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De cómo Santiago Cervera dimitió para ser juzgado y dos años después espera juicio

El exdiputado del PP abandonó su escaño tras ser detenido por la Guardia Civil en la Muralla de Pamplona. Veinticuatro meses después, todavía no está claro cuándo habrá una solución al caso... 

Santiago Cervera ha declarado ante el juez instructor en dos ocasiones.
Santiago Cervera ha declarado ante el juez instructor en dos ocasiones. EFE

Corría el 10 de diciembre de 2012 cuando Santiago Cervera anunció su dimisión irrevocable como diputado. Un par de días antes había sido detenido por la Guardia Civil en Pamplona. Fruto de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por el entonces presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, los agentes del orden apresaron al entonces miembro del Congreso justo en el momento en que recogía un sobre escondido en un hueco de una muralla ubicada en el centro de la capital de Navarra. Allí y en ese momento se certificó la defunción política de Cervera y se inició una larguísima travesía judicial que aún perdura. Veinticuatro meses después, no está nada claro cuándo habrá una solución definitiva para este escándalo.

La Benemérita detuvo a Cervera porque supuestamente éste había chantajeado a Asiáin al reclamar que dejase en la ranura de la muralla un sobre con 25.000 euros. Después de que el presidente de la Caja denunciase -el 5 de diciembre- haber recibido un email en el que se le pedía esa cantidad, los guardias civiles montaron un dispositivo de vigilancia en la zona indicada para la entrega del dinero. Cuatro días después -9 de diciembre- por allí apareció el diputado y acabó arrestado. Según su versión, había recibido un email -el 29 de noviembre- en el que le indicaban que en ese lugar de la muralla encontraría un sobre con información sensible sobre las turbiedades de Caja Navarra, las mismas que él denunciaba públicamente. Así lo explicó al detalle en su propio blog.  

La clave del caso consiste en determinar el origen de los emails recibidos por ambos implicados: Cervera y Asiáin. Dicho origen no ha podido encontrarse 

Como puede verse, existen dos versiones contrapuestas para explicar lo ocurrido en este extraño asunto. Una es que Cervera sea culpable de la citada extorsión. Y la otra es que, como él defiende, todo lo sucedido fuera fruto de una trampa que alguien le tendió para acabar con su carrera política y, de paso, apagar las voces que denunciaban las supuestas corruptelas ocurridas en el seno de la caja de ahorros autonómica. El asunto llegó a los tribunales. En concreto, recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona. En sede judicial se tendrá que dirimir cuál de las dos teorías sucedió en realidad. Y la clave del caso está en determinar el origen de los emails recibidos por ambos implicados: Cervera y Asiáin.

Los informes policiales no han logrado establecer dicho origen. Y todo indica que el asunto acabará archivado. La Fiscalía, de hecho, ha reclamado el archivo porque no puede establecerse de forma alguna que Cervera sea el autor del correo recibido por Asiáin. Además, en el escrito en que pedía el sobreseimiento el fiscal incluía críticas al juez instructor, Fermín Otamendi, por "cercernar el derecho de defensa" del acusado al pedirle que explicase quiénes eran los autores de la presunta trampa en su contra. Sin embargo, contra pronóstico este juez emitió un auto en el que apuntaba indicios de que Cervera chantajeó a Asiáin. Y pidió al Ministerio Público y a las acusaciones que se pronunciasen... Y, por ahora, no hay noticias sobre la fecha del juicio. Fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan a abril o mayo. 

Las quejas del afectado

 "Han pasado ya dos años y yo sigo esperando, sin tener siquiera noticia de cuándo se podrá juzgar este asunto. Una verdadera vergüenza". Así, en esas dos frases, se resume lo que siente ahora mismo el afectado

Hipótesis aparte, el hecho objetivo y comprobable es que Cervera dimitió de su cargo y abandonó su escaño para ser juzgado por los tribunales ordinarios, y no por el Tribunal Supremo, que era el encargado por su condición de aforado. Quería, según dijo al anunciar su renuncia, demostrar su inocencia cuanto antes. Y de poco le ha servido. "Han pasado ya dos años y yo sigo esperando, sin tener siquiera noticia de cuándo se podrá juzgar este asunto. Una verdadera vergüenza". Así, en esas dos frases, se resume lo que siente ahora mismo el afectado. Tanto en un artículo publicado en Navarra Confidencial como en conversación con Vozpópuli, Cervera explica su amargura por lo sucedido. Y se queja, sobre todo, de la instrucción que ha vivido. 

En efecto, ha sido una instrucción judicial más que exhaustiva, como reconocía en su escrito el fiscal y como ha ido publicando este diario. El propio afectado lo explica así: "he sufrido una instrucción de más de año y medio para un asunto que no era precisamente el asesinato de Kennedy. Se trataba simplemente de encontrar el origen de un email, y si no se podía encontrar, reconocer que no se podía encontrar. Pero al instructor -persona bien conocida en la plaza, al que mejor no citar ni calificar- se le veía satisfecho conmigo delante".

El instructor llegó a enviar una comisión rogatoria a la Secretaría de Estado de Estados Unidos para conocer el origen de los emails

"Quiso disponer de su propio paseíllo de testigos -continúa Cervera-, para solaz de determinado periódico, y así citó a quien le dio la gana con completa subjetividad (incluyendo a personas de mi mayor cercanía personal), con la excusa de que había que “descartar cómplices”. Se le ocurrió mirar mis emails y mis Whatsapps, y nadie se lo impidió, a pesar de que es violentar explícitamente mis derechos constitucionales". Pero la cosa no queda ahí, ni mucho menos. "Pensó que tenía la necesidad de ordenar una comisión rogatoria, y a la Secretaría de Estado de Estados Unidos llegó tal pretensión (seguro que aun están perplejos). Quiso analizar mis dispositivos electrónicos, y mandó nueve de ellos a la UCO, la unidad central más experimentada en este tipo de investigaciones, como bien saben los abogados de narcotraficantes y terroristas".

La lista de diligencias parece interminable. "Cuando recibió el informe en el que se decía que en ninguno de esos dispositivos había un solo indicio inculpatorio, decretó el secreto de las actuaciones más de nueve meses. (...) Le interesó conocer mi situación económica, y pidió datos de ¡año y medio! antes de suceder los hechos. Y así, todo lo que quiso y más. Un día tras otro, según se le iban ocurriendo las cosas", detalla, entre otras muchas cosas, el afectado. 

Así las cosas, Cervera, ahora alejado por completo de la política y dedicado a asuntos empresariales, contempla con estupor cómo el Gobierno acaba de limitar el tiempo de las instrucciones judiciales. Y espera que todo se resuelva cuanto antes. Repite, eso sí, por activa, por pasiva y por perifrástica, que es inocente y víctima de una trampa. Quizás en la vista oral por fin se escuchen pistas sobre quiénes fueron los tramposos


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