El negocio de la seguridad privada en España

Interior oculta información sobre contratos a empresas de seguridad vinculadas a expolicías

Al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no le gusta hablar de los contratos que el Gobierno mantiene con empresas de seguridad privada. Sobre todo si esas empresas están vinculadas a políticos o a antiguos policías.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantiene un alto grado de ocultimos sobre la seguridad privada.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantiene un alto grado de ocultimos sobre la seguridad privada. EFE

La seguridad privada en España mueve más de 3.000 millones de euros al año, y sólo en la Administración General del Estado se contabilizan más de 224.094 contratos anuales de vigilancia y protección de instalaciones públicas; pero al Ministerio del Interior no le gusta dar explicaciones sobre las relaciones de la Administración con las empresas de este sector. Ni siquiera ahora, a pesar de todo lo que está surgiendo en Melilla y de lo que Vozpópuli viene dando cumplida cuenta.

El Ministerio de Jorge Fernández Díaz se muestra reticente a responder por escrito a preguntas parlamentarias respecto a empresas de seguridad que están vinculadas a policías o expolicías. Es el caso, por ejemplo, de la empresa catalana de seguridad Check and In, relacionada con antiguos policías vinculados a la guerra sucia policial y sobre la que Interior tira ‘balones fuera’ cuando desde el Congreso le preguntan por sus componentes y sus relaciones contractuales con el Gobierno de Rajoy.

El Gobierno evita responder una pregunta del diputado de Amaiur Jon Iñarritu sobre una empresa de Seguridad Privada cuyo administrador fue condenado por guerra sucia policial

“En relación con la pregunta formulada se informa que en la base de datos de Seguridad Privada no consta que la empresa Check and In sea o haya sido autorizada para prestar actividades de seguridad privada”. Es la respuesta escueta con la que Interior despachó una última pregunta del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que se había interesado en diversas ocasiones por la figura del inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles y por la empresa catalana Check and In, en la que figuraba como administrador único y como apoderado.

Lo más curioso, sin embargo, es que el diputado abertzale había preguntado en concreto si la citada empresa había realizado en alguna ocasión trabajos para la Administración Pública. La respuesta dada por Interior, evidentemente, rehuía la pregunta, aunque añadía información adicional: no hay constancia de que fuera autorizada para actividades de seguridad privada. Pero no explica si ha sido contratada para otras funciones desde la Administración Central del Estado o sus organismos autónomos.

Relación entre políticos y policías con empresas de seguridad

Pero, ¿por qué se interesaba Amaiur por esa empresa? En realidad, todo está relacionado con el gran negocio de la seguridad que se desarrolla en España, pero también con los hilos que se mueven desde algunos recovecos de los propios poderes públicos. “Existe una relación evidente entre algunos políticos y empresas de seguridad”, reconocen a Vozpópuli diputados adscritos a la Comisión de Interior del Congreso, que añaden que “la relación es aún mayor si tenemos en cuenta la adscripción de policías a esas empresas”. Y ése sería el caso de la catalana Check and In.

Así, el interés del diputado abertzale se debe a que Check and In fue creada en Barcelona, entre otros, por Alfredo Gutiérrez Argüelles, que fue condenado en 1990 por un delito por el que fue inhabilitado junto con su compañero y exjefe, Francisco Álvarez, quien también fuera condenado a nueve años por guerra sucia policial (pertenencia a los GAL).

La empresa, sin embargo, sigue activa y según relacionó Amaiur, hasta 2010 Argüelles era su administrador único. Sin embargo, dejó ese puesto y pasó a ser únicamente apoderado tras su reincorporación a la Policía, hecho que ocurrió con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

En sus repetidas preguntas parlamentarias, Iñarritu recordaba a Interior que Argüelles fue juzgado y condenado por un intento de secuestro del GAL a un ciudadano –él y el capitán de los GEO Francisco José López Mallín y los sargentos Sebastián Soto y José María Rubio fueron condenados en rebeldía en 1986 por un tribunal francés por el intento de secuestro de José María Larratxea Goñi-, pero que en 2014 ejercía como inspector jefe en un departamento policial en Cataluña.

Alfredo Gutiérrez Argüelles fue juzgado y condenado por un intento de secuestro del GAL. Su reingreso en la Policía lo autorizó Rubalcaba

El reingreso policial de Argüelles lo facilitó Pérez Rubalcaba

El interés abertzale se centra, no obstante, en una doble cuestión: primero, por qué se permite el reingreso al Cuerpo de un policía que fue condenado dentro de la guerra sucia; segundo, si los otros condenados por aquel suceso reingresaron también en la Policía, y tercero, si se contrata o se ha contratado desde la Administración con la empresa que el propio inspector Argüelles ha representado. A esta última pregunta, el Gobierno se niega a responder, y cita textualmente que “no consta que la empresa Check and In sea o haya sido autorizada para prestar actividades de seguridad privada”.

Respecto a las dos primeras cuestiones, el Gobierno tampoco quiere dar explicaciones sobre si hay más condenados por actividades de los GAL que han podido regresar a la Policía o a la Guardia Civil. Pero respecto a Argüelles, dice que "fue condenado por delito de homicidio, concurriendo una eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber, a la pena de 2 años de prisión y su accesoria de suspensión de cargo".

Interior informa que "el 30 de enero de 1998, y una vez cumplida la sanción, solicitó una excedencia por interés particular, reingresando en el Cuerpo Nacional de Policía el 14 de septiembre del 2010", dado que no fue condenado a penas de inhabilitación absoluta o especial. Su reingreso lo autorizó el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien precisamente había sido portavoz del Gobierno de Felipe González durante toda la etapa judicial del GAL hasta 1996.

Respecto a Check and In, los últimos balances presentados al Registro Mercantil son del año 2010, cuando Argüelles se reincorporó a la Policía. Según el Registro, la empresa fue constituida en julio de 1989, cuenta con una plantilla de 40 personas y su objeto es el de “servicios de sistemas de seguridad”. Puestos al habla con la empresa, han comentado, sin precisar, que realizan distintos trabajos para administraciones.

En el Registro figura a fecha de 2010 –última inscripción- como apoderado Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, que también aparece como exadministrador, junto al que fuera su compañero policial y exmiembro de los GAL, Francisco Álvarez Sánchez.


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