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"Votar independencia es jugarse el futuro a la lotería. Los catalanes deben decidir con conocimiento"

"Aunque nos pintan un futuro rosa, es negro", asegura la plataforma Societat Civil Catalana en relación a la huida de depósitos, el colapso o los 447.000 empleos que, dicen, se destruirían con una hipotética secesión. "Es un descenso a los infiernos", zanjan.

"Votar por la independencia es jugarse el futuro a la lotería. Es importante contar al pueblo catalán los hechos, las realidades y lo que se están jugando y después que decidan lo que quieren hacer pero que decidan con conocimiento de causa". Son palabras del economista español Ángel Ubide, experto en política monetaria, en referencia a las consecuencias que podría acarrear la posible secesión de Cataluña, una situación ante la que "nos surgen muchas dudas y para la que no tenemos ninguna buena respuesta".

Con el referéndum independentista catalán suspendido por el Tribunal Constitucional y la ley de consultas paralizada, la plataforma contra la independencia Societat Civil Catalana no ha querido, sin embargo, desaprovechar la ocasión de recalcar una vez más los efectos económicos de una hipotética ruptura, a sólo dos semanas de que la Generalitat saque las urnas en el sucedáneo de consulta del 9 de noviembre.

"No es un plato de gusto, sino un descenso a los infiernos", manifestaba esta semana Ferrán Brunet, profesor de Economía Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la presentación del informe 'Consecuencias económicas de una hipotética secesión de Cataluña'. Ese descenso a los infiernos tiene datos concretos: se destruirían unos 447.000 empleos, el paro se dispararía hasta el 34% de la población activa, la deuda pública se multiplicaría por cuatro, el PIB caería entre el 7,4 y el 23,5% y el déficit de la Seguridad Social subiría hasta 5.500 millones de euros frente a los 2.700 actuales. "Sería un desastre social", sentencia al respecto Joaquim Coll, vicepresidente de SCC, quien defiende que el informe "intenta no jugar a la confusión".

El paro se dispararía hasta el 34% de la población activa en una Cataluña independiente, según SCC

En fondos europeos, "Cataluña perdería cada año unos 500 millones de euros, lo que reduciría un 16% la renta de las 59.000 masías", eso por no hablar del denominado 'efecto frontera', que podría reducir a la mitad las exportaciones de Cataluña al resto de España, como adelantó este periódico. "Cuando Josep Tarradellas me nombró director general, ya me lo dijo: la independencia era imposible debido a la interdependencia con el resto de España e incluso con Europa, y eso que en aquellos tiempos ésta no era tanta como ahora", advirtió por su parte Francesc Granell, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona que también ha participado en el estudio.

Y hay más: la posible secesión obligaría a la Generalitat a meter la tijera y recortar cuatro millones en Educación, ocho en Sanidad, dos en bienestar y familia, uno en economía e I+D+i y finalmente, otro millón en Cultura. (Consulte aquí el informe de Societat Civil Catalana).

"Europa no nos echa, nos iríamos nosotros"

El escalofriante panorama económico pintado por Societat Civil Catalana se completa con más dosis casi apocalípticas para los independentistas, también a nivel legal. En declaraciones a 'Vozpópuli', la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes insiste en que para que Cataluña accediera a la independencia, se necesitaría haber hecho previamente una reforma constitucional. 

Aclara también que aunque el líder de ERC, Oriol Junqueras, no descarte una declaración unilateral de independencia, "no tendría ninguna validez jurídica" ya que solo se justificaría en el caso de un país oprimido, donde el Estado opresor no respetara los derechos de las personas, fuera una dictadura o un régimen colonial.

Preguntada por la validez jurídica de la consulta del 9N, no duda en calificarlo como "un juego de cocinitas". "Juegas sin fuego, sin comida, con las cazuelitas... Estamos ante una consulta que no está convocada, en la que no va a haber censo de votantes porque no puede haberlo, en la que a las urnas les costaría pasar el régimen de homologación porque son de cartón con ventanita y no son totalmente transparentes como es lo normal en los países democráticos", critica al tiempo que añade que "en Cataluña haría falta un Gobierno que se dedicara a gobernar y no a agitar ya que tenemos problemas muy serios".

Asimismo, la también catedrática Jean Monnet ad personan pone un énfasis especial en "la tergiversación del vocabulario por parte del independentismo". "Europa no nos echa, nos iríamos nosotros solitos", aclara de primeras. Y prosigue: "Como saben que un referéndum de autodeterminación no se puede realizar porque no se dan los requisitos legales, le quieren llamar ‘derecho a decidir’, que no tiene ningún tipo de definición jurídica. El ‘derecho a decidir’ lo tenemos todos para decidir cualquier cosa de nuestra vida ordinaria".

"No es que la UE nos echara, es que nos habríamos ido nosotros declarándonos independientes"

En esta misma línea, añade que "como no se puede hacer un referéndum, le llaman consulta. Como no se puede hacer una consulta porque el TC ha suspendido la convocada, pues ahora dicen que van a hacer un proceso participativo, que nadie sabe lo que es porque ni tan siquiera está convocado ya que tienen miedo de que se les vuelva a declarar ilegal. A la junta electoral le llaman comité de control. Al censo, registro de votantes… Hay que tener mucho cuidado con las palabras", zanja en referencia a la distancia que media entre el "pensamiento mágico que venden los independentistas" y la realidad.

¿La salida?

"Reconocer como sucede normalmente en los países democráticos que el camino emprendido no tiene salida y por tanto, dejarlo y empezar a ver de qué manera se puede financiar la ley orgánica de financiación, preparar una propuesta de reforma constitucional, empezar a estudiar nuevos mecanismos de colaboración entre Cataluña y el resto de España… Quedan muchas vías legales", remata la experta en Derecho Constitucional, contraria a los planes "insólitos" de un Artur Mas que, dice, "quiere llevar a los ciudadanos de una comunidad autónoma democrática por vías que no responden a los Estados democráticos".


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