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Díaz no aclara si recuperó dinero malgastado en cursos que financiaron a su marido

Susana Díaz cerró legislatura sin aclarar si recuperó 200.000 euros que la Junta sabe injustificados desde 2012 de un expediente de cursos de formación. Con cargo a ese fondo se financió la nómina de su marido, José María Moriche.

José María Moriche, marido de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, desde 2003 hasta 2012 trabajó para el IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) de UGT. Su nómina se financió, al menos en 2010, con cargo a la aportación de 8 millones que hizo la Consejería de Empleo de la Junta a UGT para cursos de formación. La Junta lleva dilatando desde hace tres años la devolución por UGT Andalucía del dinero injustificadamente gastado en el expediente 98/2009/J/217, al que se cargó su sueldo.

En concreto se reclaman 204.000 euros por "importes no justificados" de dicha partida. Díaz convocó elecciones sin que conste que haya iniciado o logrado la recuperación de tal dinero, a pesar de que se lo exigió hace un año la Cámara de Cuentas y que desde hace tres años la Junta sabe tal irregularidad. Tal fondo, precisamente, nutrió la nómina de su marido en el IFES.

Nadie en la Junta ni en UGT aclara en qué fase se halla tal recuperación de fondos indebidamente gastados. Si paraliza tiene un coste político. Pero si ejecuta tal reintegro tendría también un precio político para Díaz: sería el reconocimiento de una irregularidad en el fondo del que se nutrió, mes a mes, la nómina de su marido. Un euro irregularmente injustificado de los más de 152.000 euros asociados con cursos donde su marido figura como "coste directo" bastaría para que el escándalo la salpicase personalmente sin poder invocar la herencia recibida.

"Se desconocen los motivos de tal dilación, si bien el reintegro prescribirá a los cuatro años"

Dado que Susana Díaz ha reclamado de manera imperiosa otros importes mayores indebidamente gastados por UGT en formación profesional, choca la lentitud en materializar esta pequeña exigencia. La Cámara de Cuentas le advirtió hace un año del riesgo de esta tardanza: "Se desconocen los motivos de tal dilación, si bien debe tenerse en cuenta que el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación (1/12/20011)". Este diario intentó este jueves sin éxito obtener una explicación sobre el resultado de tal requisitoria en las consejerías de Presidencia, Educación y Hacienda y en UGT.

Es decir, ya queda menos de un año tras haberse apurado tres. Pero el desafío no estriba en pedir a UGT que devuelva una cantidad más de dinero defraudado en los cursos de formación. La Junta ya le ha reclamado el reintegro de millones.

Reconocimiento de facto de la irregularidad en cursos del marido

El peligro político de tal exigencia en este expediente es que la Junta reconocería, de facto, el uso irregular del fondo que usó UGT para financiar a Moriche. Susana estaría poniendo a los pies de los caballos a su esposo, en un tiro que le rebotaría políticamente más que todos los escándalos que ha heredado. Cualquier detalle que aflorara tal exigencia podría ahondar la herida si la Junta certifica que se infló o falseó alguna partida relativa a los salarios o costes de los cursos en los que estaba inmerso el marido de la presidenta. Cualquier falsedad documental podría poner a Moriche en el epicentro de un escándalo político colosal o, peor, en el filo de las investigaciones que cruzan UCO y UDEF para verificar la realidad del cumplimiento del gasto presentado por el sindicato. 

En concreto Moriche consta como "coste directo", fórmula habitualmente usada para los docentes, según documentación en poder de este diario, en los siguientes cursos sólo en 2010: Creación y gestión de empresas: autoempleo; Empleado administrativo de entidades financieras; Inglés atención al público; Formador ocupacional; Informática de usuario; Técnico de sonido; Diseño web y multimedia.

La prensa, además, ha citado otros cursos como diseño web y multimedia, infografista de medios audiovisuales, atención especializada para enfermos alzheimer, preparación tutoría y evaluación….

Dudas de los expertos

Los expertos que han analizado tales cursos de Moriche se hacen preguntas:“¿El marido de la presidenta tenía la capacitación y experiencia exigida para ser formador en innumerables cursos sobre materias tan dispares? ¿Lo mismo estaba capacitado para preparar un curso de administrativo de entidades financieras que para evaluar las actividades formativas de un curso de operador de cámara o para tutorizar las actividades formativas de un curso de operador de cámara o para tutorizar a los alumnos de un curso de jardinería o de vigilante de seguridad? ¿Se cumple en cada curso la normativa respecto al cumplimiento de los requisitos docentes?”.

“¿Cómo resolvía las dudas de toda esa diversidad de alumnado? “Y sus funciones”, explican dichas fuentes, “no eran de apoyo administrativo porque no están en ese asiento contable. El sueldo de su marido se imputaba al asiento de los docentes”. ¿Cree que es admisible como justificación de costes de una subvención millonaria el salario de su marido troceado en porcentajes e imputado a tareas de preparación, tutoría y evaluación de acciones formativas de toda índole”?

“¿Le parece normal que en los cursos de UGT haya más personas dedicadas a tareas de preparación, seguimiento y tutorización, entre ellos su marido, que a la propia impartición de los cursos? ¿No será que la UGT endosaba gastos indebidos de personal a las subvenciones de formación para mantener una estructura de afines al sindicato y ustedes miraban para otro lado?”

Las dudas parecen razonables cuando Moriche en 2006 se presentaba para una plaza de mero auxiliar de enfermería, más en línea con sus conocimientos de operario de rayos x. La orden reguladora de 2009 sólo fijaba como costes imputables directos los de los formadores. ¿Cómo podría dar clases de informática o inglés con dicha base?

"Moriche no daba clases. Ni era tutor. Trabajaba para IFES pero actuaba en los cursos atendiendo las quejas de los alumnos". 

UGT alega que ejercía de auxiliar administrativo para IFES, algo lejano de su oposición a auxiliar de enfermería, pero la oposición sostiene que entonces debió imputarse a otro apartado sus pagos. Y el sindicato aclara: "Moriche no daba clases. Ni era tutor. Trabajaba para IFES pero actuaba en los cursos atendiendolas quejas de los alumnos". Choca que ese papel exija una vinculación restable retributiva curso a curso y para un papel que se supone que ya cubren los inspectores de la junta.

El controvertido papel de Moriche en tales cursos sobrevuela un escándalo de mayores dimensiones. Pero es un buen ejemplo de hasta que punto le toca de cerca a Susana Díaz el escándalo de la formación. Vive con un testigo privilegiado de cómo se hicieron las cosas en el IFES y que vivió personalmente un expediente contaminado por irregularidades.

Cronología de un expediente explosivo

La cronología de este expediente explosivo es la siguiente: se concede a UGT mediante Convenio de Colaboración firmado el 29 de diciembre de 2009 con la consejería de Empleo. Este convenio se aprobó en Consejo de Gobierno con Griñán. Se concede para realizar 221 cursos para 3.315 alumnos. No tiene compromisos de contratación. Se subvenciona el 100% de la actividad y el 80% procede del FSE.

Antes de la firma del Convenio hay un informe de fecha 15 de diciembre de 2009, de fiscalización del expediente de gasto de la Intervención General, firmado por Manuel Gómez que al final dice “En tanto no se reciba la documentación requerida, el plazo para la fiscalización del expediente queda suspendido".

Hay una propuesta de acuerdo de reintegro de fecha 21 de mayo de 2012 (2 meses después de las elecciones autonómicas) por importe de 204.868,10 €, que está firmada por Teresa Florido, directora general de formación, pero no está la firma del Consejero Ávila. Esta es la propuesta no tramitada, que se cita por la Cámara de Cuentas .

El 14 de octubre de 2013, con registro de salida de 21 de octubre de 2013 (un año y medio después de la propuesta de reintegro), hay un requerimiento de documentación a UGT, con un plazo improrrogable de 15 días para contestar, con tres puntos:

1) Le notifica que supera el 50% de subcontratación con IFES y que no aporta justificantes que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la ayuda y del gasto total.

2) El IFES debe acreditar el requisito de solicitar 3 ofertas de proveedores

3) Debe aportar las facturas y justificantes de pago de los gastos

El 7 de noviembre de 2013, contesta UGT que IFES es una entidad vinculada.

El 28 de noviembre de 2013, IFES adjunta CD para justificar gastos del curso. Está fuera de plazo. Y en ese maremágnum de justificaciones de gastos presenta el coste troceado por cursos simultáneos del sueldo de Moriche. 

Entra en escena la Cámara de Cuentas, último reproche

Y en estas, enero de 2014, entra en escena la Cámara de Cuentas para sonrojar al gobierno de Susana Díaz y le recuerda lo siguiente: "En el expediente 98/2009/J/217 consta una propuesta de acuerdo de inicio de reintegro de 21 de mayo de 2012 que practica deducciones (204.868,10 €), entre otras razones, por importes no justificados.

"Con independencia de lo anterior", prosigue el informe, "la citada propuesta no ha sido aprobada a la fecha de redacción de este informe, noiniciándose por tanto el procedimiento para el reintegro. Se desconocen los motivos de tal dilación, si bien debe tenerse en cuenta que el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación (1/12/2011), según establece el art.39 LGS. 70"

"El gasto derivado de la realización del informe de auditor es subvencionable", explicaba la Cámara de Cuentas, "no contemplando la orden reguladora de las ayudas límite al mismo. No obstante, en las resoluciones de concesión se recoge que el coste de la auditoría no puede sersuperior al 3% de la subvención concedida, en consonancia con lo estipulado en el artículo 26 de la Resolución de 18 de noviembre de 2008 del SEPE, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de FPE, en materia de formación de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados; y en las de 2010 se fijó también una cuantía máxima de 50.000 €

"De la revisión de los expedientes", denunciaba el informe, "se observan costes elegibles por este concepto muy dispares, a pesar de tratarse de subvenciones concedidas, cursos y alumnos similares. Así, por ejemplo en el expediente 98/2009/J/217 de 8.021.120,65€, 3.630 alumnos y 245 cursos, presenta en la liquidación un gasto de auditoría de 240.654,69 €; en el expediente 98/2009/J/321 para una ejecución de 7.928.063,88 €, 4.252 alumnos y 286 cursos, el gasto por este concepto es de 50.000 €. 

En suma, el expediente de Moriche estaba inflado, so pretexto de la auditoría, en unos 200,000 euros, y sin entrar a valorar otros aspectos como salarios, material...


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