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El Gobierno desmiente a la UE su rebaja de impuestos: la presión fiscal subirá otro 1% hasta 2017

La rebaja de impuestos que anuncia el Gobierno es, en realidad, una subida. El Ejecutivo confiesa en la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que la presión fiscal subirá desde el 33,9% actual hasta un 34,7% en 2017, gracias a impuestos medioambientales y a tasas sobre transacciones financieras. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla con el de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla con el de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso EFE

La rebaja de impuestos que anuncia el Gobierno es, en realidad, una subida. Es lo que confiesa el Ejecutivo en la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que ha vuelto a remitir a la Unión Europea en plenas vacaciones de Navidad. En ese documento de 108 folios, el Gobierno reconoce que la presión fiscal subirá desde el 33,9% actual hasta un 34,7% en 2017.

La evolución anual marca que:

  • En 2015, año de la supuesta rebaja de impuestos, la presión fiscal aumenta un 0,3% gracias a impuestos medioambientales y a tasas sobre transacciones financieras.
  • En 2016, segundo año en que el Ejecutivo aseguraba bajar tasas, esa presión se incrementará hasta el 34,5%, un 0,6% más que en 2014.
  • Y finalmente, en 2017, la subida de impuestos alcanzará un 0,8% más que en la actualidad.

El motivo de que aumente la carga impositiva está en que tanto el Gobierno como autonomías y ayuntamientos subirán otros tributos para compensar la pérdida de recaudación derivada de la rebaja del IRPF, algo que había negado públicamente el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en el documento remitido a Bruselas se admite que la carga impositiva terminará siendo mayor no sólo cuando se mide en ingresos totales –una mayor recaudación que el Ejecutivo justifica con la recuperación económica—sino también cuando se analiza el porcentaje de impuestos sobre el PIB.

Entre los tributos que suben se citan las tasas a las transacciones financieras y la llamada “fiscalidad medioambiental”, en especial, la que recae sobre grandes superficies y grandes comercios. En sus observaciones, el Gobierno responsabiliza a las autonomías al asegurar que “diversas CC.AA. han introducido tributos propios a lo largo del período  2012-2014, muchos de ellos de carácter medioambiental. Así, por ejemplo, se aprecia una generalización de gravámenes sobre grandes superficies comerciales, instalaciones eléctricas, residuos, etc. Una mayor racionalización en este tipo de impuestos es deseable”, concluye. 


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