La vicepresidenta defendió la respuesta judicial al desafío secesionista

Los ministros del G-4 de Rajoy vuelven a la carga contra Sáenz de Santamaría

El antes llamado G-5 ha quedado reducido al G-4 tras la marcha de Arias Cañete a Bruselas. Pero siguen siendo los ministros más próximos a Rajoy. Le trasladan sus opiniones y sus inquietudes. El desastre del plebiscito catalán ha reverdecido sus críticas contra la vicepresidenta, principal objetivo de sus reproches.

Sánez de Santamaría está de nuevo en el objetivo del grupo de ministros más activo de un Gobierno en el que sus miembros van por libre. Se trata del llamado G-5, compuesto por Ana Pastor, José Manuel García-Margallo, José Manuel Soria, Jorge Fernández y Miguel Arias Cañete. Desde la marcha del extitular de Agricultura a Bruselas se han convertido en el G-4, pero siguen teniendo acceso directo al presidente. Siguen pesando sus opiniones. Siguen mostrando enorme preocupación por la marcha de la actualidad. Y siguen poniendo en la diana a la vicepresidenta, a quien no le pasan una y contra quien dirigen en buena parte sus críticas. "En Moncloa no se hace política porque todo pasa por el tamiz de los abogados del Estado", comentaba no hace muchos días uno de los ministros del grupo.

La unión de Montoro y De Guindos

Primero fue la salida a Bolsa de Aena, un proyecto conducido muy personalmente por Ana Pastor, quizás la miembro del Ejecutivo que más conversa con el presidente. Montoro se sumó a la estrategia de De Guindos contra el proyecto y, en un Consejo de Ministros con Rajoy en Bruselas y bajo la presidencia de Sáenz de Santamaría, el delicado plan saltó por los aires. Ana Pastor se sintió muy dolida y particularmente ofendida por la actitud de Montoro. Otros hombres de la vicepresidenta, como Álvaro Nadal, el jefe de la Oficina Económica del Gobierno, también se adhirieron al derribo del plan aeroportuario.

La salida a Bolsa de Aena reagrupó al grupo marianista, sumamente quejoso por el protagonismo de la vicepresidenta

Este asunto, nada menor, reagrupó al grupo marianista, sumamente quejoso por el protagonismo creciente de Santamaría, en especial tras su eficaz gestión de la crisis del ébola. La vicepresidenta, dicen, no da la cara, pero su actuación resulta decisiva. Se ha visto en la ley del aborto de Ruiz Gallardón, donde actuó de acuerdo con Cospedal y con Arriola. O en su discreto paso atrás en el plan de rebajas fiscales de Montoro, que no ha logrado los efectos demoscópicos requeridos. La tibia reacción del Gobierno en el escándalo de las tarjetas negras y de la Operación Púnica fue el primer objeto de críticas. No se miró en este caso a la secretaria general del partido, como es costumbre en estos casos que circulan por los terrenos de la corrupción, sino que se achacó la tímida respuesta a la vicepresidenta, que abonó -según su particular criterio- la tendencia de Rajoy a no hacer demasiado ruido cuando asoma el escándalo. La 'barcenización' del desastre, viene a ser la figura. No hay que mover las aguas que, tarde o temprano, se calman solas. Ya se está viendo.

Pero un segundo asunto desató abruptamente la espita del malestar. El torpe manejo del 9N ha hecho saltar todos los diques de contención. Estos ministros del 'núcleo duro' de Rajoy, al menos un par de ellos, se han mostrado decididamente opuestos a la forma en la que Moncloa ha encarado esta crisis, sin duda una de las de mayor calado que afronta el Estado desde la Transición. Depositar en la abogacía del Estado, el Constitucional y los fiscales toda la respuesta al órdago lanzado desde la Generalitatse ha revelado un auténtico desastre. El escrito de la abogacía fue papel mojado. El TC se retrató la justo y los fiscales dudan ahora de si denunciar o condecorar a Artur Mas. Fernández Díaz nunca habría dejado en manos de Torres Dulce una cuestión tan decisiva, según se comenta en su círculo de colaboradores.

Medidas preventivas

Desde el G-4 se plantearon, en su momento, adoptar medidas preventivas en el momento mismo en que la Generalitat empezó a mover ficha. Se sugirió por ejemplo, requisar las urnas en el depósito de origen, un centro penitenciario de Lérida, o interceptar las papeletas, o bloquear el buzoneo de propaganda. Por no hacer, ni siquiera se obligó a cerrar la web de la Generalitat, que permaneció abierta durante todo el proceso de la consulta, incluso después de las dos decisiones del TC. "Un desafío político de esa envergadura precisa respuestas políticas de mayor calado. No se puede dejar todo en manos de la abogacía del Estado. Es un error", comentaba uno de los ministros aludidos. Le achacan a Sáenz de Santamaría esta pasividad. Incluso envían también 'recaditos' a Pedro Arriola, el magno asesor de Rajoy, quien mostró una vez más su escasa eficiencia a lo largo de las negociaciones secretas entabladas con CiU y el PSOE para evitar el plebiscito.

Le achacan a Sáenz de Santamaría pasividad, incluso envían también 'recaditos' a Pedro Arriola

Nunca se celebrará el referéndum, era la cantinela de Moncloa a lo largo de dos años. Quizás no se celebrara, pero lo que vio toda España el 9N se le parecía mucho. Fallaron las previsiones, se erró en el diagnóstico y se actuó con ingenuidad de novato, dicen los críticos.

Un argumento equivocado

Fue precisamente Sáenz de Santamaría la primera en recurrir al argumento de la 'baja participación' en el plebiscito. Dos de cada tres catalanes no votaron. Una afirmación que sonaba a excusa y que, al tiempo, daba alas a los secesionistas. "¿Si el referéndum fue una charlotada, a qué viene contar el número de participantes?", respondían desde el Gobierno catalán. Sin embargo Rajoy, en su improvisada rueda de prensa del miércoles, incurría al menos en seis ocasiones en este mismo punto. Votó poca gente. Luego, hubo referéndum. Enorme contradicción en los términos.

Tan poco éxito han tenido estas explicaciones que, desde Australia, el presidente del Gobierno se ha visto forzado a anunciar un cambio de rumbo en la estrategia gubernamental. "Quizás no nos hemos sabido explicar bien", vino a decir. Y adelantó una modificación de planteamientos. Más presencia del Estado y más viajes del presidente al territorio catalán. Es decir, aquello que le han venido pidiendo no sólo buena parte de sus bases y de sus barones, sumamente inquietos con la evolución de los acontecimientos, sino aquellos ministros que juzgan que la todopoderosa vicepresidenta no ha logrado conducir con tino este peliagudo asunto.


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