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España

El Supremo celebrará juicios contra el Estado: el primero de su historia el 4 de julio

Imagen del exterior del Tribunal Supremo.

Será una escena inédita la que tenga lugar el próximo 4 de julio en el Tribunal Supremo. Los magistrados que componen la Sala Tercera o de lo Contencioso Administrativo, que preside el magistrado Luis María Díez- Picazo, se pondrán la toga y constituirán en Sala para celebrar vistas orales por primera vez en la historia de dicho tribunal.

La reforma del modelo de casación llevada a cabo en julio de 2015 a través de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 83 y siguientes) permite que ahora se celebren vistas orales en dicha jurisdicción; algo que hasta ahora no había ocurrido nunca en este ámbito legal. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la nueva legislación, será el próximo mes de julio cuando por primera vez se celebren juicios en la Sala Tercera del Alto Tribunal.

Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, está previsto que las Secciones Segunda, Tercera y Quinta de lo Contencioso Administrativo del Supremo constituyan tres tribunales –formados respectivamente por sus seis magistrados miembros- y escuchen en Sala a la parte recurrente y la Abogacía del Estado en los que serán tres vistas públicas.

En ellas se estudiarán tres recursos de casación distintos. Uno de ellos versa sobre materia fiscal o tributaria; otro de tarifas eléctricas y un tercero sobre materia de extranjería, explican las mismas fuentes.

En este último caso, por ejemplo, se analizará en el juicio el recurso que la Abogacía del Estado ha presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que falló en contra de la Delegación del Gobierno de esta autonomía por denegar una tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea a la pareja de un español.

El TSJ sentenció que no había prueba en el expediente para afirmar que la solicitante de la tarjeta residencia fuera a convertirse en una carga para la asistencia social en nuestro país por lo que esta se le debía otorgar. La Administración del Estado,a través de la Abogacía, recurrió en casación ante el Alto Tribunal dicho fallo y ahora los magistrado de la Sección Quinta tendrán la última palabra.

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