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Speenhamland, Euskadi y Podemos... o por qué es tan difícil implantar una renta básica

La experiencia del País Vasco y la historia de un pequeño condado de Inglaterra en el siglo XVIII se antojan harto relevantes a la hora de entender mejor el debate sobre la aplicación de una renta de garantía tal y como la propone el partido de Pablo Iglesias.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a los miembros de su equipo, Tania González, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, durante el acto de clausura de la Asamblea Ciudadana
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a los miembros de su equipo, Tania González, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, durante el acto de clausura de la Asamblea Ciudadana Efe

¿Podríamos permitirnos una renta básica universal tal y como la propone el partido liderado por Pablo Iglesias? Pues a razón de unos 400 euros al mes en 12 pagas, el coste de la iniciativa ascendería a los 240.000 millones de euros, una cantidad que prácticamente supera todo lo que se gasta el Estado en pensiones y empleados públicos juntos.

La cifra es a todas luces imposible de financiar, a menos que se haga como lo planteaba Milton Friedman. Éste sugería que se entregase una misma cantidad de dinero a todos los ciudadanos, por ejemplo unos 10.000 euros por cabeza, a cambio de que se redujese el Estado a su mínima expresión. Sin embargo, ya sabemos muy bien que ésta no es precisamente la idea que se maneja entre los dirigentes de Podemos.

Dicho esto, como avanzaba Pablo García en Vozpópuli este viernes, el partido de Pablo Iglesias ahora mismo está estudiando una versión limitada de la renta básica, con un coste aproximado de unos 11.000 millones de euros y a imagen y semejanza de la instaurada en el País Vasco.

Más o menos todas las Comunidades Autónomas tienen alguna suerte de renta de inserción. Pero ninguna llega a ser tan generosa como la existente en Euskadi. Si alguien que vive en la comunidad vasca no alcanza una determinada renta, entonces puede pedir esta ayuda para completar sus ingresos. Por dar una idea, una familia con hijos y un alquiler puede percibir hasta mil y poco euros.

Sólo que esta ayuda no está exenta de inconvenientes. Por un lado, el resto de España no goza de un sistema de financiación tan beneficioso como el cupo vasco, y por lo tanto ninguna región salvo Navarra tendría el mismo músculo financiero para ponerla en práctica. Esos 11.000 millones de coste que estima Podemos se antojan muy difíciles de conseguir en un momento de seria restricción presupuestaria. O lo que es lo mismo, para sufragarlo habría que subir aún más los impuestos o acometer unos recortes mucho mayores.

Por otro lado, este esquema ha ocasionado numerosos problemas en el País Vasco. El sistema público de empleo de la comunidad está completamente desbordado por la gestión de la ayuda. Hace no mucho citaron por carta a un buen número de sus beneficiarios y descubrieron que casi la mitad no residía en Euskadi. Muchos están empadronados allí por el subsidio... pero viven en otra parte.

En fechas recientes, el propio alcalde de Vitoria fue tildado de racista porque denunció que estas ayudas estaban fomentando el turismo social. Su declaración se fundamentaba en un dato: la mitad de los que reciben esta ayuda sin que sea un complemento a su pensión son extranjeros, según los datos de la Consejería de Empleo del País Vasco.

Por no hablar del supuesto contrario, y ahí el ejemplo típico que se menciona es el del surfero vasco que pasa largas temporadas en Tarifa con cargo al erario público de Euskadi. Tras cruzar datos, el gobierno vasco también ha comprobado que había numerosos casos de personas que ingresaban este estipendio al tiempo que cobraban otra ayuda de la diputación.

Así las cosas, no es de extrañar que este tipo de rentas por lo general exista en un ámbito muy limitado. En Alaska hay una suerte de renta básica, pero cuentan con los ingresos del petróleo y en cualquier caso es insuficiente para sobrevivir. En algunos países del Golfo forrados de petrodólares se brindan sustanciosas ayudas a los nacionales, los cuales a su vez no trabajan si no quieren gracias a que disponen de una gran masa de paquistaníes e indios que ponen la mano de obra en condiciones de semiesclavitud.

Y el caso de estudio que siempre se cita es el del condado de Speenhamland, en el distrito de Berkshire, al oeste de Londres. En 1795, en medio de una mala racha de cosechas y con una inflación rampante, en esta región inglesa se decidió crear una renta gestionada por las parroquias que complementase los ingresos de los jornaleros que lo precisaran. Enseguida, un concepto tan bien intencionado se extendió a otras zonas de Inglaterra.

Este tipo de subsidios termina produciendo parados o subempleados de larga duración, impide la movilidad de los trabajadores y fomenta los empleos precarios y la economía sumergida

Sin embargo, las consecuencias económicas y sociales de esta iniciativa fueron nefastas. Los salarios se desplomaron porque los empresarios sabían que sus trabajadores siempre podrían complementar la retribución. Inmersos en una revolución industrial muy necesitada de mano de obra, ninguno de los beneficiarios se mudaba a otras localidades donde podrían haber conseguido mejores empleos. Y el resultado final fue que estas poblaciones acabaron muy, muy empobrecidas, con importantes bolsas de subempleo que a su vez lastraban la demanda, la actividad y los ingresos fiscales. Vistos los resultados, en 1834 el sistema Speenhamland fue abolido en toda Inglaterra.

Este tipo de subsidios termina produciendo parados o subempleados de larga duración, impide la movilidad y el reciclaje de los trabajadores, fomenta los empleos precarios y la economía sumergida porque se puede cobrar en B al mismo tiempo que se ingresa la ayuda, reduce los ingresos fiscales y se antoja francamente complicado de gestionar al ser continuamente torpedeado por la picaresca. Algunos incluso hablan de voto cautivo y clientelismo político, veáse el PER en Andalucía. Sea como fuere, en definitiva pagar por no trabajar no es rentable para una sociedad que ha de sostener un sistema del bienestar. Y eso es algo que tienen muy claro en los países con sistemas del bienestar más avanzados.

En España, el franquismo protegía mucho al trabajador. El despido se concebía como una tarea ardua y casi imposible. Y conforme se desarrolló la democracia, a esa estructura se le añadió un sistema del bienestar. Sin embargo, para poder sostener sus sistemas del bienestar, los países nórdicos han optado por desregular bastante sus mercados laborales. Se trata de ganar en eficiencia, competitividad y poner a trabajar al máximo número de gente posible, incluso a costa de que una parte de la población no esté bien remunerada. No se puede tener todo. Curiosamente, los países sin salarios mínimos suelen presentar unos sueldos de media más elevados, entre ellos Dinamarca, Austria, Noruega, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia o Alemania, por lo general países con tasas de paro muy bajas y poco sospechosos de aplicar políticas ultraliberales. ¿Casualidad o causalidad?

Veamos el caso de Alemania. Allí este debate se dirimió abiertamente y al final se plasmó en la introducción de las reformas Hartz a principios de la década del 2000. De este contundente paquete de medidas, una pieza central fueron los famosos minijobs. Esta fórmula sirve para que los jubilados completen su pensión con labores de poca monta como por ejemplo la de reponedor. O para que los jóvenes pongan un pie en el mercado laboral y a partir de ahí desarrollen una carrera. Pero también esconde un lado mucho más oscuro, pues en ocasiones representan una forma de precarización en tanto en cuanto el trabajador no se forme. Además, el empresario tudesco ha de contribuir menos a la Seguridad Social por este tipo de empleado, lo que a su vez conlleva menos prestaciones sociales para el trabajador. A modo de resumen, este formato obedece a la intención de aflorar economía sumergida e incorporar al mercado laboral a jóvenes, excluidos o mano de obra poco cualificada y muy dependiente de ayudas. Es decir, a sacar a los excluidos de los subsidios.

Por ello, las reformas Hartz recortaron las prestaciones de los desempleados y el número de beneficiarios al aprobar unos requisitos mucho más rigurosos para recibir los subsidios. Los desempleados perdieron ingresos y lógicamente aumentó el colectivo con salarios bajos, pero la tasa de paro se redujo del 11 al 5 por ciento en sólo seis años, si bien otras medidas como la formación dual también ayudaron a incentivar el empleo.

El paquete de reformas consensuado en Alemania supuso reducir sustancialmente la factura de gasto social con la vista puesta en la jubilación del baby boom, la cual presionará sobre los límites del gasto público en un horizonte no muy lejano. Sólo en España se podrían precisar unos 30.000 millones más de desembolsos para que las pensiones no pierdan mucha capacidad adquisitiva al tiempo que la economía parece abocada a un estancamiento secular del tipo japonés retroalimentado por la demografía y el exceso de deuda.

No en vano, Merkel lo tiene meridianamente claro y siempre recuerda tres cifras: la eurozona abarca el 7 por ciento de la población mundial, el 25 por ciento del PIB global y el 50 por ciento de todo el gasto social que se desembolsa en el planeta. Si no se acometen las reformas, Lifestyle Europe es insostenible. Europa ha de apostar por un sistema de bienestar que la hace más cohesionada y eficiente, pero cuyo mantenimiento conlleva altas dosis de responsabilidad y sacrificios por parte de sus ciudadanos. Aunque, claro, suena mucho más fácil decirlo que hacerlo: la solución alemana se pudo aplicar en una época de relativa prosperidad, pero en cambio en España ahora mismo hay ni más ni menos que unas 720.000 familias sin ingresos según la EPA


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