Publicado: 02/07/2013 04:00
El Fiscal General del Estado ha dado orden de perseguir la venta de participaciones preferentes. Y lo ha hecho creando un grupo especial dedicado a analizar este tipo de delitos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la fiscalía. En ese grupo se integran el Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, representantes de la Fiscalía Anticorrupción y delegados de las fiscalías en las diferentes provincias en que se ha comercializado el producto.
La fiscalía persigue "la comercialización no la ideación", según fuentes del organismo
El grupo tiene la instrucción de perseguir la "comercialización" pero no la "ideación”, es decir, que pretende examinar cómo se vendieron las participaciones preferentes pero no su diseño. Eso significa que están siendo objeto de análisis los contratos de compra-venta pero no los del diseño del producto realizado por las entidades.
La consecuencia jurídica de esa instrucción es que la fiscalía pretende perseguir casos concretos de venta de preferentes y no categorías generales del diseño del producto. Dicho de otra forma, se da preminencia a la persecución caso a caso en lugar de a la agrupación de macro-procesos, grandes acciones colectivas o arbitrajes.
La actitud de la fiscalía, criticada por los jueces
A pie de juzgado, las juntas de jueces consultadas ya han protestado –como publicó Vozpópuli, porque consideran que la estrategia del Gobierno que ahora reforzará la fiscalía puede suponer un colapso de los tribunales. En España hay unas 700.000 víctimas de las participaciones preferentes y sólo unos 105.000 afectados plantean recurrir a la conciliación. Eso significa que casi 600.000 tendrían que recurrir a la justicia.
De igual modo, los magistrados que instruyen algunas de las causas han reprochado al ministerio público su posición. En el caso Bankia, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, reprochó al fiscal que no viera indicios de delito en la venta de preferentes: “no puede descartarse la relevancia penal sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial”, concluía el juez.
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