Un proyecto de prospecciones en el Golfo de León elude el trámite de las alegaciones ciudadanas

Con el proyecto que pretende explorar el subsuelo del Golfo de Valencia aún pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental al haberse demorado el plazo establecido y Repsol de retirada en Canarias tras renunciar a la explotación de los recursos encontrados, otro proyecto espera superar los trámites para realizar sondeos acústicos frente a las costas de Cataluña y Baleares. La compañía Seabird Exploration FZLCC elaboró el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para buscar hidrocarburos en el Golfo de León y a continuación el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha abierto el proceso de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, pero no ha sometido el proyecto a información pública de forma que cualquier ciudadano pueda presentar sus alegaciones.

La razón que aduce el ministerio que dirige José Manuel Soria es que se considera válido el proceso de información pública anterior al que se sometió el estudio ambiental de la campaña sísmica que pretendía llevar a cabo Seabird Exploration en su primer proyecto. Dicho expediente fue archivado en enero de 2014 por un defecto formal, pero la compañía volvió a presentar un nuevo plan con la intención de eludir parte de ese proceso de evaluación ambiental, según denunció el colectivo Alianza Mar Blava ante el MINETUR (Industria) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) en octubre del pasado año. Desde Industria explican a este diario que el MAGRAMA, les solicitó el pasado 19 de diciembre que se consulte a más organismos en el trámite de información pública, por lo que se ha lanzado el procedimiento de consultas a aquellas Administraciones y personas interesadas no consultadas inicialmente.

Éste es el segundo intento de Seabird Exploration por sacar adelante su proyecto después de que el primer expediente fuera archivado por un defecto formal

Uno de los que ha recibido la notificación de la Subdirección General de Hidrocarburos del MINETUR con la información sobre el proyecto  "Campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares" es precisamente Alianza Mar Blava, que aglutina entidades y asociaciones de los sectores público y privado de las Islas Baleares. El escrito, que ha podido ver Vozpópuli, viene acompañado por un DVD con información relevante del proyecto e informa de la apertura del periodo de consultas, para el que se dispone de un plazo de 30 días hábiles. Sin embargo, como explica a este diario el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, los consells de Ibiza y Formentera y otros Ayuntamientos afectados no han recibido nada. “Están haciendo una consulta reducida porque no quieren que haya información pública”, denuncia Bravo. Aunque no haya variado prácticamente nada, en teoría se considera como un nuevo proyecto, puntualiza.

Para el colectivo, saltarse el proceso de información pública sería un tremendo error ya que "desde que el proyecto inicial de Seabird fuera expuesto a información pública en el primer trimestre de 2013 se han producido    cambios significativos en el conocimiento del impacto de los sondeos acústicos sobre la fauna y ha habido un reforzamiento de la protección medioambiental de determinadas especies y de sus hábitats en el Mediterráneo”. Paralelamente, se ha producido una movilización social considerable que rechaza las prospecciones petrolíferas, a la par que ha aumentado la sensibilización de la sociedad sobre los riesgos y las consecuencias que puede acarrear para el entorno marino y el turismo este tipo de actividades. “Esto no puede ser ignorado”.

Por eso, la Alianza ha solicitado al órgano sustantivo que se anule la actual fase de consultas a los afectados e interesados y que se someta primero el proyecto al trámite de información pública para después, paralelamente, consultar a los anteriores. Mar Blava exige así cumplir con la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que en el artículo 36.1 establece que “el promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, que los someterá a información pública durante un plazo no inferior a treinta días, previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda y, en su caso, en su sede electrónica”. Asimismo, el artículo 37.1 indica que “simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas”. Según la normativa, el promotor debe contestar a todas esas alegaciones y después es el Ministerio de Industria quien recopila toda la documentación del expediente del proyecto (Estudio de Impacto Ambiental, alegaciones, respuestas, etc) y la traslada al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien debe estudiarla y emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en un plazo de entre 4 y 6 meses.

El pasado octubre, Mar Blava se dirigió formalmente a Industria y Medio Ambiente para impedir que el nuevo proyecto de Seabird se saltara varios pasos de la evaluación ambiental

El fondo de la cuestión es que éste es el segundo intento de Seabird Exploration por sacar adelante su proyecto. El primero se archivó en enero de 2014 porque se sobrepasó el plazo de 18 meses que marca la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para la realización de la fase de “estudio de impacto ambiental, información pública y consultas”. Entre el 11 de mayo de 2012, cuando la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCyEA) del MAGRAMA comunicó a la empresa que tendría que realizar un Estudio de Impacto Ambiental con una serie de aspectos a tener en cuenta y el 11 de diciembre de 2013, cuando el expediente de información pública 20110091 llegó al MAGRAMA, habían transcurrido en total 19 meses.

Según explica Bravo, cuando se archivó el anterior plan, “el promotor insistió y pidió que le dejaran presentar de nuevo el proyecto con la nueva ley y quiso que se diera por bueno el anterior proceso de información pública para no tener que repetirlo”. Para los organismos y asociaciones baleares, se trata de "un hurto" a la ciudadanía por el cual se la priva del derecho a alegar ante un proyecto tan lesivo para el medio ambiente y los intereses económicos de las poblaciones del litoral Mediterráneo.

 

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