LA CAIDA DEL EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO

La Fiscalía acusa a Rato de tres delitos que suman 15 años de cárcel

La denuncia del Ministerio Público que ha provocado la detención del exvicepresidente del Gobierno y varios registros acusa al político de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Tres delitos que pueden acarrearle graves penas de prisión.

Agentes de la Policía custodian la entrada al domicilio de Rato durante el registro del mismo.
Agentes de la Policía custodian la entrada al domicilio de Rato durante el registro del mismo. GTRES

Alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La denuncia de la Fiscalía de Madrid que ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 35 de la capital, Enrique de la Hoz, a ordenar la detención por unas horas de Rodrigo Rato y varios registros acusaba al exvicepresidente del Gobierno de tres delitos que pueden acarrear penas que suman hasta 15 años de cárcel. La operación se precipitó tras la información adelantada el pasado martes en exclusiva por Vozpópuli que desvelaba que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le estaba investigando por lavado de dinero después de que a finales de 2012 se acogiera a la amnistía fiscal y el origen de los fondos regularizados levantase sus sospechas. La denuncia también incluye "otras personas" cuya identidad no ha trascendido ya que la causa ha sido decretada secreta, aunque fuentes policiales señalan que varias son familiares.

La detención por unas horas de Rato y los registros buscaban impedir la destrucción de documentación y que el exvicepresidente pudiera ocultar dinero

De los tres delitos de los que se acusa a Rodrigo Rato, los de blanqueo de capitales y fraude fiscal son los que castiga el Código Penal como mayor dureza. En concreto, seis años de cárcel para el primero y otros cinco para el segundo. Para el alzamiento de bienes hay reservado un máximo de cuatro años de pena. En total, 15 años. Es, precisamente, la sospecha de que se estaba cometiendo éste último, es decir, poniendo fondos y bienes fuera del alcance de la justicia fondos y bienes, lo que provocó la actuación por sorpresa de ayer. De hecho, la denuncia que presentó la Fiscalía en el juzgado de guardía por la mañana pedía expresamente actuar de inmediato tras detectar supuestos movimientos económicos sospechosos. Con las pruebas encima de su mesa, el juez dio el visto bueno.

Uno de éstos era, precisamente, que Rato había iniciado a finales de marzo la disolución de su sociedad Lilac Trading Limited, domiciliada en Londres peroy con vínculos en los paraísos fiscales de Gibraltar y las Islas Virgenes. La Agencia Tributaria temía que intentara ocultar todos los bienes ligados a la misma para evitar un posible embargo ordenado por el juez del 'caso Bankia', Fernando Andreu, por el impago de las altas fianzas civiles que le ha impuesto en dicha causa. La Fiscalía ha pedido también el bloqueo de sus cuentas corrientes, las de sus empresas y varias personas de su entorno. Con los registros también se perseguía que no destruyera documentación clave para aclarar el origen de su fortuna. De su vivienda y del despacho, los agentes sacaron una veintena de cajas con papeles y equipos informáticos. Una vez intervenida toda esta información, se ordenó su puesta en libertad.

Fraude fiscal y blanqueo

El delito de fraude fiscal está relacionado con la regularización de fondos en el extranjero que realizó aprovechándose de la polémica amnistía fiscal de su correligionario Cristóbal Montoro, según las fuentes consultadas. El Sepblac no encontró justificadas ciertas partes de las mismas y, dada su condición de PEP (Persona Expuesta Políticamente), decidió incluirla en la lista de 705 contribuyentes que también se habían acogido a la regularización extraordinaria y que iban a ser sometidas a una inspección exhaustiva. La 'coartada' de la herencia familiar esgrimida desde el entorno del político en los últimos días, al estilo de la utilizada por el clan Pujol, no convence a los expertos de Hacienda.

En 2013, Rato creó una sociedad en Londres con vínculos en paraísos fiscales y, además, se convirtió en el administrador único de otras dos en España

De hecho, el tercer delito que se le imputa, el de blanqueo de capitales, deriva directamente de éste, ya que esta figura legal requiere un delito previo que justifique el origen ilícito de los fondos lavados. Éste sería el fraude fiscal. En busca de pruebas de dicho blanqueo, los agentes registraron la vivienda y el despacho de Rato en Madrid, y un despacho de abogados situado en Sotogrande (Cádiz). La investigación quiere saber la relación de este último con la empresa gibraltareña de servicio fiudiciario Finsbury Trust & Corporate Services Limited, a través de la cual el exvicepresidente creó en noviembre de 2013, cuando ya estaba imputado en el 'caso Bánkia', la sociedad británica Lilac Trading, ahora bajo sospecha.

La trama empresarial y las cuentas ligadas a estas sociedades, se han convertido en el epicentro de la investigación. A la firma domiciliada en Londres se han sumado dos mercantiles españolas en las que Rato figura como administrador único desde febrero de 2013: Rodanman Gestión 3 SL y Rafi SL. Ambas están dedicadas supuestamente al alquiler de inmuebles y tienen como domicilio social la propia vivienda del político, donde fue detenido este jueves. Además, las pesquisas intentan localizar otras empresas instrumentales en Panamá (donde su hermana tuvo una que repatrió en 2013 a España), o en otros estados con legislaciones tributarias laxas. Además, los agentes tienen indicios de que el exviceprensidente del Gobierno tiene cuentas bancarias en el extranjero, principalmente en Suiza y Luxemburgo. Algunas de ellas serían las que declaró cuando se acogió a la amnistía fiscal de Montoro, aunque no se descarta que haya más y en otros países.

cuarta causa contra el exvicepresidente

La causa iniciada este jueves contra Rodrigo Rato por el titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, puede no permanecer demasiado tiempo en manos de este magistrado. La Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su interés porque la misma pase de sus colegas de Madrid a sus manos y que las pesquisas sean instruidas en la Audiencia Nacional. De lograrlo, sería el tercer procedimiento que se lleva en este órgano judicial contra el que fuera presidente del FMI. El juez Fernando Andreu ya lo tiene imputado, por un lado, por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, y, por otro, por el uso de las polémicas 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia con las que sus directivos derrocharon más de 15 millones de euros. Además, hay un cuarto sumario, en este caso en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, donde se investiga las retribuciones extraordinarias que él y otros directivos del banco se adjudicaron a sí mismo entre 2007 y 2010 y que provocaron un agujero cercano a los 15 millones de euros.


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