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Próxima parada de Rodrigo Rato: los juzgados de Plaza de Castilla

Antonio Serrano-Arnal, conocido por haber dirigido la 'Operación Puerto' contra el dopaje en el deporte, asume la instrucción del caso contra el exvicepresidente, acusado de fraude fiscal, tráfico de divisas, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. Tras analizar los documentos incautados en el piso y el despacho del antiguo dirigente del PP, el juez debe llamarlo a declarar y decidir, o no, su ingreso en prisión.

La próxima parada de Rodrigo Rato tendrá como escenario los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, donde será llamado a declarar en cuanto se examine la documentación que en la tarde del jueves fue incautada por los inspectores del servicio de vigilancia aduanera en el domicilio y el despacho particular del exvicepresidente económico. El registro domiciliario tuvo su origen en la denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía de Madrid por los presuntos delitos de fraude fiscal, tráfico de divisas, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La Fiscalía remitió esta denuncia al juzgado 35 de la capital. La detención de Rato obedeció a una medida cautelar, para impedir que destruyera u ocultara la documentación que tenía en su domicilio y en su despacho particular relacionada con su patrimonio. Una vez que los inspectores se hicieron con los archivos y documentos que consideraron de interés para probar estas acusaciones, se decidió su puesta en libertad, ya que no existía orden de detención por parte de ningún juzgado.

El juez Serrano-Arnal, al que se ha asignado el caso, es conocido por haber llevado la 'Operación Puerto' contra el dopaje

El caso ha sido asignado por reparto al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la Operación Puerto, después de que ayer su compañero del número 35, en funciones de guardia, ordenara los registros urgentes que reclamaba el Ministerio Fiscal. Serrano-Arnal dirigió la citada operación contra el dopaje en el deporte, desarrollada por la Guardia Civil en 2006. También condenó al exmagistrado del Constitucional Enrique López al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 entró en la carrera judicial en 1987 y desde 1989 ocupa esta plaza, aunque el Consejo General del Poder Judicial le suspendió en junio de 2003 por tres meses de sus funciones, como autor de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias. 

Serrano-Arnal, encargado de las diligencias, debe ahora llamar a Rato a declarar, como imputado en los cuatro delitos de los que se le acusa, a partir de las pruebas que hayan podido obtener los funcionarios de aduanas durante los registros. Será entonces cuando se decida, o no, su ingreso en prisión.

Trama societaria

De la denuncia presentada por la Agencia Tributaria que el juez de instrucción manejará como referencia se deduce que Rato disponía de un complejo entramado societario con derivaciones en Gibraltar, Gran Bretaña, Holanda e, incluso, Estados Unidos. En varias de estas sociedades figuran como socios o administradores su exmujer, Ángeles Alarcó, actual presidenta de Paradores, así como sus tres hijos y una sobrina.

El exvicepresidente tiene un complejo entramado de sociedades en Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y Gibraltar

De momento, lo que se conoce es que el exvicepresidente económico cuenta desde finales de 2013 con una sociedad que tiene conexiones con paraísos fiscales. Poco más de un año después de ser imputado por el caso Bankia, Rato inscribió en la Companies House (registro mercantil de Reino Unido) la sociedad Lilac Trading Limited. Para gestionar esta operación, contrató a Finsbury Trust&Corporate Services Limited, una empresa de servicios fiduciarios de Gibraltar, una de las geografías opacas fiscalmente, que se dedica a la formalización para terceros de sociedades de inversión e inmobiliarias.

El capital social de la firma está constituido por 3.000 acciones con un valor nominal de una libra por título. Cada acción, como señala el documento de constitución de la sociedad, otorga a sus propietarios todos los derechos en lo que respecta a "votaciones, dividendos y retribuciones". Rato, como director de Lilac Trading Limited, posee el 75% del capital social, con un total de 2.250 acciones. Mientras, Pedro Diez Martínez, el otro socio de la firma, posee el 25% restante, con 750 títulos.

La segunda ramificación con estas geografías 'offshore' se produce en la figura del secretario del consejo de administración de Lilac Trading Limited. La firma que ejerce este cargo es Gateway Management (B.V.I) Limited, una sociedad afincada en Down Town (Tórtola), capital de las Islas Vírgenes Británicas.


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