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Hacienda verifica la denuncia de la oposición venezolana: el pago de 10 millones a Podemos

Hacienda, anuncia Cristóbal Montoro, verificará la denuncia de la oposición venezolana, que apunta que Podemos recibió 10 millones de euros del régimen chavista. El escrito implica a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, y Luis Alegre. 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Gtres

La denuncia por la oposición venezolana sobre la presunta financiación irregular desde el régimen chavista a Podemos ha dado pie a que Cristóbal Montoro, que ha recibido un escrito en esos términos, anuncie que Hacienda verificará lo que hay de cierto en tal acusación. Esto podría dar lugar a una investigación en toda regla si se determina que la denuncia tiene base. El escrito implica con nombre y apellidos a los dirigentes Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.

Cuatro diputados venezolanos, Julio Montoya, Alfonso Marquina, Richard Arteaga y Manuel Román, han presentado una denuncia ante la fiscalía de su país en nombre de la fracciónMovimiento Primero Justicia en la que se hacen eco de "las denuncias referidas al financiamiento del partido político español Podemos por parte del Gobierno nacional".

El texto, a renglón seguido, cita con nombre y apellidos a tres dirigentes de Podemos: "En concreto, las denuncias incluyen a los ciudadanos españoles Pablo Iglesias, Juan Carlos Montoro y Luis Alegre, quienes se estima que han recibido financiamiento por parte del Gobierno Venezolano en una cifra cercana a los diez millones de euros".

Distintas pruebas documentales

"De las mencionadas denuncias", añade el escrito de los cuatro diputados, "han surgido distintas pruebas documentales y audiovisuales, que han despertado inquietud tanto en el pueblo venezolano, como en el Gobierno y en el pueblo español".

El texto luego proclama que "constituye un hecho público y notorio la contratación de servicios de asesoría por parte del Gobierno nacional a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, cuyas siglas son CEPS. Así como las conexiones internas que facilitaron dichos procedimientos en más de ocho organismos del estado, recursos que involucran más de 12 millones de euros".

Esta cifra supondría triplicar las cifras oficiales de subvenciones recibidas desde Venezuela según las cuentas de la fundación, ya publicadas por Vozpópuli, que las cifran en 4,2 millones.

Por tanto, la suma denunciada por la oposición venezolana de pagos a CEPS, de confirmarse, abriría una vía de pagos extraoficiales y opacos

Por tanto, la suma denunciada por la oposición venezolana de pagos a CEPS, de confirmarse, abriría una vía de pagos extraoficiales y opacos. Entretanto, en el seno del Tribunal de Cuentas ya se escuchan opiniones favorables a extender la investigación de las cuentas de Podemos a la fundación CEPS, en cuya dirección se ha sentado la que luego fue plana mayor de Podemos. De hecho, CEPS seguía contratada por el Gobierno de Venezuela a 31 de diciembre de 2013, a meses de registrarse Podemos.

Los diputados opositores recuerdan su legitimidad para plantear tal denuncia: "En virtud de nuestra función controladora, establecida en el artículo 187 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que a los diputados nos corresponde "ejercer funciones de control sobre el Gobierno y las administración pública nacional en los términos consagrados por esta y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca".

La oposición venezolana apunta cuál sería el meollo delictivo: "En virtud de lo establecido en el artículo 7 de financiaciones de partidos políticos de España, en el cual se establece que los partidos políticos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos, se investiguen los hechos y, siendo ciertos los mismos, se proceda a la ley penal correspondiente con los ciudadanos venezolanos que estuvieran involucrados en los hechos denunciados".


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