EL SUMARIO DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Ruz pregunta diez veces por Cospedal a un imputado y a un testigo de la 'mordida' de Toledo

El juez interpela al exalcalde de la ciudad, Jose Manuel Molina (PP), y al diputado conservador Sebastian González sobre el supuesto pago de una comisión de 200.000 euros por la adjudicación del contrato de basuras en la capital castellano manchega denunciado por Bárcenas. Ambos niegan la intervención de la 'número 2' de su partido.

El nombre de María Dolores de Cospedal, 'número 2' del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, ha vuelto a sobrevolar por la Audiencia Nacional durante la investigación de los 'papeles de Luis Bárcenas'. Y esta vez lo ha hecho de la mano del propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Hasta diez preguntas realizó este lunes el magistrado a un imputado y a un testigo para intentar aclarar el papel que, según declaró en su día el extesorero, presuntamente jugó la secretaria general en el supuesto cobro de una 'mordida' de 200.000 euros para su campaña electoral de 2007 a cambio de la adjudicación de un contrato de basuras de Toledo. El primero en responder fue el que fuera alcalde 'popular' de la capital castellano manchega, José Manuel Molina, que acudía como imputado acusado de un delito contra la Administración. El segundo, el actual diputado de la misma formación Sebastian González, citado como testigo. Ambos políticos han coincidido en negar que la mano derecha de Mariano Rajoy interviniera en una supuesta 'mordida' que, por otra parte, ambos han rechazado de plano que existiera.

Las diez preguntas sobre Cospedal las realizó el propio magistrado, quien en el auto del pasado 22 de octubre ya citaba expresamente a la 'número 2' del PP

Las diez preguntas sobre Cospedal las realizó el propio magistrado, quien en el auto del pasado 22 de octubre por el que citaba a ambos dirigentes del PP a declarar ya incluía el nombre de la dirigente del PP. En aquel escrito, muy medido en sus palabras dada la condición de aforados de algunos de los personajes que han aparecido en el transcurso de las investigaciones, el magistrado daba un respaldo implícito a las declaraciones que en julio de 2013 hizo Luis Bárcenas en las que aseguraba que varios dirigentes regionales de su partido en Castilla-La Mancha amañaron presuntamente la adjudicación a la empresa Sufi, filial de Sacyr, del contrato de limpieza en la capital regional. El auto del magistrado citaba expresamente a la actual secretaria general del PP al recordar la declaración del extesorero en la que éste destapó la supuesta irregularidad.

Sin embargo, las respuestas recabadas por el juez no le han permitido afianzar las acusaciones de Bárcenas. Así, Molina insistió una y otra vez durante la hora que estuvo declarando que "nunca he adoptado un acuerdo ilegal y menos he cobrado una comisión en mi vida". En esta línea, también negó que Cospedal o Bárcenas tuvieran ninguna participación en la negociación de los contratos municipales. "Con nadie he hablado de ningún contrato en Toledo mientras yo he sido alcalde", recalcó según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Molina incluso rechazó que tuviera una rivalidad política con la actual presidenta castellano manchega: "Difícilmente puedo tener un problema con alguien con quien no compito", recalcó. El exalcade, que desde marzo ocupa un puesto de libre designación en la embajada de España en Kinshasa (República Democrática del Congo), aseguró que de la existencia del recibí de 200.000 firmado por el gerente de la formación "lo he conocido por la prensa".

Negar las conclusiones de la UDEF

En el resto de su declaración, el político 'popular' intentó rebatir el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que concluía que la empresa Sufi ganó el concurso para la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Toledo de manera supuestamente irregular, ya que su oferta no recogía el aumento de los salarios de los trabajadores y, con ello, pudo presentar la alternativa más barata entre los que optaban al concurso público. La posterior modificación supuso un sobrecoste para el erario público de 11,3 millones de euros. La UDEF, como había hecho antes la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un órgano dependiente de Hacienda), recalcaba en su informe que esta situación la solventó el PP subiendo el precio del contrato cuatro días antes de las elecciones municipales de 2007 en las que perdió el poder en la capital castellano manchega. Molina justificó esa modificación al alza del coste del servicio en un intentó por evitar 'in extremis' una huelga de limpieza en vísperas de la celebración del Corpus en la ciudad.

El exalcalde de Toledo aseguró que nunca habló ni con Cospedal ni con Bárcenas "ni con nadie" de ningún contrato municipal mientras él fue regidor

Tampoco las preguntas planteadas por el juez Ruz sobre Cospedal a Sebastián González, actual diputado por Ávila, permitieron al magistrado confirmar las declaraciones de Bárcenas sobre la presunta implicación de Cospedal en la supuesta 'mórdida'. El extesorero había asegurado que fue éste "la persona que presuntamente le habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de 'plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo". El diputado, que en 2007 era el responsable de organización del PP, negó ese episodio y, aunque admitió haber hablado con Bárcenas "de muchas cosas" insistió, como hace unos días había hecho Ángel Acebes, que él sólo se ocupaba de cuestiones políticas. "Los temas políticos corresponden a los tesoreros", aseguró.

González se declaró "sorprendido" por las afirmaciones del que fuera máximo responsable de las finanzas del PP y "últimamente" ya no tenía "ninguna relación con él por razones obvias". Sobre su supuesta intervención en el episodio de la 'mordida' de Toledo, el diputado 'popular' aseveró que "Cospedal jamás me ha pedido nada". En este sentido recordó que tanto la 'número 2' del PP como Bárcenas no tenían "por qué buscar intermediarios" para tratar ningún tema ya que, recordó, en la etapa en la que ambos eran senadores "tenían sus despachos juntos".

Page y el viceinterventor

En la jornada de este lunes también declararon el actual regidor de Toledo, el socialista Emiliano García-Page, y el que fuera viceinterventor municipal de este Ayuntamiento, el funcionario Francisco Javier Sánchez Rubio. Este último ratificó en gran parte el contenido del informe de la IGAE que revelaba supuestas irregulares en el contrato de basuras bajo sospecha. A ello añadió ante el juez que él no fue "consultado", como era preceptivo "en todas las Administraciones públicas", antes de aprobarse el expediente de tramitación que dio el visto bueno a la adjudicación. Por su parte, el dirigente del PSOE castellano manchego evitó en todo momento cargar contra Cospedal o su antecesor en el cargo, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio. García-Page se limitó a asegurar que cuando llegó a la alcaldía mantuvo el contrato de recogida de residuos para "evitar" más gastos a las arcas públicas.

El actual alcalde socialista de Toledo, Emiliano García-Page, evitó durante su declaración ante Ruz cargar contra Cospedal o su antecesor en el cargo

Con estos interrogatorios y con los de otros testigos que realizará este martes, el juez Pablo Ruz muy posiblemente dará por finalizada la parte de la investigación sobre la 'caja B' del Partido Popular que afecta a la supuesta financiación irregular de la campaña electoral de la número 2 del PP para las elecciones autonómicas de 2007. El siguiente paso del magistrado será enviar la causa al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, dada la presencia de personas aforadas en el curso de la investigación. Entre ellos, el presidente de las Cortes manchegas Vicente Tirado y la propia María Dolores de Cospedal.


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