El despacho Roca Junyent pasa del consejo de administración de Spanair a asesorar a sus directivos

Aunque medio año más, como mínimo, no se lo quita nadie, la Generalitat parece querer cerrar la agonía de Spanair cuanto antes. Y para eso el Gobierno catalán, dominado por CiU, mueve sus fichas con diligencia. Dos movimientos han tenido de hecho lugar en el terreno jurídico para que el caso de la aerolínea quebrada no salpique demasiado al Ejecutivo de Artur Mas.

Del primero se ha hablado, aunque no lo suficiente: se trata del nombramiento del bufete Grupo Gispert, Abogados y Economistas como administrador concursal. El despacho fue fundado por el ya fallecido ex conseller de Justicia Ignasi de Gispert Jordà, también padre de la actual presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

Fuentes jurídicas y sindicales critican que el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona redactó el auto en un tiempo inusitado (en apenas tres días), en el que declaró el concurso de acreedores de Spanair y designó al Grupo Gispert como primer administrador concursal. Normalmente, añaden las fuentes, este proceso lleva entre diez días y dos semanas.

Del consejo a la asesoría

El otro movimiento estratégico también tiene su enjundia, y está relacionado con Convergencia i Unió y los despachos. Concretamente, con el de Roca Junyent, fundado por Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución española por Convergència Democràtica de Catalunya, precursor de CiU.

El bufete ha sido contratado para asesorar a la directiva de Spanair durante el concurso de acreedores. Sin embargo, las mismas fuentes de antes deploran que Joan Roca, de este despacho, sea simultáneamente secretario del Consejo de Administración de la aerolínea. “No sé si existe conflicto de intereses”, cuenta un implicado en la actual negociación del ERE, “pero moralmente es una coincidencia bastante reprobable”.

Hasta la fecha, la firma que había trabajado de forma más estrecha con la cúpula de Spanair era Cuatrecases, como sucedió en el Expediente de Regulación de Empleo que la compañía presentó en 2008. No obstante, este último niega cualquier fricción con Spanair a raíz del cambio de cliente. 

En el auto de apertura del concurso, el juez estimó que hay más de 3.000 acreedores, así como 2.500 trabajadores para los que se ha solicitado un Expediente de Regulación de Empleo.