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La Fiscalía investiga si la cesión de locales públicos para el 9N es delito

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre diligencias para investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo del 9N puede ser constitutiva de delito, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La Fiscalía investigará si el uso de instalaciones públicas podría suponer un delito una vez el TC ha suspendido el 9N

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".

La previsión de la Generalitat es que mañana se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

Catalá ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, el Gobierno central no actuará

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará.

"Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro.

Ante este planteamiento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidió ayer ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.


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