Publicado: 22/05/2013 04:00
Ningún alcalde quiere perder poder aunque sea de una pequeña localidad. Ninguno quiere ceder la gestión de sus competencias a una Diputación presidida, en muchos casos por alguien de otro partido, pero otras por alguien de la misma formación política porque puede adquirir así un mayor protagonismo. Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas muchas de las trabas y objeciones que se han presentado a la reforma local tienen una dinámica interna partidaria que trasciende a la que pretende ser una revisión de los modos de actuar en la política municipal.
Ayer fue la enésima intentona fallida por cerrar un acuerdo. Al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no le han puesto las cosas fáciles ni siquiera sus alcaldes. Desde el principio se montó una rebelión cuando el ministro dio por hechas hace un año una serie de cosas: que se recortaría el 30 por ciento de concejales o que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes delegarían de forma automática la prestación de sus servicios a las Diputaciones Provinciales.
Los regidores del PP anularon una cosa y otra. Algunos, porque la reducción de ediles podría dejarles fuera de muchos ayuntamientos donde son minoría o la única referencia constitucionalista, como ocurre en no pocas localidades del País Vasco y Cataluña; en otros porque presentarse a ocupar el sillón consistorial de un ayuntamiento que podía quedar vacío de contenido era un sapo dificil de tragar y, sobre todo, de vender a los ciudadanos. El PP no está en condiciones de ceder más poder territorial del que pueda perder en mayo de 2015 por efecto de la crisis económica y del descrédito de la clase política, después de haber pintado de azul prácticamente toda la geografía española en 2011, por lo que el compromiso de "ajustar" el poder local se ha quedado en poco.
Hay nervios entre los alcaldes por su futuro electoral
Pero hay más. Porque desde Hacienda apuntan a que muchas de las resistencias han tenido su origen en luchas intestinas por colocarse bien de cara a la confección de las candidaturas locales y autonómicas de mayo de 2015. El protagonismo más bien escaso que han tenido hasta ahora los presidentes de las Diputaciones Provinciales puede incrementarse mucho en caso de que asuman la gestión de servicios fundamentales de muchos ayuntamientos. Un ejemplo es Castilla y León. El actual presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, ha dicho que no va a repetir un mandato más. Suenan muchos nombres para el relevo, con especial insistencia el del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que es, además, presidente del Comité de Derechos y de Garantías de la dirección nacional del partido. Pero otro nombre que puede alcanzar más peso, o, al menos, más capacidad para el proceso de elección del sustituto, es el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, además de vicepresidente de la FEMP, la organización que ha defendido a los alcaldes durante un año de negociación de la reforma local.
Y eso en las Comunidades donde hay diputaciones, porque en las uniprovinciales serán las Comunidades Autónomas las que asuman los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los costes estándar, lo que puede acrecentar no sólo los tradicionales enfrentamientos entre el poder local y autonómico, sino acabar asfixiando a aquellos entes locales que sean de signo político contrario.
Lo cierto es que tras la enésima reunión ayer de la Comisión Nacional de de Administración Local todavía queda mucho recorrido para que sea posible un pacto, salvo que Mariano Rajoy dé orden de que se vaya adelante con una reforma que enfada a los suyos en las administraciones locales, disgusto que se uniría al que ya tienen no pocos presidentes autonómicos con el reparto del déficit.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.