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Las ‘cuatro mentiras’ de Catalá en la privatización de los registros civiles, según CCOO

La privatización de los registros civiles va a traer mucha guerra sindical y judicial. A Catalá le acusan los sindicatos de seguir “intereses ocultos”, como su antecesor en el cargo, Ruiz-Gallardón.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una intervención en el Congreso.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una intervención en el Congreso. EFE

Al ministro de Justicia, Rafael Catalá, le acusan de mentir hasta en cuatro ocasiones en sede parlamentaria mientras respondía a una pregunta sobre la previsible privatización de los registros civiles. Así lo afirma Comisiones Obreras, que va a llevarle a los tribunales. Este sindicato acusa a Catalá de seguir “intereses ocultos” para la privatización de los registros, los mismos que, según el sindicato, persiguen Rajoy y el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Catalá compareció el miércoles en el Congreso para responder a una pregunta de la portavoz socialista, Rosa Aguilar, sobre la privatización del Registro Civil. La contestación de Catalá resultó “escandalosa y faltando a la verdad al menos en tres ocasiones”, según denuncia a Vozpópuli el Sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras.

La primera mentira, según este sindicato, es el afirmar que el Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización de los registros: “Ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de Justicia”, afirman a este periódicos desde la ejecutiva confederal.

“Las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que los registradores no son funcionarios públicos”

La segunda correspondería con la afirmación de Catalá sobre que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos: “El ministro sabe perfectamente que las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos profesionales no son funcionarios públicos, que deben cobrar el IVA (sabiendo que ningún funcionario público puede cobrar el IVA), y además la propia LGPE 2015 establece claramente que su régimen de seguridad social es el especial de autónomos (régimen al que solo pueden estar acogidos personal cuyo régimen de relaciones laborales es privado a todos los efectos)”.

La tercera supuesta falta en la que Comisiones dice haber pillado a Catalá es su afirmación, que consta en el acta parlamentaria, sobre que la desjudicialización del Registro Civil no conlleva la privatización del mismo. Los sindicatos demandan en este sentido el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito público y dentro de la Administración de Justicia, servido por el personal funcionario de esta Administración y que sus encargados sean los Secretarios Judiciales: “Lo hemos manifestado de forma reiterada y hemos denunciado con diversas iniciativas su privatización”, afirman en CCOO.

Los planes del Gobierno, en los tribunales

Una cuarta mentira que dicen que ha dicho el ministro sería su afirmación de que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía: “Sabe perfectamente que el Registro Civil tiene una valoración general superior al 80%, y en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil”.

Hay que recordar que este sindicato tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por este asunto, y que también se ha presentado una Iniciativa legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite. En los próximos días se comenzará una recogida de firmas en defensa del Registro Civil como servicio público y dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

Por otro lado, CCOO ha ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo en defensa del servicio público del Registro Civil.

“Con una sospechosa prisa quieren privatizar el Registro Civil con una orden ministerial ilegal que se fundamenta en una falsedad”

Durante su intervención parlamentaria, la portavoz socialista, Rosa Aguilar, acusó a Rafael Catalá de ocultar que “hay más de 150.000 expedientes de nacionalidad paralizados en el Colegio de Registradores porque ustedes no han renovado la encomienda que cumplió en diciembre de 2013, los ciudadanos están esperándolos y esto es un auténtico escándalo. Ahora, con una sospechosa prisa quieren privatizar el Registro Civil y para ello, señor ministro, ha dictado una orden ministerial ilegal que se fundamenta en una falsedad”.

La diputada se refería a que el Ministerio habría puesto la fecha del 15 de julio como de culminación de la privatización de un servicio público “esencial para la ciudadanía, que afecta a las personas, a nuestra privacidad, a nuestra intimidad y eso es una auténtica irresponsabilidad”. Finalizó con esta acusación: “Esta operación huele muy mal, huele a negocio para unos pocos. La falta de transparencia y la opacidad son sus señas de identidad”.

Registradores de la propiedad, funcionarios públicos

En su respuesta, Rafael Catalá recordó que el Congreso aprobó la Ley 20/2011 por unanimidad para desjudicializar el Registro Civil, y que el PSOE está falseando el debate cuando hablan de privatizar “porque nosotros estamos planteando encomendar a unos funcionarios públicos la llevanza del Registro Civil”.

La privatización de los registros va a desencadenar una guerra político-sindical, con paso por los tribunales

Según el ministro, los registradores de la propiedad “no son más que funcionarios públicos retribuidos por otro sistema distinto, que es el del arancel, pero no por eso dejan de ser funcionarios públicos”, y eso es lo que CCOO y el PSOE, por ejemplo, llaman “una mentira”.

En ese mismo orden, Catalá dijo estar buscando un sistema eficaz que “está pactado con las comunidades autónomas y con los sindicatos y que va a garantizar el empleo”. Otra mentira más, según CCOO. En todo caso, la privatización de los registros civiles va a desencadenar una guerra político-sindical, con su correspondiente paso por los tribunales.


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