La experta de Pedro Sánchez para Medio Ambiente firmó la autorización del proyecto Castor

El escándalo medioambiental del Castor sobrevuela el gobierno en la sombra de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha incluido en su equipo de expertos (compuesto por 13 miembros) a Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ribera fue la responsable del Ejecutivo socialista que firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto del almacén de gas submarino situación frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona) Esta plataforma que tuvo que ser cerrada en septiembre de 2013 después de provocar más de 500 seísmos.

Pedro Sánchez ha encargado a Teresa Ribera el área de Clima, Energía y Sostenibilidad, en la que deberá formular sus propuestas de gobierno. La trayectoria profesional que remitió el PSOE a los medios recoge que fue secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011 y directora general de la Oficina de Cambio Climático entre 2004 y 2008. No hay, en cambio, ninguna alusión a su gestión en el lanzamiento del Castor, uno de los casos medioambientales más polémicos de las últimas décadas. El año pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a retirar la concesión de explotación y aprobar una indemnización de 1.350 millones de euros a la propietaria Escal UGS, firma controlada en un 66,7% por ACS, el grupo empresarial que preside Florentino Pérez. 

Los particulares colindantes a la zona de actuación alegaron "inseguridad por peligro de explosión y de terremotos"

En concreto, Ribera firmó la Declaración de Impacto ambiental (DIA) el 23 de octubre de 2009, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de noviembre de aquel año. La resolución con la que dio el visto bueno al almacén gasístico sostiene que en base al proceso de evaluación seguido queda "adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales". Cuatro años después, las inyecciones de gas causaron medio millar de terremotos que incluso superaron el nivel 4 en la escala de Richter. Los 1.350 millones de indemnización del Castor se convertirán en 4.731 millones en 30 años (interés anual del 4,27%). Los 7,5 millones de consumidores de gas pagarán, cada uno, 630 euros para costear la compensación a ACS.

El Ayuntamiento de Alcanar solicitó al Gobierno del PP que comunicara si hubo informes jurídicos previos encargados por el Ejecutivo socialista para avalar la DIA relativa al Castor en los términos en que fue redactada y aprobada por la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera. A esta petición, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contestó que aquella declaración de impacto no incluyó ningún apartado para evaluar los riesgos sísmicos asociados al proyecto de almacén de gas natural.

La resolución únicamente alude a esta cuestión, pero de forma pasajera, cuando hace referencia a los escritos que se presentaron en la fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental. El texto señala aquí que "los particulares colindantes a la zona de actuación alegan inseguridad por peligro de explosión y de terremotos, afección a la salud por emisión de partículas contaminantes, perjuicios para el turismo así como para la imagen de los productos de la zona y afecciones a la pesca al crear una distancia de seguridad a las instalaciones". Por su parte, el Observatorio del Ebro consideró en el misma fase que "se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas".

Una investigación judicial comprometida

Estos hechos llevaron a la Fiscalía a presentar una denuncia contra el proyecto Castor. La investigación sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón). Aunque en un principio se filtró que el Ministerio Público iba a pedir la imputación de Teresa Ribera como el alto cargo político con mayor responsabilidad directa en esta cuestión, finalmente no solicitó actuar contra la exsecretaria de Estado, pero sí contra técnicos de su departamento que ni firmaron aquella declaración de impacto ni tuvieron una participación decisiva.

No obstante, el juez ha imputado a 18 personas por un presunto delito de prevaricación medioambiental. Además de responsables del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la empresa Escal UGS se encuentran María Jesús Rodríguez, exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; Jorge Sanz, que era director de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, y Antonio Hernández García, sustituto del anterior. Si bien la experta elegida por Pedro Sánchez no tendrá que prestar, de momento, declaración judicial, el nombre de Teresa Ribera sí que podría salir en estas comparecencias, con efectos negativos para su imagen y, por extensión, para Pedro Sánchez.

Ribera salió del Gobierno con la llegada del PP a La Moncloa. En septiembre de 2012 recaló como directora de Estrategia Internacional en Isofotón, empresa relacionada con su anterior competencia ministerial. Esta firma se dedica a la fabricación de elementos del sector fotovoltaico. Al no haber transcurrido dos años desde que dejó su ocupación en la Administración, Ribera solicitó al Gobierno la compatibilidad, que le fue aprobada al ser Isofotón un fabricante de paneles, no un promotor fotovoltaico. Además, jugó a su favor que dicha empresa no necesitó de ninguna declaración ambiental durante su estancia en el Ministerio de Medio Ambiente. Desde junio de 2014, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París.