La Comunidad de Madrid culpa de los recortes sanitarios al modelo de financiación autonómico

“No tenemos ingresos suficientes para que todo siga funcionando igual”. Es la causa que expone el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid para todas las acciones que acometerá la Consejería dirigida por Javier Fernández-Lasquetty a lo largo de 2013, comenzando por una reducción del presupuesto y finalizando por la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud.

El Plan culpa de la situación a un “deficiente sistema de financiación autonómico”, sumándose a la lista de quejas que ha hecho esta autonomía, primero bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre y después con Ignacio González, sobre la cantidad asignada a la región por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Los ingresos que recibe la Comunidad de Madrid, con el actual sistema de financiación autonómica, se han reducido muchísimo”, explica el documento. “Para el año 2013, casi todas las comunidades verán aumentados sus ingresos, mientras que a Madrid se le verán reducidos en 1.000 millones”, agrega.

Para bajar el déficit al 0,7% del PIB, objetivo impuesto a la región este año, es necesario realizar un ajuste de 1.700 millones de euros, según afirma la Consejería. En otro punto, el mismo documento asegura que el recorte que se ha realizado en los presupuestos de 2013 es de 2.700 millones de euros, 700 millones más que la cantidad anunciada en un primer momento.

En el caso de la partida correspondiente a Sanidad, la cantidad asignada es de 7.108 millones, un 7% por debajo de la revisión que se hizo a mediados de 2012 para el presupuesto de ese año, que ya recortaba otros 1.000 millones del presupuesto total inicial aprobado para ese ejercicio. Según los cálculos de la Consejería, ese 7% supone una “reducción equivalente al presupuesto actual de dos hospitales madrileños” o, lo que es lo mismo 535 millones de euros, dato curioso si se tiene en cuenta que, según El Economista, la Comunidad de Madrid abrió doce hospitales públicos en diez años, ocho de ellos en 2008.

Objetivo para 2013: reducir el gasto medio por paciente

La Consejería de Sanidad cifra en 600 euros el gasto medio anual por paciente (o cápita) en los hospitales de la región. En este cálculo entran hospitales muy diferentes con necesidades muy diferentes: de nivel 1, los más 'básicos' (por explicarlo de una manera simple), y de nivel 2, que son más complejos y atienden a pacientes más complejos, por lo que el coste por paciente en estos centros, como es lógico, es más elevado que en los de nivel 1. Entre los hospitales del primer grupo se encuentran los seis que próximamente pasarán a ser de gestión privada. Entre los de nivel 2, por poner algunos ejemplos, están grandes hospitales como La Paz o el Doce de Octubre.

Durante la presentación de los presupuestos para 2013, el Ejecutivo regional señaló que su objetivo era reducir este año esa cápita a 441 euros. Esa cantidad coincide exactamente con un dato presente en el texto del Plan de Medidas: la parte que se refiere a la gestión privada asegura que “en los hospitales de modelo capitativo más reciente, este coste medio anual es de 441 euros”. El consejero Fernández-Lasquetty también ha utilizado alguna vez esa cifra, precisamente cuando corroboró que el precio que pagan las arcas públicas a los hospitales de gestión privada es de 441 euros.

Tomando como referencia esos 441 euros, el precio que deberían pagar las arcas públicas madrileñas a los futuros gestores de los seis hospitales, que atienden en total a una población de 1.257.000 habitantes, supone un sobrecoste de 118 millones de euros, ya que el gasto medio por paciente de estos hospitales es muy inferior. Esta cifra contradice los datos que presentó el Gobierno regional, que anunció un ahorro de 200 millones.

Aparte de los datos que se pueden desgranar del Plan de Medidas y las apariciones públicas del consejero, no hay datos sobre el proceso de privatización de los hospitales del Tajo, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Infanta Cristina y del Henares. Fátima Brañas, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), insiste en que una de sus “primeras premisas”, como participantes en el diálogo con la Comunidad de Madrid, es “pedir que dieran datos”. Por ahora, lo único que saben es que “la ley que permite privatizar ya está aprobada”, por lo que ejercerán “toda la presión posible para que este Plan de Medidas no se lleve nunca a cabo”. Entre esas acciones posibles se encuentra la posibilidad de “ir a los tribunales si es preciso”.