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El Congreso convalida el decreto de Preferentes que avala la quita a los pequeños ahorradores de hasta el 61%

La medida ha sido rechazada por el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto, que critican fundamentalmente que se aplique una quita a los pequeños ahorradores en lugar de devolvérseles la totalidad de su inversión. El Gobierno señala que los colectivos "especialmente vulnerables" tendrán prioridad para acceder al arbitraje.

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero con el voto favorable de PP, CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, y la abstención del PNV. Tras un largo debate de casi tres horas, los 'populares' han conseguido recabar el respaldo de los nacionalistas catalanes y también de Foro Asturias y UPN, con los que han sumado 186 votos frente al rechazo de los 114 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto. Los diputados del PNV han optado por la abstención.

Además, los 'populares' también han rechazado la petición de que el decreto se tramitara como proyecto de ley para introducir modificaciones, solicitud que sí han respaldado el resto de grupos de la oposición.

Los partidos que se han opuesto al decreto de Preferentes critican fundamentalmente que se aplique una quita a los pequeños ahorradores en lugar de devolvérseles la totalidad de su inversión. UPyD ha anunciado incluso que presentará una querella criminal en la Audiencia Nacional contra todos los que "comercializaron, promovieron, estimularon la comercialización y miraron para otro lado" sin darse "por enterados" ante esta "estafa".

En las entidades nacionalizadas, al realizar el canje por acciones, los titulares de preferentes van a sufrir una quita en la cantidad que invirtieron, que será del 38% en el caso de Bankia, del 61% en CatalunyaBanc y del 43% en NCG.

El arbitraje permitirá recuperar los ahorros según Guindos

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que la solución que introduce el decreto a través del arbitraje es rápida y eficaz, y ha pronosticado que permitirá a muchos de los afectados recuperar sus ahorros, lo que se sumará a los efectos positivos de las medidas ya adoptadas por su departamento para evitar que este tipo de casos se repitan en el futuro.

Para ello, se crea una comisión de seguimiento que se reunirá por primera vez el próximo miércoles para definir los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje, previendo un procedimiento rápido para colectivos "especialmente vulnerables", que tendrán prioridad para acceder al arbitraje.

En concreto, podrán beneficiarse antes de la medida los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos. También se permitirá acudir al arbitraje a los titulares de preferentes de Bankia que fueron obligados a canjearlas por acciones a principios de 2012.

La solución del Ejecutivo pasa así por aceptar un canje de preferentes por acciones aceptando una quita y, posteriormente, acudir a Bolsa o al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para recuperar la liquidez de sus títulos a precio de mercado. No obstante, quienes puedan demostrar que fueron estafados podrán acudir al arbitraje para optar a recuperar la totalidad de su inversión.

Para que el FGD pueda hacer frente a esta nueva obligación, el decreto incluye una derrama extraordinaria de las entidades financieras del 3 por mil de sus depósitos, hasta alcanzar una cifra de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. El 40% de la contribución se deberá hacer en los primeros 20 días del año próximo y el 60% restante, en un plazo máximo de siete años desde entonces, de acuerdo con el calendario de pagos que fije la comisión rectora del FGD, que también podrá decidir deducciones para las entidades nacionalizadas, para las que tienen balances inferiores a los 5.000 millones de euros o para las que hayan hecho aportaciones al Sareb.

Con relación al 'banco malo', el decreto también "completa el régimen de transmisión de activos" y "clarifica la situación en que quedaría si una entidad bancaria que transmita activos entra en concurso de acreedores".


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