El partido de Rosa Díez agita en el Parlamento los privilegios del Concierto vasco y los socialistas el atraso de Extremadura

La oposición estrecha el margen a Rajoy para negociar con Cataluña un acuerdo fiscal que desactive la vía independentista

El presidente del Gobierno no lo va a tener fácil para negociar con Artur Mas un acuerdo fiscal con Cataluña que neutralice la pulsión soberanista. Los principales partidos de la oposición, conscientes del rosario electoral que se avecina, han empezado a jalear en el Parlamento las dificultades de financiación que atraviesan las comunidades más atrasadas e, incluso, a cuestionar la continuidad del Concierto Económico vasco.

Si la única solución que le ha expuesto Artur Mas a Mariano Rajoy para reducir la presión de Cataluña a favor de la consulta por el ‘derecho a decidir’ y la independencia ha sido la de alcanzar un acuerdo fiscal que beneficie a esta comunidad autónoma y le salve de los recortes, el camino a recorrer es muy estrecho, reconocen fuentes del Gobierno. Las sensibilidades después de la segunda Diada independentista están a flor de piel y la oposición ha empezado a mover sus fichas para tomar posiciones en el debate territorial que marcará, muy probablemente, los próximos meses con vistas al rosario electoral que comenzará en mayo con las europeas y culminará a finales de 2015 con las legislativas, incluido el escalón intermedio de las municipales y autonómicas.

Los socialistas y el resto de la oposición parlamentaria empiezan a tomar posiciones en el debate territorial que marcará los próximos meses de la legislatura

UPyD, el partido de Rosa Díez, ha puesto la directa al denunciar que, vía transferencias, el propio Estado es el que está financiando, aunque sea de forma indirecta, el proyecto secesionista en Cataluña, mientras que la Generalitat no garantiza a los ciudadanos que viven allí los derechos básicos relacionados con la sanidad y la educación. “A fin de cuentas,  Cataluña no deja de ser una comunidad rescatada por el Estado porque no se puede financiar en el mercado de deuda y el Gobierno, igual que hace la ‘troika’ con los países a los que rescata, debería poner límites”, se argumenta desde UPyD.

El partido de Rosa Díez va aún más lejos y defiende acabar no solo con la mala gestión de los recursos en Cataluña sino también con el Concierto Económico vasco y navarro. En opinión del diputado Carlos Martínez Gorriarán, es urgente garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan y a estas alturas nadie puede negar que debido al Concierto, tanto el País Vasco como Navarra disfrutan “de una sobrefinanciación que rompe con los principios fundamentales de cualquier Estado democrático y sostenible”. Desde esta premisa, UPyD anima al Gobierno a negociar la nueva ley del Cupo con unos correcciones que no acaben por perjudicar a las comunidades autónomas más atrasadas.

El partido de Rosa Díez argumenta que el Concierto vasco es algo anacrónico y que si el Gobierno no quiere eliminarlo tendría, al menos, que corregir la nueva ley del Cupo

Para UPyD, el Concierto es un anacronismo. Se remonta, recuerda al diputado Martínez Gorriarán, al arreglo que hizo Cánovas del Castillo durante la Restauración con las elites vascas y navarras para compensarles por la derogación definitiva de los fueros de la Tercera Guerra Carlista en 1876. Acuerdos muy parecidos se alcanzaron con las elites catalanas para conseguir una política proteccionista a favor de la industria textil, o con las castellanas para lograr también un mercado proteccionista del cereal. Mientras otros pactos fueron cayendo, el Concierto ha sobrevivido y ahora ha hecho que el País Vasco, con 2.100.000 habitantes, tenga nada menos que tres haciendas forales y haya dejado al Parlamento vasco sin competencias fiscales. El problema se agravó cuando en 2010, el expresidente Zapatero acordó con el PNV un blindaje de las normas forales que obliga a ir al Tribunal Constitucional a quien quiera recurrir la ley del Cupo.

A esta ofensiva contra el Concierto vasco que aprovecha los ecos de la Diada independentista en Cataluña, se ha sumado también la cruzada parlamentaria del PSOE contra la falta de recursos que sufren comunidades como, por ejemplo, la extremeña. En plena Diada, los socialistas interpelaron la semana pasada al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el impago de la “deuda histórica” a esta comunidad ya que, según sus cuentas, el  Gobierno ha reducido un 30% la inversión por habitante, ha suprimido el proyecto de alta velocidad y ha mermado en más de 700 millones los fondos que Extremadura recibía de Europa.

En el Gobierno se opina que las diferencias de renta y de tasas de paro entre comunidades no proceden de la financiación, sino del impacto de la crisis sobre el tejido industrial de cada autonomía

Fuentes socialistas inscriben esta batalla en el próximo debate de los Presupuestos de 2014, que se solapará con las reivindicaciones de Cataluña y con los contactos que Artur Mas y Mariano Rajoy seguirán manteniendo a través de sus intermediarios para intentar alcanzar un acuerdo fiscal que sirva para enterrar la senda independentista ratificada en la reciente Diada. Desde el Gobierno se afirma que no está en su agenda la revisión de la arquitectura institucional pues, pese a su complejidad, ha permitido un alto nivel de prosperidad en España, como tampoco figura en su guion acabar con el Concierto vasco. El criterio que prevalece en Hacienda es que las diferencias de renta entre comunidades, así como las distintas tasas de desempleo, no obedecen a los regímenes de financiación, sino a la forma en que la crisis ha impactado en el tejido industrial de cada autonomía, como lo demuestra que Madrid sea la primera comunidad en renta per cápita sin tener una hacienda foral o que en los años ochenta el País Vasco, que sí la tiene, no se viera protegido por ella de la crisis industrial.


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