LOS EFECTOS DEL "TASAZO" DE GALLARDÓN, CASO A CASO

Llega la justicia para ricos: recurrir una multa de 100 euros costará 200 y demandar a un promotor 3.300

Las nuevas tasas judiciales que entrarán en vigor mañana han provocado indignación entre los abogados que denuncian que se busca "la impunidad del Estado". Las multas de tráfico de 100 euros obligan a depositar tasas de hasta 200. Otros casos de la vida real harán imposible el recurso judicial a los más desfavorecidos. Estos son los casos más comunes. 

Llega la justicia para ricos: recurrir una multa de 100 euros costará 200 y demandar a un promotor 3.300
Llega la justicia para ricos: recurrir una multa de 100 euros costará 200 y demandar a un promotor 3.300

Las nuevas tasas que entrarán en vigor mañana tienen por objetivo "disuadir" del recurso a los tribunales. Los abogados, sin embargo, aseguran que el objetivo es garantizar la "impunidad" del Estado. A partir de ahora, la mayoría de situaciones cotidianas de la vida obligarán a depositar en los juzgados tasas para tener acceso a los tribunales.

Según la nueva normativa, la mayoría de procesos obligan a depositar entre 100 y 1.200 euros como cuantías fijas además de un porcentaje variable en función del dinero que el afectado reclame como compensación. 

Éstas son algunas de las situaciones más comunes y cómo quedarán tasadas a partir de su entrada en vigor:

1.- MULTAS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO 

El efecto disuasorio para las multas de tráfico es el más claro de todos: para las multas leves (de hasta 100 euros) la tasa duplica el valor de la multa mientras que para las graves (de hasta 200) la tasa judicial es igual a la sanción: 200 euros. Según denuncia el Consejo de la Abogacía, el resultado es la impunidad del Estado. Al resto de multas, las tasas rozan también lo confiscatorio: las multas graves con detracción de puntos y las muy graves (multas de más de 500 euros con detracción de puntos) obligarán a depositar una tasa de 450 euros. 

En el caso de un accidente de tráfico, el Consejo de la Abogacía cita un caso real: un vehículo que sufre un accidnte y cuyo conductor queda tetrapléjico con lesiones, secuelas o invalidez para terceros, y en el que se requieran daños por valor de 1,3 millones de euros, las tasas podrían superar los 6.000 euros en cada etapa del proceso. 

2.- HERENCIAS O DIVORCIOS

En los casos en los que haya en disputa una propiedad, el mero valor del inmueble puede disparar los costes del proceso judicial para las partes. Quienes litiguen no deberán pagar sólo una tasa fija sino que, además, tendrán que depositar un porcentaje del valor del solar o piso equivalente al 0,5% del precio. Eso significa que quienes disputen una herencia deberán depositar fianzas por valor de otros 1.500 euros. Si el valor de la vivienda es del doble, la tasa casi se duplica, según los cálculos del Consejo General de la Abogacía. 

3.- PROBLEMAS INMOBILIARIOS

En un momento en que las demandas a los promotores resultan cada vez más frecuentes, las nuevas tasas las harán cada vez más inalcanzables. 

AVALANCHA DE RECURSOS EN CAMINO

El texto que hoy ha entrado en vigor sumará recursos frente al Tribunal Constitucional a partir de mañana. Más allá del recurso que presentó el PSOE, el Consejo General de la Abogacía y la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales (entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales) han acordado hoy impulsar la declaración de inconstitucionalidad de la medida impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón. 

"El 'tasazo' salvará a la Administración de tener que devolver a los ciudadanos decenas de millones de euros", afirman empresas como Dvuelta

Las compañías que se encargan de recurrir multas de tráfico también han anunciado ya su recurso al Tribunal Constitucional. Compañías como la empresa Dvuelta aseguran que acuden a los Tribunales cada año para reclamar por importe de más de 10 millones de euros en concepto de multas de tráfico, de los cuales, una décima parte se recurre en vía administrativa. Para una empresa como esa, la cuantía en tasas podría poner en peligro su viabilidad. Por ese motivo, la empresa afirma que "Dvuelta, a través del conducto legal pertinente, pedirá a la oficina del Defensor del Pueblo a que inste la inconstitucionalidad la Ley 10/2012, de 20 noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, sumándose a las acciones que en este sentido emprenderán asociaciones de jueces, abogados y fiscales".


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