Interior asume que la excarcelación del secuestrador de Ortega Lara es "inminente"

La puesta en libertad de Josu Uribetxebarría Bolinaga, el etarra encarcelado desde 1997 por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, es "inminente". Así lo han reconocido en las últimas horas en privado altos cargos del Ministerio del Interior, que han recalcado a sus interlocutores que los recientes estudios médicos sobre la evolución del cáncer que sufre el preso, y que le dan sólo un 10% de posibilidades de vivir más de un año, recomiendan su excarcelación a la mayor brevedad posible. De hecho, y aunque hasta hoy no se reunirán para redactar su informe, varios de los miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa (Vitoria) de la que depende el preso ya han hecho saber que se decantarán por esta solución dado el evidente carácter terminal del recluso, que lleva nueve días en huelga de hambre y que actualmente está ingresado en el Hospital Donosti, de San Sebastián.

Los técnicos de Prisiones que hoy emitirán un informe sobre la salud del etarra se decantan por su puesta en libertad

Ayer fue, de hecho, un día en el que varios de los protagonistas que deben participar en la decisión final de la excarcelación del preso dejaron ver con sus declaraciones y actos que los plazos para tomar la misma se habían acortado. A primera hora de la mañana, el Gobierno Vasco, de quien depende el centro sanitario donde se han hecho las últimas pruebas a Uribetxebarría, hacía pública una escueta nota en la que aseguraban que el estado del éste era "estable" pero "irreversible". El Ejecutivo de Vitoria, que en los últimos días ya había reclamado la puesta en libertad del recluso por motivos humanitarios, anunciaba también que había dado traslado de manera urgente a Instituciones Penitenciarias del informe médico en el que los facultativos confirman su carácter terminal. “En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueve meses. Y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%”, aseguraba textualmente el estudio médico.

A última hora de la mañana, el magistrado Santiago Pedraz, quien sustituye al titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional hasta el domingo --a partir del lunes será el juez Ismael Moreno quien asuma ese papel--, dictaba una providencia en el que pedía a Interior que le facilitase este informe médico y que, además, se pronunciase sobre la posible aplicación al etarra del artículo 104.4 del reglamento penitenciario, que recoge la concesión del tercer grado a los presos "enfermos muy graves con padecimientos incurables", paso previo necesario para que la AN decida sobre su puesta en libertad. Poco antes, se había conocido el contenido de un escrito enviado por el fiscal Jesús Alonso para recabar nuevos datos antes de tomar una posición, entre ellos una valoración de los médicos sobre si el recluso podría ser tratado de su grave dolencia en prisión.

"La última palabra" 

El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hacía poco más tarde unas declaraciones a TVE en las que aseguraba que su departamento tomará "dentro de la ley" una decisión sobre el futuro penitenciario de Uribetxebarria este mismo viernes, tan pronto como reciba el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión. No obstante, Fernández Díaz recalcó que "la última palabra" sobre la puesta en libertad del preso la tendrá finalmente el juez. Por la tarde, portavoces de Instituciones Penitenciarias destacaban que la excarcelación de reclusos etarras por razones humanitarias o por enfermedad grave no es, ni mucho menos, algo "inusual" y facilitaban el dato de que desde 1996 ya se había aplicado dicha medida a 23 reclusos de la banda. 

No obstante, de producirse finalmente la puesta en libertad del secuestrador de Ortega Lara, éste sería el primer terrorista que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pone en libertad por razones de salud. Por ello, el Gobierno intenta 'atenuar' los efectos negativos de esta excarcelación ante la opinión pública y, en este sentido, prefiere la opción de colocar al recluso una pulsera de control telemático, a semejanza de lo que se ha hecho con los otros once presos etarras que actualmente cumplen las penas en su domicilio bajo la figura legal de 'prisión atenuada'. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Elkoro Unamuno, uno de los fundadores de la ilegalizada Herri Batasuna, quien en octubre de 2010 abandonó el centro penitenciario donde estaba recluido tras detectársele un cáncer de próstata y, desde entonces, lleva una de estos mecanismos de control. Sin embargo, esa posibilidad está también en manos de la Audiencia Nacional, que puede adoptarla si el fiscal lo solicita expresamente.

Mientras tanto, la izquierda abertzale redobló a los largo del día de ayer sus actos de protesta para exigir la libertad de Uribetxebarria. Herrira, el colectivo de apoyo a los reclusos de ETA, hizo pública la convocatoria para el próximo sábado de una manifestación por las calles de Bilbao para que "no se repita nunca más el terrible caso" del secuestrador de Ortega Lara. Por su parte, la candidata de EH Bildu, Laura Mintegi, exigía a las puertas del hospital donde está ingresado el etarra la inmediata puesta en libertad de éste. Desde Pamplona, el dirigente de Batasuna, Pernando Barrena, hacía lo mismo en rueda de prensa, mientras un nutrido grupo de presos de la banda seguían con sus actos de protesta dentro de las cárceles.

En este sentido, fuentes políticas vascas criticaban ayer a este diario la falta de reflejos del Gobierno de Madrid en un "caso de libro" en el que la puesta en libertad "es inevitable". En su opinión, esta "torpeza" del Ejecutivo ha permitido que la izquierda abertzale rentabilice políticamente el caso: "Van a poder exhibir la libertad de Uribetxebarria como un éxito de sus protestas y, por tanto, dar la imagen a sus bases de que aún tienen capacidad de influencia".