además con la publicación del informe sobre la fiscalización del gasto correspondiente a las subvenciones sobre formación durante el ejercicio 2008 que realizó por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Este informe es el que ha desatado la investigación del Tribunal de Cuentas. Del Servicio Regional de Empleo, hace alusión a que su función era deficiente; y sobre la falta teórica de los rendimientos financieros dice que “la no percepción de rendimientos financieros por este saldo a disposición de la entidad bancaria, resulta inverosímil, por contraria a la práctica habitual de lo que sería una buena gestión financiera”.

Tras la investigación, el Tribunal de Cuentas podría abrir un proceso de enjuiciamiento (se cita a las partes, se juzga y se emite sentencia), que podría derivar en que se exija a la entidad que devuelva el dinero más los intereses, o si existe un delito penal, el Tribunal de Cuentas lo derivará a los juzgados ordinarios.


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