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Privatización de la seguridad: un negocio de 3.000 millones en el que se cruzan amiguismo y corrupción

Es un sector en el que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate. El negocio de la seguridad privada es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de intereses opacos.

El gobierno quiere privatizar la seguridad, algo que la Constitución encomienda en exclusiva al Estado.
El gobierno quiere privatizar la seguridad, algo que la Constitución encomienda en exclusiva al Estado. EFE

Privatización de la vigilancia y protección de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de la Administración General del Estado, o medidas como que mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. La fuerte apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones de corrupción –como en Melilla- en relación a la seguridad privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros al año.

Los datos son preocupantes: con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas de recortes en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan a Vozpópuli sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos.

Es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año

Y es que el de la seguridad privada es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron árnica al Gobierno del PP. Rajoy y Fernández Díaz se la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados municipios pequeños en Castilla y León.

La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad

Según los datos de Aproser, la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65% del total.

Las cifras del negocio ya habían descendido en 2013 un 6,87%

Pero la cifra de negocio de empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el sector público.

Un ejército privado de guardias armados

Según datos oficiales, en diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales sólo 82.150 estaban en activo. Paralelamente, en el sector público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300 pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra (Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y 1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy similares entre el total de unos y de otros.

La crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla- hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más.

En 2013 el Ejecutivo de Rajoy concedió un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones

Ya en 2013, según datos del propio gobierno a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.

Según la documentación remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan Carlos Corcuera, Securitas Direct España fue la receptora del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un total de 130.282; le seguía Prosegur España, con 22.725 contratos; Tyco Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset Seguridad, S.L., con 4.590.

En total, y en definitiva, 224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.

La importancia de tener amigos

Ahora bien, los sindicatos de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos. Citan como ejemplo a Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenado Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.

Por esas y otras razones, los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales. Según fuentes sindicales, en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha exigido que mantengan las plantillas. UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla.

La presidencia de Prosegur fue ocupada en diversos periodos por los exministros Martín Villa y Rafael Arias-Salgado

Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General –según la documentación oficial en poder de Vozpópuli- y recibe un excelente trato por el gobierno del PP. Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantal mantienen con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Es público que Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de varias unidades del Ejército!

Pero nada de esto es extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias Salgado. Y también es público que José María Mayor Oreja, hermano Jaime, exministro de Interior de Aznar, facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado.

La privatización de la seguridad en las cárceles

Pero nada de lo anterior parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir, nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.

Asociaciones de la Benemérita han calculado encarecimientos cercanos al 200% en la seguridad exterior de las prisiones con la privatización

En ese punto, asociaciones como la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) están que trinan y han denunciado cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de la Guardia Civil ha descendido en 7.000 guardias en los últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible la privatización de 67 prisiones de competencia estatal y la integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen.

En ese punto, diversas asociaciones de la Benemérita, como UniónGC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200% en la seguridad exterior de las prisiones con esta privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante privado.

La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés

Además, UniónGC ha denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que, dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés”. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga.

UniónGC también ha denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”.

41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil

En definitiva, que en las fuerzas de seguridad no sentó muy bien que el Gobierno firmara en 2014 un primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada, lo que supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Añade UniónGC: “Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández Díaz”.

Y es que Interior consiguió la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las asociaciones de guardias civiles a esta empresaria.

Con el Grupo Eulén, que ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía con Aznar, Juan Cotino.

En Segur Ibérica, que ha obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.

Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local

La última en esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de septiembre.


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