Publicado: 02/08/2014 04:00
Un pelotazo urbanístico más del Real Madrid. Ésa es la calificación que Ecologistas en Acción hace de la operación para remodelar el estadio Santiago Bernabéu que el viernes fue paralizada de manera cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este grupo señaló que no van contra el Real Madrid, sino contra “los negocios inmobiliarios, ajenos al deporte, que desarrolla el club y que no benefician en nada a la ciudad ni a sus habitantes”.
Ecologistas en Acción ha sido el azote de los gobiernos del PP en los últimos años y ha venido denunciando en los tribunales, en muchas ocasiones con éxito, las operaciones urbanísticas y los ataques contra el medio ambiente en la región.
El Real Madrid eligió hace unos meses al grupo GMP Arquitectos y L35 Rivas para remodelar su estadio. Florentino Pérez, presidente del club, lo quiere convertir en el mejor del mundo, “un símbolo, algo especial, único y espectacular”. El nuevo Bernabéu iba a exigir una inversión de 400 millones de euros, proyecto que incluye la construcción de un hotel, zonas comerciales y de ocio, un museo mejor que el actual y un gran aparcamiento subterráneo. Pero los sueños tendrán que esperar.
La Comisión Europea expresó hace algunos meses, tras una denuncia de Ecologista en Acción, sus dudas “sobre algunas cesiones de suelo y la desmesurada revalorización de los terrenos implicados en operaciones urbanísticas realizadas entre el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol”, según señalan los denunciantes.
En su primera valoración, la Comisión consideró que el intercambio de parcelas entre el Ayuntamiento y el Real Madrid podía estar calificado como una ayuda estatal de apoyo al equipo. Cree que el club obtendrá un beneficio selectivo que afectaría a la competencia y al comercio entre estados miembros.
La operación urbanística
El grupo ecologista hace un relato de los hechos, que es el siguiente, hasta llegar a la paralización de este viernes:
-En 1998 el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol establecieron un intercambio por el cual el Real Madrid cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva y recibía en contrapartida dos parcelas, una de ellas en Las Tablas.
-En 2003, el Ayuntamiento estimó que no podía transferir a una entidad privada esos terrenos, por lo que debía indemnizar al Real Madrid.
-En 2011, ambas partes firmaron un convenio por el cual el Consistorio asumía una deuda con el club deportivo de 19.772.357 euros, derivada en buena medida del supuesto valor de la parcela. Eso suponía una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas once años antes.
-El Ayuntamiento cedió al Real Madrid para pagar la deuda cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana.
La construcción
Es justo sobre estos terrenos sobre los que el club quiere hacer la ampliación del estadio, construir un hotel y un centro comercial. Para poder ordenar urbanísticamente toda la operación el Ayuntamiento modificó puntualmente el Plan General. Posteriormente la Comunidad de Madrid aprobó este cambio en noviembre de 2012.
Fue este acuerdo de modificación el que recurrió en junio Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lograron el dinero para presentar el recurso gracias a una campaña que se lanzó con el nombre de #pelotazobernabéu.
Los argumentos
El TSJM señala en el auto que la incoación a España por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de esas características es suficiente para la adopción de la medida cautelar solicitada. No quiere decir que la operación quede suspendida de manera definitiva, pero sí hasta que haya un pronunciamiento de Europa.
Lo que hace el TSJM es paralizar el acuerdo del Ayuntamiento de cambio del Plan General que iba a permitir la reforma. Y aunque ese acuerdo no tenga nada que ver con las parcelas, sí que es consecuencia directa del pacto entre los representantes de la ciudad y el club. El Ayuntamiento opina todo lo contrario y ha anunciado el recurso.
El TSJM pretende que cualquier actuación no solo pudiera hacer imposible la restitución de la posible ayuda, sino también impedir “que la ejecución del acto pudiera producir perjuicios que hicieran aún más gravosa la restitución como sería la demolición de lo construido…”.
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