Publicado: 11/10/2013 14:30
La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas, que percibían 'falsos' parados, y suspensiones por irregularidades en la percepción de prestaciones de un total de medio millón de desempleados.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.
De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
A estos datos hay que sumar, indicó la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.
Más protección para consumidores y usuarios
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que refuerza la protección de los ciudadanos en transacciones de comercio electrónico y que, entre otras novedades, amplía el plazo de las devoluciones de siete a catorce días.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha explicado que con el proyecto se atienden las demandas de un sector en auge y se refuerza la protección de los derechos de los ciudadanos.
La nueva normativa establece que el plazo de devolución de catorce días queda automáticamente ampliado a doce meses en caso de que no se hubiera informado al consumidor sobre el derecho de ejercerlo. Además, el comprador siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la compra, lo que evitará las denominadas "cargas encubiertas".
El proyecto, que incorpora la directiva europea de derechos de los consumidores, completa la información que, por ley, habrá que facilitar a los usuarios y se les dota de nuevos derechos en cuanto a plazos de entrega y riesgo de pérdida o deterioro del producto adquirido.
La ministra ha señalado que la nueva ley aborda también la contratación telefónica y establece las garantías precisas. Así, la oferta no será vinculante hasta que haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
Con la nueva normativa, ha dicho Mato, los españoles podrán recurrir al comercio electrónico y a los contratos a distancia fuera de los establecimiento con mayor confianza, seguridad y garantías. También será positivo para las empresas, porque una mayor garantía de los derechos de los consumidores impulsará la utilización de las nuevas tecnologías como medio seguro para contratar bienes y servicios por esta vía, ha dicho.
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