Nacional

El Gobierno debatirá mañana el informe de la Abogacía del Estado sobre la declaración soberanista

Moncloa quiere saber si la resolución de Parlamento catalán tiene efectos jurídicos y cuáles pueden ser las consecuencias de actuar contra el Ejecutivo de la Generalitat

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevará hoy a la mesa del Consejo de Ministros el informe encargado a la abogacía del Estado sobre la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán el pasado día 23. El Gobierno quería asegurarse si dicha declaración tiene efectos jurídicos claros sobre los que poder actuar con los instrumentos del Estado de Derecho con ciertas garantías de éxito. En este sentido, fuentes gubernamentales han señalado a Vozpópuli que "no se trata de un informe de sota, caballo y rey sino de ver las consecuencias que tiene la declaración así como el abanico de opciones del Gobierno y, también, los posibles resultados reales de las distintas opciones", toda una confesión que trasluce el cuidado exquisito con que el Gobierno quiere manejar esta situación.

Los populares catalanes han defendido que la declaración soberanista "no vincula ni tan siquiera al propio Parlament"

Lo cierto es que las primeras reacciones del Gobierno y del PP ante la declaración soberanista estuvieron dirigidas a minimizar su impacto real. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, deshechó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional por tratarse de un "texto retórico", jurídicamente no vinculante, mientras que los populares catalanes no dudaron en asegurar que "es una simple resolución, sin valor jurídico, que no vincula ni tan siquiera al propio Parlament", tal y como han plasmado incluso en texto internos.

En todo caso, Moncloa optó por hacer al menos un gesto, de ahí la decisión de acudir a la Abogacía del Estado. Sin embargo, en la memoria del PP pesa mucho lo acontecido en abril de 2004 cuando el Constitucional decidió no admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar al objeto de impugnar la tramitación parlamentaria del "plan Ibarretxe", que fue respaldado por la Cámara de Vitoria. El alto tribunal no entró a analizar el contenido de dicho plan, sino simplemente la viabilidad de dicho trámite y el hecho de que no se trataba ni de una disposición ni de una resolución, que sí hubiera tenido efectos jurídicos.


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