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La Abogacía del Estado reclama 2.152 millones por los daños de la catástrofe del Prestige

Justifica las reclamaciones del Estado español en los 1.213 millones en los que cuantifica el daño medioambiental, a los que habría que sumar los 812 millones que se gastaron en hacer frente a la catástrofe y otros 128 destinados a compensar los paros de actividad por el accidente, especialmente en el sector pesquero.

La Abogacía del Estado reclama 2.152 millones por los daños de la catástrofe del Prestige
La Abogacía del Estado reclama 2.152 millones por los daños de la catástrofe del Prestige Europa Press

La Abogacía del Estado reclama 2.152 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados por el Prestige a la propietaria del buque, Mare Shiping. Así lo ha indicado en sus conclusiones del juicio por el siniestro el abogado del Estado Javier Suárez, quien ha destacado que "hay instrumentos para exigir responsabilidad ilimitada".

En la sesión de este martes, el abogado del Estado ha leído las conclusiones en materia de responsabilidad civil, después de que el pasado jueves se centrase en las reclamaciones penales, cuando solicitó una pena de seis años de prisión para el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y seis meses para el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos. En la lectura de sus conclusiones, Suárez ha justificado las reclamaciones de 1.213 millones por daño medioambiental, 128 para compensar los paros de actividad por el accidente y 812 para cubrir el importe que se gastó en hacer frente a la catástrofe.

El abogado del Estado ha señalado que existen "instrumentos" al alcance de la Justicia para exigir "responsabilidad ilimitada" a la empresa propietaria del buque. Asimismo, cifra en mil millones de dólares (unos 763.000 millones de euros) el límite de la indemnización, en base a lo establecido en la póliza que Mare Shipping suscribió con una aseguradora London P&I Club por el buque. Hasta el momento, la aseguradora ha depositado 22 millones de euros en el juzgado de Corcubión, lo que hizo días después del accidente en función del tonelaje del Prestige y el riesgo de daño.

"El límite sería el convencionalmente establecido en la póliza", ha asegurado Javier Suárez, que apuesta por aplicar el Código Penal español o el Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992, al que España está suscrito, con el objetivo de lograr las indemnizaciones. En este sentido, la abogacía del Estado ve "razonables" y "viables" las dos interpretaciones y, al igual que la Fiscalía, entiende que la condena a Mangouras es la única alternativa para conseguir que la armadora haga frente al pago de la indemnización.


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