PROYECTO DE SONDEOS EN EL GOLFO DE LEÓN

Primeras alegaciones contra otro proyecto de prospecciones: tiene errores, es obsoleto e inasumible

El proyecto de la compañía Seabird Exploration para realizar la adquisición sísmica frente a las costas de Cataluña y Baleares se encuentra en período de consultas. Organismos a los que se ha dirigido el Ministerio de Industria ya han presentado alegaciones y han criticado duramente tanto el proyecto como el estudio ambiental de la promotora.

Prospecciones petrolíferas en el Atlántico, cerca de las Islas Canarias.
Prospecciones petrolíferas en el Atlántico, cerca de las Islas Canarias. EFE

La tramitación del proyecto de adquisición sísmica en el Golfo de León sigue su curso, aunque envuelto en críticas. Para lograr los permisos que permitan a la compañía Seabird Exploration sondear el subsuelo marino en busca de hidrocarburos, la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) inició la fase de consultas, inicialmente dirigida solo a cuatro organismos y posteriormente ampliada a otras 28, pero no la ha hecho extensible al resto de ciudadanos mediante un proceso de información pública, como ya publicó este diario. A partir de este punto, comienzan a llegar las primeras alegaciones de las entidades consultadas. En ellas se critica duramente el plan, y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentados, así como el posible fraude de ley en el que se estaría tramitando el proyecto.

La Alianza Mar Blava, a la que están adheridos ayuntamientos y consells de las Islas Baleares, entidades privadas de distintos sectores y numerosos representantes de la sociedad civil, es una de las 28 entidades a las que la Subdirección General de Hidrocarburos amplió las consultas, después de un requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente ya que inicialmente solo se había dirigido al Consell de Menorca, al CEDEX, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y al Instituto Español de Oceanografía. Aun así, critican desde la alianza, sigue siendo una consulta “muy limitada” porque con su “actuación obstaculizadora de la participación pública” no han incluido por ejemplo a organismos tan afectados como la Comisión Balear de Medio Ambiente, ni a los gobiernos de Cataluña y Francia.

El proyecto podría vulnerar casi una decena de normativas europeas, según recogen las alegaciones del colectivo

La Alianza Mar Blava ha presentado un escrito de 35 páginas en el que carga contra el proyecto Campaña sísmica en áreas libres del golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares. Por un lado, sostiene que que “no debe ser considerado adecuado el breve documento de trece páginas cuya autoría profesional se desconoce por no recoger la relación de profesionales intervinientes, así como su titulación y experiencia en la materia”. En él -recoge el escrito- no ha participado ningún profesional especialista en acústica submarina que constituye el principal impacto del proyecto y tampoco está visado por el Colegio profesional. El plan también se considera obsoleto, ya que el proyecto que está en trámite con el visto bueno de Industria es el mismo que Seabird presentó en 2011 y que fue archivado definitivamente en 2014 por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. El colectivo asegura que si se quiere aplicar la Ley 21/2013 al proyecto presentado tiene que ser ex novo, como si se presentara por primera vez. “Sería una aplicación caprichosa y arbitraria del Derecho aplicar el Real Decreto Legislativo 1/2008 para la tramitación de la información pública y no hacerlo respecto de los efectos del acto administrativo de terminación y archivo de dicho procedimiento”. Si Industria y Medio Ambiente dan validez procedimental a unos trámites que no pueden tenerla, "se podría incurrir en responsabilidad penal". Desde Alianza Mar Blava reconocen a Vozpópuli que se podría hablar incluso de prevaricación. 

Por otro lado, desmonta lo que consideran el “pésimo” Estudio de Impacto Ambiental de Seabird al estar plagado de numerosas carencias y errores, lo que pone de manifiesto la “inviabilidad de las actuaciones”. Las alegaciones destacan entre otras deficiencias que: omite una gran cantidad de datos sobre las tendencias energéticas en España que justificarían la no necesidad de llevar a cabo el proyecto; no se menciona el deterioro y los riesgos ni quién asumiría los daños; el catálogo de especies afectadas es muy insuficiente; establece ineficaces medidas de mitigación solo para algunas especies e infravalora los efectos sobre la fauna y flora mientras sobrevalora la eficacia de las medidas propuestas. Además, la organización concluye que el proyecto podría vulnerar casi una decena de normativas europeas como el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, el Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, la directiva 2008/56/CE sobre la estrategia marina o la 92/43/CEE directiva sobre la conservación de hábitats, entre otras.     

El Estudio de Impacto Ambiental reconoce que el área de adquisición sísmica se solapa casi en sus dos terceras partes con el Corredor de Migración de Cetáceos, zona de alta protección  

Uno de los puntos más importantes es que el EsIA reconoce de forma expresa que el área de adquisición sísmica se solapa casi en sus dos terceras partes con el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, catalogado como de alta protección. La alianza considera en su escrito que “esta afección masiva del tramo Norte de este espacio protegido debería ser motivo suficiente para determinar el carácter desfavorable de la declaración de impacto ambiental y la consiguiente denegación de la autorización solicitada”. Dicho estudio justifica el proyecto porque “se ha identificado la posibilidad de que existan nuevos yacimientos de hidrocarburos”, como si la mera constatación de su existencia o de que la sociedad depende de los hidrocarburos hiciera imprescindible realizar exploraciones en todos los espacios marinos sea cual sea el coste ambiental de los impactos de la exploración y explotación de dichos hipotéticos nuevos yacimientos, reprocha el colectivo.

Coincidencia con otros proyectos

Cabe recordar que este proyecto no es el único que quiere meterle mano a las aguas del Mediterráneo. Mientras Seabird solo realizaría sondeos acústicos, muy cerca, en el Golfo de  Valencia, Cairn Energy -mediante su filial Capricorn Spain- ha solicitado los permisos de investigación de hidrocarburos. Un proceso aún pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental de Medio Ambiente (y ya van varios meses de retraso) que fue quien levantó en armas a la sociedad y al Gobierno balear. “Se puede sospechar que Cairn Energy haya encargado a Seabird el sondeo de otra zona mientras ella espera los permisos solicitados y así ahorrar tiempo”. Un plan que se vino abajo con el archivo del primer proyecto de Seabird, comentan las fuentes consultadas.  

Si coincidieran los estudios sísmicos de los tres proyectos que confluyen en el Mediterráneo, se generaría una red de contaminación acústica de más de 30 millones de hectáreas

El impacto aumenta al coincidir varios sondeos en el mismo área. Como señala la organización Oceana en las alegaciones presentadas en 2014 contra la campaña de adquisición sísmica 3D en el golfo de Valencia, “hay que tener en cuenta el efecto sinérgico de los efectos de diferentes zonas de estudios sísmicos al mismo tiempo. Mientras Cairn Energy realiza sus estudios en entre la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, la empresa Spectrum Geo Limited pretende realizarlo entre Cataluña y las aguas del norte, este y sur de Baleares. Y si se realizan otros en zonas abiertas a la exploración petrolífera como las del norte de Cataluña, Golfo de León y norte de Balares (cuyo permiso también ha sido solicitado por Cairn), se creará una red de contaminación acústica de más de 30 millones de hectáreas de la que será imposible escapar a decenas de miles de cetáceos y millones de otras especies”.

En qué consisten los sondeos

La adquisición sísmica o sondeos acústicos es la segunda fase de la búsqueda de hidrocarburos bajo el lecho marino, previa a la perforación. Los sondeos se realizan disparando burbujas de aire de alta presión mediante cañones de aire comprimido. Parte de esta energía acústica se refleja y se desplaza de nuevo a la superficie donde es registrada por hidrófonos, lo que proporciona a los geólogos detalles de las formaciones rocosas en el subsuelo. Las ondas acústicas emitidas durante este proceso son capaces de penetrar hasta 7.000 metros en el suelo marino y pueden llegar hasta los 265 decibelios y una frecuencia de entre 10 y 15 KHz. El ruido emitido es similar a explosiones de cargas de dinamita entre 30 y 100 kg. Pero los efectos que se han detectado a raíz de estas prácticas y de los que alerta el propio Ministerio de Medio Ambiente revelan aún mejor su impacto en la fauna: pérdida de equilibrio, desorientación, hemorragias internas, destrucción del oído interno, descompresión respiratoria, burbujas de aire en órganos y sistema circulatorio, y derrames cerebrales.


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