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El ‘número dos’ de Susana Díaz empleó una ayuda de los ERE en organizar una feria de su alcaldía

Manuel Jiménez Barrios, presidente de los socialistas de Cádiz y nuevo consejero de Presidencia, gestionó una partida de 24.000 euros de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Chiclana que acabó en la celebración de un mercado de muestras. También tuvo que prestar declaración ante la Guardia Civil –fue regidor de este municipio de 1994 a 2004– sobre la prescripción de 1.707 expedientes sancionadores de urbanismo entre 2003 y 2006.

Manuel Jiménez Barrios estuvo al frente del Ayuntamiento gaditano de Chiclana de 1994 a 2004.
Manuel Jiménez Barrios estuvo al frente del Ayuntamiento gaditano de Chiclana de 1994 a 2004. PSOE Cádiz

“Me avergüenza la corrupción y me propongo combatirla”. Con esta declaración de intenciones presentó Susana Díaz, jefa del Ejecutivo andaluz, el “nuevo tiempo” que, a su juicio, supone su llegada a la Junta tras la marcha de José Antonio Griñán, acorralado por la instrucción de la juez Mercedes Alaya. La presidenta andaluza desveló ayer la composición de su gobierno, tras un hermetismo que ya se entiende endémico en el Palacio de San Telmo (el caso de los ERE está lleno de silencios).

La secretaria provincial del PSOE de Sevilla prescinde de los consejeros de Griñán salpicados por el escándalo de las ayudas irregulares y el caso Invercaria (Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila). Y al mismo tiempo, devuelve favores sentando en el Consejo de Gobierno a dirigentes de delegaciones provinciales que le apoyaron en la recogida de avales para las últimas primarias exprés, todo ello buscando el equilibrio entre facciones emergentes y vieja guardia.

Ni rastro de independientes o de tecnócratas. Así irrumpen el presidente de los socialistas de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, que entra como hombre fuerte al frente de Presidencia; el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga y secretario de Ideas del PSOE regional, José Sánchez Maldonado, que se hace cargo de Economía; Elena Víboras, veterana del socialismo jiennense y alcaldesa de Alcalá la Real, llega a la cartera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; María Jesús Serrano, alcaldesa de Baena (Córdoba) y miembro del Comité Director del PSOE de Andalucía, aterriza en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y María José Sánchez Rubio, delegada de la Junta en Granada, dirigirá Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Con la llegada de este nuevo Ejecutivo no se borrará la sombra de los ERE ni se espantará el fantasma de la corrupción. Y ello porque el uso fraudulento de tales ayudas sociolaborales también salpica a uno de sus integrantes, al que será número dos de Susana Díaz: Manuel Jiménez Barrios, alcalde de Chiclana (Cádiz) de 1994 a 2004. Su nombre, según denunció el PP local, apareció vinculado en 2011 a una partida de 24.000 euros que la Junta de Andalucía destinó al Ayuntamiento para incentivar expedientes de regulación de empleo, pero que acabó en la celebración de una “feria de muestras”.

Quien será mano derecha de Díaz en su lucha contra la corrupción también fue interrogado en 2009 por el Instituto Armado ante una supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos 

La Consejería de Empleo, a través del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, desvió del fondo de reptiles de los ERE un total de 414.000 euros --cerca de 70 millones de pesetas-- para que consistorios socialistas los emplearan en ferias comerciales, según informó ABC en su día. Los ayuntamientos del PSOE eran en su mayoría de la provincia de Sevilla (Alcolea del Río, Coria del Río, Guadalcanal, Puebla del Río, Los Palacios, Santiponce, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y El Pedroso), pero también había pertenecientes a Cádiz como Chiclana o la pedanía jerezana La Barca de la Florida. Desde el PSOE local se intentó exonerar a Jiménez Barrios culpando del destino de la ayuda a la Asociación de Empresarios de Chiclana, en concreto, a Ernesto Marín, comisario del mercado de muestras.

El litigio de los informes caducados

Por otro lado, quien será mano derecha de Díaz en su lucha contra la corrupción también fue interrogado en 2009 por la Guardia Civil, a raíz de una denuncia de PP e IU, sobre la prescripción de 1.707 expedientes sancionadores de urbanismo entre 2003 y 2006. Siete miembros de la Corporación local durante ese intervalo de tiempo, entre los que se encontraba Jiménez Barrios, prestaron declaración por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la Comandancia del Instituto Armado de Cádiz. La Fiscalía de Medio Ambiente terminó archivando estas diligencias. El Ministerio Público no detectó que "existieran directrices por parte de los denunciados para que los expedientes se dejaran caducar ni trato de favor en ninguno de los casos citados por los denunciantes".


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