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Las bases de Podemos dan un giro a la derecha: plantean evaluaciones de los funcionarios

Los simpatizantes del partido de Pablo Iglesias debaten sobre una reforma de la función pública. Reclaman pruebas de aptitud tras "cinco o siete años" en un mismo puesto. Abogan por cursos de formación y reciclaje para los que suspendan los test. Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.

La tormenta de ideas (brainstorming) ciudadanas en que ha convertido Podemos la confección de su programa electoral para las próximas citas no amaina ni se toma un respiro por vacaciones. La red creada por el partido de Pablo Iglesias continúa poniendo sobre la mesa propuestas arriesgadas, ideas que las formaciones tradicionales no se atreven a sugerir, pero que están presentes en las conversaciones de una calle que pide cambios y regeneración democrática a gritos. Una de las últimas iniciativas que han generado más expectación, y a la vez opiniones cruzadas, entre los seguidores de Podemos es la de revisar la capacidad de los funcionarios "acomodados en su puesto de trabajo sin haber avanzado en sus conocimientos".

La postura más compartida por los militantes del partido del círculo es aquella que ve necesidad de realizar evaluaciones periódicas a los empleados públicos (hablan de someterse a ellas tras "cinco o siete años" en un mismo puesto) pero sin llegar a la expulsión o sanciones severas en caso de no superar dichas pruebas. En dichas situaciones, la mayoría se decanta por contrarrestar esa pérdida de aptitud con la realización de cursos de formación y otros planes de reciclaje. Una visión que resume esta afirmación de un simpatizante: "Las oposiciones que se pasan en la pública, se pasan diariamente en la privada. No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes".

"No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes", afirma una de las voces secundadas

En cambio, hay quienes van más allá y dejan la puerta abierta a penalizaciones. En esta línea, un funcionario en excedencia que trabaja en un organismo europeo apuesta por "un sistema que permita premiar a los buenos (no a los que hacen su trabajo, sino a los que hacen más que lo que deberían o sus resultados son mejores de lo que se espera de él), y uno que degrade a los malos". Según comenta, en la institución europea donde está destinado hay una evaluación "transparente e independiente anual", que lleva aparejada una puntuación. Y tras varias evaluaciones positivas, añade, se puede ascender (horizontalmente), lo que equivale a mayor sueldo. Por contra, precisa, si los resultados son negativos ocurre lo contrario, "e incluso te pueden echar".

En este contexto, otro seguidor de Podemos se muestra en contra de la expulsión, pero reclama una especie de sanción similar al "demérito" que ya aparece recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "No me perece ni conveniente ni prudente (la expulsión)", sostiene, pero sí cree que "un funcionario que ha perdido la cualificación para el desempeño de una actividad debe ser degradado hasta el cargo y situación donde ese funcionario pueda desempeñar su tarea". El artículo 96.1 del EBEP contempla como sanción por falta grave (la que prescribe a los dos años) la figura del demérito, que "consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria".

De otro lado, también surgen voces que rechazan estos planteamientos y muestran su indignación con todo lo que sea establecer un mayor control sobre los funcionarios. Aquí, un activista señala que el "haber 'aprobado un examen', en la inmensa mayoría de los casos (enchufados aparte), supone a los funcionarios meses, a veces años, de preparación, y por supuesto eso debe darles derecho a una estabilidad laboral". En este sentido, el mismo simpatizante lamenta que muchos ignoren que "ya existe un régimen sancionador y un catálogo de derechos y deberes de los funcionarios". "Sólo es necesario aplicarlo y punto", apostilla.

"Cualquier gobierno se frotaría las manos si contara con la posibilidad de evaluar el trabajo de los funcionarios", advierten los críticos con la propuesta

Otro descontento con la propuesta de evaluar a los funcionarios critica que "la gente sigue pensando que la Administración hay que cambiarla por abajo, sin darse cuenta que sus cánceres están en las cúpulas de jefes y/o jefecillos con altos pluses y que provocan que sus subordinados lleguen a desmotivarse en demasiadas ocasiones y no consigan reciclarse en las tareas que tienen que realizar". "El control, que empiece como casi siempre por arriba...", reclama. 

Ante ello, hay quien considera este debate más propio del Partido Popular y "más de derechas que Aznar". De ahí, la advertencia de que "cualquier gobierno se frotaría las manos si contara con la posibilidad de evaluar el trabajo de los funcionarios y determinar, según afinidades, quién sigue o no sigue en su puesto".

Esta oposición a la idea de realizar test es expresada también por los principales afectados, funcionarios que sintonizan con Podemos. Uno de ellos señala que "no es justo que nosotros, los que nos curramos un puesto de trabajo al que todo el mundo puede optar (con los estudios requeridos), los verdaderos funcionarios (maestros, médicos, bomberos, administrativos) que no hemos sido escogidos a dedo como algún otro, que los hay, seamos los culpables de toda la crisis".

Primera fuerza entre los empleados públicos

De momento, el perfil medio del alto funcionario y personal técnico de la Administración se inclina por Podemos para las próximas elecciones generales. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el correspondiente al mes de julio, el partido de Pablo Iglesias se sitúa como primera opción entre los "empresarios con asalariados, altos funcionarios, altos ejecutivos y profesionales por cuenta propia" (17%) y en el grupo de los "cuadros medios" de la función pública y "profesionales y técnicos por cuenta ajena" (13,3%). Es precisamente el PP el partido que le sigue aquí más de cerca con un respaldo del 17,7% y 9,6%, respectivamente. El PSOE apenas genera un apoyo del 4,2% y 4,8%.


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