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Jueces, abogados y secretarios judiciales coordinarán su protesta y pedirán al Defensor del Pueblo que recurra al Constitucional

Jueces, abogados y secretarios judiciales han hecho un frente común contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para intentar frenar una ley que ya está en vigor. Aunque en teoría no hay marcha atrás, los profesionales de la Justicia plantean al ministro que apruebe una ley que complemente la ya aprobada o derogue algunos de sus tasas más polémicas como las de multas de tráfico. 

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, junto al presidente del TSJ  de Murcia, Juan Martínez Moya
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, junto al presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya EFE

El Consejo de la Abogacía convocó ayer por la tarde a una reunión urgente a su comisión permanente para coordinar una estrategia de oposición a la nueva ley de tasas aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La ley, que impone la obligación de pagar procesos que hasta ahora eran gratuitos, "será recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) o más arriba" aseguran fuentes del Consejo en referencia al Tribunal de Estrasburgo de la Unión Europea. Fue la última de la reuniones celebradas ayer pero no la única. También mantuvieron contactos los jueces y los secretarios judiciales. Todos ellos comparten objetivo: la ley será recurrida. 

Sólo los jueces tienen capacidad para plantear al TC una "cuestion de constitucionalidad" en aquellos casos en los magistrados tengan que decidir. Por ese motivo, los demás profesionales de la Justicia acordaron ayer también solicitar amparo a la Defensora del Pueblo para que sea ella quien eleve la cuestión al Constitucional. 

Además, los colectivos podrían apoyarse en el recurso que también prepara el Partido Socialista pese a que muchos de ellos no compartan el ideario de ese partido. Sin embargo, todas las partes implicadas pretenden elevar la cuestión al TC más allá de sus discrepancias ideológicas, puesto que a la medida se oponen de igual modo partidos desde la izquierda socialista hasta la derecha de Manos Limpias. 

Habrá protestas conjuntas 

Las asociaciones profesionales reunidas ayer asumen que Gallardón no derogará una ley que apenas tiene 24 horas de vida. Sin embargo, sí confían en que se apruebe una legislación nueva que enmiende a la anterior y que retire las tasas a áreas como las multas de tráfico donde recurrir una sanción de 100 euros obliga a depositar una tasa de 200. Todos los profesionales de la Justicia están también manteniendo contactos para coordinar sus protestas, según reconocen fuentes judiciales. 

Manuel Pizarro: "Yo no tengo que pagar con mis impuestos el desacuerdo de dos hermanos por una herencia"

Ante esas protestas, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, aseguró que no entiende las protestas de los magistrados contra la ley de tasas "ya que su obligación es cumplirla". En una conferencia celebrada en Valencia, Moliner aseguró: "Entiendo mucho que protesten los abogados y los consumidores, y los sindicatos, pero los magistrados no lo entiendo tanto". Los magistrados, ha defendido, lo que tienen que hacer es "cumplir la ley" y en aplicación del "principio de independencia" deberían respetarla y, una vez que tengan que aplicarla, decidir si creen conveniente llevarla ante el Constitucional o llevarla a la práctica "si la consideran legal".

Un único apoyo a Gallardón: Manuel Pizarro

La única voz que ha respaldado públicamente la imposición de tasas a la justicia fuera del Partido Popular ha sido la de Manuel Pizarro. Quien fuera número dos de Rajoy en las elecciones previas a la crisis aseguró en el Club Siglo XXI que él respaldaba la imposición de tasas. Según Pizarro, a día de hoy se produce un exceso pleitos porque resulta gratis hacerlo y concluyó: "yo no tengo que pagar con mis impuestos el desacuerdo de dos hermanos por una herencia"

En una muy aplaudida intervención, Pizarro defendió que "sobran jueces en España" y que es "necesario un cambio de actitud" en la relación con los tribunales. 


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