Parados y autónomos podrán ampliar a 25 años el tiempo de cálculo de su pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto sin rango de ley que concreta algunas cuestiones de la reforma de las pensiones aprobada en 2011. Entre estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013, se encuentra la posibilidad de ampliar a 25 años la base de cálculo de las pensiones, en caso de que esta modalidad convenga al trabajador por quedarse en paro durante la última fase de su vida laboral.

Sólo podrán acogerse a esta opción los mayores de 55 años que hayan sido cesados por causa ajena, aunque también podrá aplicarse a autónomos que estén un año sin cotizar después de haber concluido la prestación por cese de actividad. Estos cambios se introducirán progresivamente, de manera que hasta 2017 sólo se podrá ampliar la base de cómputo a 20 años. A partir de esa fecha se podrá llegar a los 25 años en el cálculo de la pensión.

El Gobierno se da tres meses para pactar la reforma de la jubilación anticipada

El Ejecutivo suspenderá tres meses los artículos de la reforma de las pensiones de 2011 que afecten a la jubilación anticipada y parcial. Estos cambios debían entrar en vigor el 1 de enero de 2013, con el objetivo de dar tiempo a la Comisión del Pacto de Toledo para negociar los cambios propuestos por el Gobierno. En caso de que no se llegue a un acuerdo en este periodo, el Ejecutivo deberá decidir si legisla o vuelve a ampliar la suspensión.

Según la agencia Efe, que cita fuentes del Ministerio de Empleo, el Gobierno ha tomado esta decisión para que no entre en vigor una norma que previsiblemente será modificada en los próximos meses y poder dialogar la reforma de estas dos modalidades de jubilación. El Gobierno ya avanzó sus propuestas sobre estas modalidades de jubilación al Pacto de Toledo, al considerar que los cambios introducidos en la reforma de 2011 no son suficientes y que hay que seguir avanzando para acercar la edad real de jubilación a la legal.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el Gobierno aboga por retrasar la edad mínima hasta los 65 años, frente a los 63 en los que quedaba fijada con la reforma del anterior Ejecutivo socialista. Sobre la jubilación parcial, las mismas fuentes han indicado que es necesaria una reforma importante porque esta modalidad resulta lesiva para las arcas de la Seguridad Social.