Los socialistas hablan de "ocupación" del órgano de gobierno de los jueces y Rosa Díez de "atraco a mano armada"

Gallardón deja aislado al Gobierno en la reforma del Poder Judicial después de jugar con el falso apoyo de Rubalcaba

El ministro de Justicia no solo se ha dejado pelos en la gatera en la reforma de la ley del aborto, también ha colocado al Gobierno en una isla con la defensa de su reforma del Poder Judicial que ahora viaja camino del Senado con el voto solitario del PP. Toda la oposición ha dado por muerta la división de poderes cuando después del verano, si nadie lo remedia, el máximo órgano de gobierno de los jueces se renueve bajo las reglas aprobadas ayer por el Congreso.

Alberto Ruiz-Gallardón ni siquiera asistió al debate, consciente de que todos los grupos parlamentarios de la oposición iban a sacarle los colores. La más agria fue la diputada Rosa Díez: “Hoy se consuma un atraco a mano armada perpetrado por el notario mayor del reino y el registrador de la propiedad de Santa Pola”, señaló en referencia al ministro de Justicia y a Mariano Rajoy. “Esto es la ocupación del Poder Judicial, un golpe mortal a su independencia”, sentenció el diputado socialista Julio Villarrubia. Todos los grupos de la oposición, sin excepciones, han lamentado que la elección de los nuevos vocales del Consejo vaya a quedar en manos del Gobierno, a espaldas de la mayoría de los partidos y también de las cuatro asociaciones judiciales. Ocho de los 20 vocales serán elegidos por el Parlamento, donde el PP opera con mayoría absoluta, y el resto por la carrera judicial. La mayoría se dedicará a esta labor solo a tiempo parcial.

"Esto es un atraco a mano armada perpetrado por el notario mayor del reino y el registrador de la propiedad de Santa Pola", ha sentenciado Rosa Díez

Los socialistas se han tomado muy mal este nuevo entierro de Montesquieu, casi treinta años después de que, recién llegados al poder, encararan la primera reforma del Poder Judicial mediante cauces parlamentarios que han consolidado su permanente politización. Hace dos meses, esperanzados en que el reparto de la tarta en el Consejo que les propuso el ministro de Justicia iba a ser más ecuánime, Alfredo Pérez Rubalcaba habló con Gallardón y envió a dos diputados, Julio Villarrubia entre ellos, al despacho de la calle San Bernardo. La negociación se rompió cuando el PSOE conoció que, a pesar de todos los enjuagues prometidos por el ministro, el PP impondría su mayoría absoluta para la elección de los nuevos vocales. “Lo que más nos ha molestado es que Gallardón haya estado engañándonos a todos. A las asociaciones les aseguraba que había alcanzado un pacto con Rubalcaba y a Alfredo le decía que en el acuerdo también entrarían los representantes de los jueces. Al final, todo ha sido un juego de trileros”, comentan fuentes socialistas.

El PSOE se ha tomado mal el nuevo entierro de Montesquieu: "Se ha dado un golpe mortal a la independencia del órgano de gobierno de los jueces"

Cuando el Consejo se renueve en septiembre, habrá un núcleo duro formado por los seis vocales de su comisión permanente que controlará las principales decisiones, sobre todo las relacionadas con el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia así como con las sanciones disciplinarias a los jueces, sin olvidar que también tendrá la última palabra en los informes sobre proyectos que el Gobierno remita al Congreso, como los que ahora se estudian sobre la nueva ley del aborto, la ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal.

Los nacionalistas vascos y catalanes, escocidos por el escaso entusiasmo demostrado por Gallardón a favor de la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial, han interpretado “la toma” del Consejo por parte del Gobierno como “una alerta temprana” para las nuevas generaciones de jueces que están refutando algunas novedades legislativas tan sensibles como las vinculadas a los desahucios, la reforma laboral o algunos casos de corrupción.

Los nacionalistas están escocidos por los obstáculos que Justicia les pone para crear consejos autonómicos del Poder Judicial

El mutis por el foro hecho este miercoles por el ministro de Justicia en el debate solo sirvió para airar todavía más a los grupos de oposición, buena parte de los cuales han prometido conducir la reforma hasta el Tribunal Constitucional. Hace dos meses, cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros, Gallardón vaticinó que sería avalada por una amplia mayoría de fuerzas políticas, una previsión que ha errado por los cuatro costados.


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