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España

Pineda: "Ausbanc sigue actuando desde la prisión de Estremera"

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, asegura que “Ausbanc sigue actuando desde Estremera”. Y lo hace mediante una carta dirigida al diario El Mundo desde la cárcel madrileña donde permanece encerrado de forma preventiva por el caso Nelson desde hace casi un año por presuntos delitos de amenazas, administración desleal, estafa, extorsión, fraude a las subvenciones y organización criminal.

Después de que el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, fuese puesto en libertad, Pineda es el único que permanece investigado por la Audiencia Nacional. Desde la cárcel, dice, continúa con su actividad y pide “la devolución de la cláusula suelo para un millón de hipotecados de forma automática al Tribunal Supremo”.

También cree que Santiago Pedraz, el juez instructor del caso, lo mantiene en prisión para que no pueda participar como letrado en la fase oral del juicio de la estafa de Afinsa, que también dirigió el magistrado. Según Pineda, éste habría actuado “de manera incorrecta durante la instrucción” en la que Ausbanc habría representado procesalemente “a 3.918 personas”.

Ausbanc quiere pues, incluso desde prisión, seguir luchando por los afectados por las cláusulas suelo, dice Pineda: “Solicitamos la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a ejecutar otra del Supremo de 2013, dictada a instancias de Ausbanc y contra Cajamar, Caixa Galicia y BBVA”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asegura Pineda, dictaminó la retroactividad del cálculo actual de las cuotas de las hipotecas, que es realizado sin la cláusula suelo, “declarada ilegal”.  El ahora encarcelado, que llegó a colocar a un abogado en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE, pide que se aplique retroactivamente el cálculo. Con esto se podrían evitar “más o menos un millón o más de pleitos individuales que dañarían el normal funcionamiento de la Justicia y supondrían la devolución de unos 3.000 millones de euros indebidamente cobrados”, explica en su misiva.

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