Pretende aumentar la transparencia de las administraciones

El Gobierno aprueba hoy la Ley de Transparencia, que permitirá inhabilitar durante diez años a los malos gestores

Con esta norma, Hacienda podrá destituir a los consejeros o concejales que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma permitirá inhabilitar con una pena de hasta diez años a los malos gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito.

El texto da poder al ministro de Hacienda para sancionar a los cargos de la administración central, local o autonómica que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

También se incluyen sanciones como la no percepción de indemnizaciones, la obligación de restitutir las cantidades percibidas indebidamente o la obligación de indeminzar a las arcas públicas. Asimismo, establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves puedan ser inhabilitados de diez a cinco años.

La Casa Real queda fuera

Además de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, está ley va orientada a aumentar la transparencia en las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

La norma se sometió a un proceso de consulta pública durante quince días, en los que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones. Algunas de estas sugerencias se han incorporado al proyecto de ley, como el sometimiento a esta norma de los colegios profesionales como corporaciones de derecho público. Según informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que lleven a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

A pesar de las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa Real queda fuera del margen de aplicación de la ley, al no ser una administración pública. A este respecto, la vicepresidenta explicó que la normativa internación prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".


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