Publicado: 28/07/2013 04:00
Ya son más de 23 millones de euros los defraudos a la Seguridad Social en lo que llevamos de 2013. En concreto, en las operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional hasta el pasado jueves 25 de julio, el fraude alcanza los 23.422.578 euros. Además, 890 personas han sido detenidas en este tipo de delitos y 325 han resultado imputadas.
Los casos para llevar a cabo este tipo de fraudes son todos muy parecidos. Por ejemplo, el pasado jueves la Policía detenía a 43 personas quienes, previo pago de una cantidad económica establecían contrataciones ficiticias con la finalidad de acumular los mínimos periodos de carencia para obtener los derechos legalmente establecidos. Se trataba de una trama empresarial dedicada a simular contratos de trabajo con la presunta intención de acceder a prestaciones y subsidios de la Seguridad Social.
Suele haber un patrón común: la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social detecta una serie de empresas que no presentan actividad económica pero sí un intenso movimiento de trabajadores entre ellas. Este tipo de hechos siempre hacen sospechar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El responsable suele ser un empresario que da de alta a trabajadores (generalmente extranjeros) en la Seguridad Social de forma fraudulenta. En la operación destapada el pasado 25 de julio en Girona los interesados abonaban entre 400 y 2.000 euros dependiendo de si precisaban un informe de vida laboral ficticio o un contrato de trabajo imprescindible para regularizar la situación administrativa. En este caso, el pago se realizaba en metálico en una sola vez o prorrateado de forma mensual. Y de esta forma el fraude permitía a los trabajadores acumular los periodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de subsidios o prestaciones por desempleo.
En otro caso reciente, dado a conocer por la Policía el pasado martes 23 de julio, el procedimiento para defraudar a la Seguridad Social era muy similar al anteriormente descrito. Una persona creó una red de empresas ficticias y cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia. Aplicando este método, el número de personas dadas de alta de forma ilícita superó las 500, de las que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
Echando un vistazo a los casos que han tenido lugar desde el comienzo de año hasta ahora uno se da cuenta de que todos tienen el mismo 'modus operandi': se trata de empresas que se crean para defraudar a la Seguridad Social y al SPEE (Servicio Público Estatal de Empleo), mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios.
Pero este tipo de fraudes a la Seguridad Social no son nuevos. Comenzaron a darse ya durante el año 2012 y además de forma reiterativa, llegando a destaparse en el último trimestre del pasado año fraudes por un importe superior a los 36 millones de euros. Es decir, comparativamente, las cifras han bajado este año. Pero no deja de ser sorprendente que sigan abundando los casos. ¿Tan fácil es llevar a cabo este tipo de fraudes?
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