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El Gobierno advierte que se "movilizarán efectivos" entre los funcionarios y se "clarificarán" sus competencias

La reforma de la Administración clarificará además las competencias entre funcionarios y personal laboral cuando se ejerciten potestades públicas. En cuanto al personal eventual, si bien se acepta que ése es de especial confianza y, por tanto, se elige de forma discrecional, se exigirá un criterio de experiencia y de profesionalidad.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Efe

Uno de los capítulos mas delicados de la reforma de las administraciones públicas es el que afecta a los funcionarios. Tras el descenso en 375.000 del número de empleados públicos desde 2011 y la tasa de reposición cero "va a haber necesidad de movilidad de efectivos", según fuentes gubernamentales. En este sentido, se definirá en qué unidades hay excedente y en cuáles no. La idea es crear grupos de trabajo a disposición del Ministerio, de modo que pueda movilizar efectivos entre distintos departamentos en función, por ejemplo, de repuntes de trabajo. Ni siquiera se descarta que dicha movilidad pueda ser interministerial e, incluso, se ha acariciado la idea de que pudiera producirse entre la Administración central y autonómica, aunque implica grandes dificultades.

Además se clarificarán las competencias entre funcionarios y personal laboral cuando se ejerciten potestades públicas. Y en cuanto al personal eventual, si bien se acepta que ése es de especial confianza y, por tanto, se elige de forma discrecional, se exigirá un criterio de experiencia y de profesionalidad.

Supresión de 17 fundaciones y de 5 sociedades mercantiles, del Consejo de la Juventud de España y de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, desaparición de 90 observatorios, fusión del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General, otras fundaciones que dejan de tener consideración pública como la de aeronáutica y astronáutica españolas... En total, 57 entes públicos afectados por la ambiciosa reforma de la Administración, que el Gobierno lleva presentando desde este miércoles y que mañana pasará por la mesa del Consejo de Ministros.

Buena parte del paquete de medidas alude en exclusiva a la Administración General del Estado a la que afectarán 78 nuevas medidas, mientras que el resto depende de las conversaciones con las comunidades autónomas y de su voluntad para recortar gasto. Moncloa asegura que ninguna autonomía se ha quejado al Ejecutivo de falta de información y que lo único que se hace es cumplir uno de los compromisos de la ultima conferencia de presidentes.

Es evidente que la predisposición de las comunidades vendrá en buena medida determinada por el cumplimiento de los objetivos de déficit, algo que se le reclamará desde el Ministerio de Hacienda, tal y como advirtió este miércoles Cristóbal Montoro. Cuando una comunidad no cumple sus compromisos en materia de estabilidad, hay una guía de "sugerencias" que se le pueden hacer para cumplir el objetivo de estabilidad, han explicado fuentes gubernamentales.

Hasta que este viernes no se apruebe el informe en el Consejo de Ministros no se conocerá a cuánto asciende el ahorro, pero no sólo el de carácter público, sino también el que se supone que redundará en beneficio de los particulares por la simplificación de los trámites burocrático. En este capítulo, un primer avance hablaba de unos 500 millones de euros, tal y como informó Vozpópuli.

Sí será de obligado cumplimiento la extensión de la factura electrónica para todas las administraciones, incluida la local. El objetivo es agilizar los procedimientos de pago al proveedor, pero no sólo, porque la idea principal es poner "fin a las facturas en el cajón. Lo que esta en Internet, nadie puede meterlo en el cajón", señaló este miércoles la coordinadora de este ingente trabajo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría.

Venta de inmuebles, centralización del pago de nóminas, unificación de imprentas o de medios marítimos y aéreos conforman otro amplio paquete de reformas que incluye cambios en la ley de subvenciones, tanto desde el punto de vista de la concesión como de control de las mismas, estableciendo límites a la financiación pública de ciertas modalidades de gasto privado.


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