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Los alcaldes exigen más remuneración y frenan la reforma de la administración local

La FEMP propone homologar los sueldos de los regidores a los de los secretarios de Estado, que cobran más que los ministros, siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid. También siguen oponiéndose al recorte en el número de concejales. Fracasó la intención de Gobierno de llevar la reforma de la Administración Local al Consejo de Ministros del pasado viernes. Se trata del tercer retraso.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias. GTres

La reforma local ha vuelto a embarrancar por falta de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, organización que ha bloquedado el enésimo intento de sacar adelante un cambio que lleva camino de eternizarse. El penúltimo choque viene a cuenta, de nuevo, del recorte en el número de concejales así como del baremo para calcular el sueldo de los alcaldes, los dos auténticos caballos de batalla. Y es que la FEMP no está de acuerdo con el criterio de equiparar la remuneración de los alcaldes de las grandes ciudades con el de los ministros dado que prefiere equipararlo al de los secretarios de Estado, con pagas extrarodinarias y complementos, lo que eleva considerablemente la cuantía. Si un ministro tiene una remuneración de en torno a los 69.000 euros anuales, un secretario de Estado supera esa cantidad. De hecho, muchos ex ministros que antes fueron secretarios de Estado eligen, una vez fuera del Gobierno, la pensión indemnizatoria como secretarios de Estado.

La petición de la FEMP se sustenta en el modelo que se sigue en la Comunidad de Madrid por Ley del año 2000, que homologa el sueldo del presidente regional al de secretario de Estado. La remuneración del resto de los miembros del Gobierno autonómico se calcula, a la baja, a partir de ese salario. Un vicepresidente gana un 4 por ciento menos, un consejero un 8 por ciento menos, un viceconsejero un 12 por ciento menos, y los secretarios generales técnicos, directores generales  y gerentes de organismos autónomos, un 16 por 100 menos que un presidente. Del mismo modo, los alcaldes verían reducido su salario en función de la población de sus municipios hasta un mínimo a partir del cual ya no cobrarían y que está por determinar.

¿Y cuánto ingresa un secretario de Estado o, lo que es lo mismo, la persona que preside la Comunidad de Madrid? Pues la ex presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio a conocer públicamente en 2011 su sueldo, que alcanzaba entonces los 108.000 euros anuales, a los que se sumaba una partida de 13.000 euros más por homologación con los secretarios de Estado, lo que no difiere mucho de lo que ya gana el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, (de casi 110.000 euros). Algo menos ingresa la regidora madrileña, Ana Botella, con tan "solo" 94 euros, el Juan Alberto Belloch, en Zaragoza, 91.000. Ellos tres, además de los alcaldes de Bilbao, Valladolid, Valencia, San Sebastián y Vitoria cobran más que el presidente del Gobierno. Lo cierto es que Aguirre debía incluir en su sueldo base algún tipo de trienio porque un secretario de Estado tiene de salario base bruto poco más de 71.000 euros, frente a los 69.000 de un ministro, pero en su caso redondea el sueldo con complementos de productividad y otro tipo de pluses.

En cuanto a la reducción en el número de concejales, la FEMP a resiste a tocar a cifra actual de 68.578 por entender que la gran mayoría no recibe ni un céntimo de salario. La propuesta inicial de Hacienda de rebajar un 30 por ciento, esto es, 21.338 menos que ahora, fue matizada más tarde en uno 15.000, pero la Federación de Municipios y Provincias no parece tampoco aceptar ese recorte. El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunió el pasado jueves con el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, pero aún así no se consiguió un acuerdo que hiciera posible que la reforma pasara por la mesa del Consejo de Ministros el día 25, tal y como era la intención del Gobierno. Se trata del terce retraso que sufre la reforma. Se quiso tener finalizada en julio del año pasado. Después en diciembre y ahora ha sufrido un nuevo revés.

Lo cierto es que Administraciones Públicas no ha conseguido pactar la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ni con el PSOE, ni, tampoco, con el PP, presidida por un popular que no ha tenido dificultades en oponerse a los planes del Gobierno.


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