Hacienda echa mano del fin de ETA para quitar los extras a los policías del Norte

Cualquier excusa en buena para recortar. El Ministerio de Hacienda ya ha comunicado a Interior que no piensa dar trato de favor a ningún colectivo de funcionarios y que el tijeretazo del Real Decreto del pasado 13 julio afectará también a policías y guardias civiles, a pesar de ser conscientes de la '"singularidad" del trabajo de éstos. Y los primeros que van a notar esa 'no diferenciación' serán los agentes destinados en el País Vasco y Navarra, para los que el departamento que dirige Cristobal Montoro tiene una desagrable sorpresa preparada: suprimir los 30 días de permiso extras que disfrutaban desde los años 80 por estar destinados en "zona conflictiva". El argumento esgrimido por los responsables de las finanzas es que con el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, que ha llevado a Interior a reducir de manera considerable el número de personas escoltadas, no tiene sentido mantener estas libranzas.

Interior reconoce a los sindicatos que ve "muy complicado" convencer a Montoro para que conserve el permiso por 'zona conflictiva'

La propuesta de Hacienda de suprimir dicho permiso fue abordada el pasado lunes en una reunión entre el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y dos miembros de su equipo con representantes de los cuatro principales sindicatos de la Policía. Éstos mostraron su rechazo frontal a la medida, pero Cosidó les reconoció que, aunque estaban "peleando" con el departamento de Montoro para intentar conservar este extra, veía "muy complicado" que se mantuviera. De hecho, la firmeza de Hacienda fue el principal argumento esgrimido por la Dirección General para mostrarse pesimista respecto a la posibilidad, no sólo de salvar este permiso, sino también otros extras que los agentes reciben desde hace años. También están en el aire los tres días de Navidad y los tres de Semana Santa que todos los policías reciben en virtud de la peculiaridad de su jornada laboral.

La noticia de la posible supresión de los 30 días de 'permiso por zona conflictiva' ha caído como una jarro de agua fría entre los agentes destinados en el País Vasco y Navarra, como pudo constatar ayer Vozpópuli. Estas libranzas, junto a un plus económico, fue instaurado en los años 80 dentro del Plan ZEN (Zona Especial Norte) para conseguir que policías y guardias civiles vieran ambas comunidades como destinos atractivos y, de paso, combatir el llamado 'síndrome del norte' causado por la actividad terrorista de ETA. Desde entonces, se había mantenido y los agentes podían disfrutar de estas jornadas de asueto extras por días o semanas sueltas siempre que 20 de ellos se las tomaran antes del periodo vacaciones de verano y las diez restantes a partir del otoño. "Si terminan eliminando este permiso, más de la mitad de las plantillas del País Vasco y Navarra va a pedir el traslado. En Guipúzcoa, seguramente muchos más", señalaba ayer a este diario un policía destinado en el País Vasco.

Según este agente, la excusa de ETA esgrimida por Hacienda es, precisamente eso, una excusa. "La banda ni se ha disuelto ni ha entregado las armas. Y, además, aunque no vuelva a atentar, la situación que se vive en ambas comunidades no es de normalidad. Yo no puedo ir a pedir una subvención o una ayuda para mis hijos porque todo el mundo se enteraría que soy policía y esta profesión, todavía, es un estigma en el País Vasco y Navarra", reconocía este agente dispuesto, aseguró, "a movilizarse donde haga falta para que Hacienda no acabe con ella". 

El antecedente de las capuchas

No es la primera vez que el fin de ETA es esgrimido  para cambiar la situación laboral de los policías destinados en estas dos comunidades. Los integrantes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao recibieron la pasada Semana Santa una orden verbal para que dejaran de utilizar la capucha en los controles que realizan en la calle así como en las detenciones de sospechosos de terrorismo, según adelantó Vozpópuli el pasado 30 de abril. Poco después, idéntica instrucción era transmitida a los agentes destinados en la lucha antiterrorista en Guipúzcoa, según confirmaron entonces fuentes policiales a este diario. El malestar no tardó en exteriorizarse entre éstos, sobre todo porque los miembros de la Ertzaintza y de la Guardia Civil seguían usando dicha prenda.

El 26 de abril, sus quejas llegaron de la mano de los representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a la reunión del pleno del Consejo de la Policía, al que asistieron el propio Ignacio Cosidó, y su mano derecha, el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo. Según denunciaron a este diario varios agentes afectados, la medida se justificó ante ellos como un intento "por mejorar la imagen" del Cuerpo tras los incidentes con estudiantes de la llamada 'primavera valenciana'. El comisario Pino aseguró entonces tener constancia de dicha instrucción, pero negó que hubiera partido de Madrid, y remitió días después una nota a las plantillas de ambas comunidades para "aclarar el asunto".

Ya entonces, los altos responsables de Interior reconocieron que el trabajo de los agentes destinados en el País Vasco y Navarra no tiene nada que ver con la del resto de España y, por tanto, que el uso de la capucha por su parte "estaba más que justificado". La instrucción de 'fuera capuchas' quedó, de este modo, en nada. Ahora, los agentes aspiran a que ocurra lo mismo con la supresión del permiso de 'zona conflictiva'.