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Algo huele mal en Ponferrada: el alcalde tránsfuga y el acosador, señalados por el contrato de basuras

El pacto entre Samuel Folgueral (exPSOE) e Ismael Álvarez (exPP) dio lugar a un bipartito sobre el que ahora planean sospechas de posibles intereses económicos ocultos. Asociaciones vecinales y oposición señalan el millonario contrato de basuras, adjudicado a FCC, como el motivo real del escandaloso acuerdo.

Ismael Álvarez fue condenado en 2002 por acoso sexual cuando era alcalde popular.
Ismael Álvarez fue condenado en 2002 por acoso sexual cuando era alcalde popular. Archivo

Cuna de imperios empresariales desde hace décadas, gran parte de ellos salpicados -por no decir empapados- por la corrupción, Ponferrada es hoy también un foco de escándalos políticos. El Ayuntamiento de la capital berciana era una olla hirviendo que acabó por explotar con el bochornoso episodio de la moción de censura que expulsó al PP de la alcaldía y convirtió en primer edil a Samuel Folgueral (ahora exPSOE) con el apoyo de Ismael Álvarez (Partido de Independientes Agrupados de Ponferrada), condenado en 2002 por acoso sexual -el famoso caso Nevenka- cuando era alcalde popular. El pacto entre ambos -calificado de antinatural- dio lugar a un bipartito sobre el que ahora planean sospechas de posibles intereses económicos ocultos. Se libra una guerra por desvelar qué se esconde tras la gestión municipal y asociaciones vecinales y oposición señalan el millonario contrato de basuras como el motivo del llamativo acuerdo.

“Aquí se les llama ‘Ismael Folgueral’, porque los dos son como si fueran uno”, comenta un miembro de la Izquierda Socialista. Samuel Folgueral, que abandonó las filas del PSOE con tal de mantener el poder, es el alcalde, pero quien aparentemente maneja los hilos es Ismael Álvarez, propietario de dos hoteles y otros negocios en el municipio leonés. Pese a haber dimitido como concejal, compromiso que adquirió para facilitar el acceso al poder de Folgueral tras aprobarse la moción de censura, Álvarez lidera el IAP, partido que fundó él mismo y que lleva sus siglas, y cuya influencia y poder en la ciudad son de sobra conocidos.

Folgueral es el alcalde, pero Álvarez, pese a haber dimitido como concejal, es quien aparentemente maneja los hilos, como cuando se retiró por la condena por acoso

La formación del nuevo Gobierno municipal, compuesto por 8 concejales no adscritos (ex PSOE), 5 de IAP y 12 del PP, coincidía con la proximidad del vencimiento de muchos de los contratos de los servicios privatizados de la ciudad. Los vecinos sospechan de la ‘tajada’ que pueda haber detrás de las adjudicaciones. El pacto alcanzado hace un año entre PSOE e IAP "no tenía más proyecto que el cambio de sillones y estaba basado en intereses económicos y no en un programa que nunca hemos visto", denunció IU.

Uno de esos contratos que estaba pendiente de renovar es el de recogida de basuras. En un pleno, adelantado en el tiempo por el revuelo generado y al que acudieron a protestar cerca de 70 vecinos, se adjudicó a la empresa FCC -con el voto decisivo del alcalde- el contrato unificado de los servicios públicos de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines para los próximos 20 años (17 más tres prórrogas de un año). Se trata de un jugoso contrato de 116 millones de euros (5,8 millones anuales), que sumados a los gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el IVA (10% en el caso de residuos sólidos y 21% en el de parques y jardines), con lo que el importe licitado supone un monto de 130 millones de euros.

La adjudicación es legal, pero el oscurantismo con el que se hizo y quiénes participaron llevan a pensar a vecinos y oposición que detrás del contrato se esconden intereses personales

Un contrato "negociado en las cafeterías"

La adjudicación es plenamente legal, pero también muy criticada por quiénes participaron en ella y cómo se llevó a cabo. Según un vecino berciano contrario a la gestión municipal presente en el pleno “todo se ha hecho con bastante oscurantismo” y explica que la desconfianza que desprende todo esto lleva a pensar en “intereses personales y negociaciones oscuras”. La idea que circula en la capital berciana es que “el contrato se estaba negociando en las cafeterías”. La fuente del entorno municipal consultada cuenta que se ha visto a Álvarez y a Folgueral mantener encuentros en una cafetería de la capital del Bierzo. Pero no estaban solos. Con ellos se reunía también una tercera persona relacionada con el mundo empresarial que haría de intermediario. “Estamos convencidos de que el contrato se lo dio hecho Ismael Álvarez. Folgueral por la alcaldía hace lo que sea”, asegura. Sin embargo, se trata de una acusación difícil de demostrar. “De lo contrario ya habríamos denunciado ante la Fiscalía”.

Se ha visto a Folgueral y a Álvarez mantener encuentros en los que participaba una tercera persona relacionada con el mundo empresarial que podría ser un intermediario

Llama la atención, comentan las mismas fuentes, que para un contrato tan suculento como éste solo se presentaran dos empresas: FCC -anterior adjudicataria- y Urbaser, cuyas ofertas se diferenciaban en apenas 50 euros. La tercera empresa candidata fue eliminada en la primera fase por no cumplir las condiciones. Se trata de Seralia, sociedad de José Luis Ulibarri, uno de los ‘capos’ de la construcción castellano-leonesa imputado en Gürtel que merece mención más adelante. Oposición y asociaciones de vecinos reclaman desde hace tiempo la municipalización del servicio. Para anular esta reivindicación y confirmar su tesis de que la gestión privada supone al Ayuntamiento 522.000 euros anuales menos que la pública, el alcalde Folgueral amenaza con un informe que a día de hoy no ha presentado. Desde la bancada de la oposición critican que se haya reducido el servicio en algunos barrios y que sus cuentas no hayan podido ser rebatidas. Sostienen que municipalizando el servicio se ahorrarían los conceptos que van aparejados a la privatización (IVA, gastos generales y beneficio industrial). “La gestión privada se justifica cuando la actividad requiere una especialización o una inversión que al Ayuntamiento le resultara más caro y no es el caso”.

Antecedentes de Folgueral y Álvarez

Ismael Álvarez fue condenado por acoso sexual a la edil Nevenka Fernández en 2002. Su dimisión supuso su retiro político y el ascenso al sillón consistorial de Carlos López Riesco (PP), aunque se dice que gobernaba en la sombra. El presidente regional del PP, Juan Vicente Herrera, le negó en 2011 su inclusión en las listas del partido, por lo que Álvarez creó una formación alternativa con la que presentarse a las elecciones municipales: los Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), una coalición que bebía de diferentes fuentes ideológicas, pero en la que sobresalían sus hombres de confianza. Entre las razones de su vuelta a la política en Ponferrada se habla de las necesidades económicas, puesto que sus negocios no estaban muy boyantes, y los deseos de venganza contra su otrora amigo López Riesco.

Crisis interna en el PSOE, deseos de venganza y necesidades económicas de Álvarez... Finalmente el jugoso contrato de basuras es visto en el entorno municipal como la verdadera razón del pacto entre el expopular y el exsocialista

Precisamente la moción de censura impulsada por el PSOE pretendía expulsar de la alcaldía al regidor del PP, lo que consiguió con el pacto y posterior voto de Álvarez al frente de IAP. La moción triunfó y Samuel Folgueral fue proclamado alcalde. Esa misma tarde, Alfredo Pérez Rubalcaba pidió rectificar por haber pactado con un condenado por acoso aunque el PSOE impuso la condición de que Álvarez dejase su cargo tras la aprobación de la moción de censura, cosa que cumplió. La crisis ya se había instalado en el PSOE federal y, por resumir, Rubalcaba dio dos opciones a Folgueral: o abandonaba la alcaldía o el partido. Eligió el poder. El hombre que ingresó en el partido como un total desconocido de la mano de Zapatero prescindió de los concejales socialistas que habían participado durante años en la vida política de la ciudad leonesa para acabar dando la espantada. Por cierto, Carlos López Riesco también quiso barrer para casa y antes de dejar el Consistorio trató de cerrar a favor de una de sus empresas la contratación de los servicios de jardines por cerca de un millón de euros cuando ya estaba en el registro la moción de censura.

“Privatiza, que algo queda”

El contrato de basuras es una renovación por 20 años, una duración que califican de inaudita (el anterior fue por 8 con una prórroga de dos años más), pero que desde el Gobierno local justifican por la supuesta necesidad que tiene la empresa de amortizar la inversión que debe realizar en maquinaria. Aunque hay un precedente aún más llamativo. Hace cuatro años la empresa Aquagest se hizo con un contrato hasta el año 2048 para gestionar el servicio de abastecimiento de agua de los municipios que hasta entonces recibían el agua de la Mancomunidad. Se unificaba así el contrato vigente con dicha empresa, que concluía en el 2022 para el resto de la ciudad.

Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene el monopolio de las adjudicaciones privadas y completa su conglomerado de empresas con el control de los principales medios de comunicación de la región

Otro contrato que vence es el de los autobuses, actualmente adjudicado a una sociedad formada por la empresa local de autobuses y la constructora Begar, del imputado Ulibarri. El constructor quiso entrar en el negocio del servicio de transporte urbano, por lo que en 2007, con López Riesco en la alcaldía, se forzó a crear una unión temporal de empresas (UTE) y dar entrada a Begar en el TUP (Transporte Urbano de Ponferrada). Mientras antes no costaba ni un euro al contribuyente, las pérdidas generadas como consecuencia del déficit de explotación han supuesto una sangría para las arcas municipales, que sufragan anualmente rescates de más de un millón de euros y llegan al millón y medio sumando las subvenciones del Ayuntamiento. Las sospechas acerca de posibles comisiones están ahí. "Privatiza, que algo queda", ironizan desde la oposición. 

Pero si Álvarez tiene poder e intereses económicos, no digamos José Luis Ulibarri, que llegó a acumular el 60% del total de las adjudicaciones privadas en Ponferrada. Con varias sentencias del Tribunal Supremo en contra a sus espaldas, mantiene un holding de lo más variopinto que integra negocios de construcción, limpieza, transporte, jardinería... Todos ellos casi siempre ayudados por la Administración pública. Pero para mantener pulso con los políticos y asegurarse adjudicaciones y otros favores es conveniente controlar los medios de comunicación. Como en el caso de su rival Méndez Pozo por el control de Castilla León, este palo también lo toca. Es propietario del 20% de Punto Radio en Castilla y León (Grupo Vocento), posee una cabecera en Soria y otra en Burgos, asociadas a Unidad Editorial (El Mundo), y en 2007 se hizo con la propiedad del Diario de León, el principal periódico de la provincia. Además es dueño de una red de televisiones locales en la comunidad.


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