Nacional

El Gobierno castiga a las webs con enlaces a contenidos ilegales y la copia privada

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios. La reforma pretende reforzar la lucha contra la piratería y revisar el concepto legal de copia privada. 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Según el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, esta modificación parcial y urgente de la normativa se debatirá a partir de ahora con los sectores afectados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert ha indicado que este proyecto, que modifica los aspectos de la ley cuya modificación se consideran más urgentes, anuncia "una reforma de más calado integral" que se llevará a cabo durante esta legislatura.

La reforma presentada este viernes se dirige a tres frentes: mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra la piratería y una revisión del concepto legal de copia privada.

La regulación que propone el Ejecutivo concreta un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con las obligaciones que señale la norma como para las páginas web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de aquellos contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual. En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2% de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se preven cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros.

La reforma pretende también reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual, que recientemente cumplió un año, en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en Internet. Así, se contempla que la Comisión pueda requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios.

Las entidades de gestión, en contra de la nueva ley

Respecto a las entidades de gestión, la norma establece un catálogo detallado de las obligaciones que tienen que cumplir las ocho asociaciones de titulares de derechos de autor que en la actualidad están autorizadas, como, por ejemplo, la de difundir en su web las tarifas que fijen a los usuarios por la utilización de esos derechos y justificar esos precios con criterios objetivos.

En un comunicado, las entidades de gestión AISGE, AIE, DAMA, AGEDI, EGEDA, CEDRO, SAGEA y VEGAP han mostrado su disconformidad con la nueva normativa. Así, tachan la nueva ley de "improvisación" por parte del Gobierno y denuncian que "genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de otros países miembros" de la Unión Europea, que ya se pronunció en contra de la actual Ley de Propiedad Intelectual y acusan al Gobierno de no haber tenido en cuenta las directivas de la Comisión Europea a la hora de redactar el anteproyecto.

"Las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural", indica la nota. Asimismo, estas entidades consideran "que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de  una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo".


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