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Horrach ve "inaudito" que se deje en manos del juez Castro la imputación de la infanta

El fiscal se muestra dolido por las críticas y la falta de reconocimiento a la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, que "en este país ha sido el instigador de la apertura de todas las causas que hay por corrupción". Si de él dependiera, la infanta no se sentaría en el banquillo. 

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach Gtres

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach no se siente desautorizado por el auto de la Audiencia de Palma sobre el futuro jurídico de la infanta Cristina por el Caso Nóos. Así lo ha afirmado en una entrevista en Cadena Ser en la que recordó que su posición ha sido la misma desde el minuto uno de la investigación. "No comparto que concedan al juez de instrucción libertad de criterio, cosa inaudita en un Estado de Derecho para interpretar una norma procesal de carácter imperativo. [...] La Audiencia Provincial en su momento en 2012 y 2013 en sendos autos descartó cualquier tipo de participación o vinculación de la infanta con el entramado Nóos. En el auto del 7 de noviembre de 2014 ratifica estas conclusiones y añade que no existe delito de blanqueo de capitales para la infanta, pero de forma sorprendente construye una tesis desde mi punto de vista alambicada y artificial con contradicciones técnicas en cuestiones tributarias que expondré en su momento en el escrito de acusación", dijo el fiscal. 

Horrach destacó que la legitimidad del Ministerio Fiscal le viene destacada por la Constitución y las leyes, no por los tribunales, y ante la pregunta de si finalmente se verá a la infanta en el banquillo, contestó con un "si de mí dependiese, por supuesto que no, pero no por una decisión arbitraria sino por la estricta aplicación de la Ley procesal y penal. Ni el juicio ha comenzado ni la instrucción ha finalizado, queda mucho camino por delante", señaló. 

"Si de mí dependiese, por supuesto que la infanta no se sentaría en el banquillo. Ni el juicio ha comenzado ni la instrucción ha finalizado, queda mucho camino por delante"

Preguntado por las acusaciones que ha recibido sobre su papel de 'casi abogado' defensor de la infanta, el fiscal desmentía cualquier tipo de presión o instrucción al respecto. "El fiscal general del Estado no me ha dado orden alguna al respecto. Quiero reivindicar la labor de Torres Dulce y de Antonio Salinas Casado -fiscal de Sala jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada- que en todo momento han respetado y avalado mis decisiones. Ninguna institución del Estado me ha sugerido nada y yo no lo hubiese permitido. El fiscal como órgano constitucional tiene por misión defender la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos. En mi posición, en el ejercicio profesional y amparado en cuestiones jurídicas y fácticas, si considero que no existen elementos de juicio para sentar a la infanta en el banquillo, así lo tengo que exponer. Es un imperativo legal. Que se me considere o no defensor de la infanta es un planteamiento realizado desde los medios de comunicación", criticó. 

Dolido con las críticas

"No quería dejar pasar la ocasión sin hacer constar que el 99% de los casos de corrupción abiertos en España han sido a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, lo que manifiesta la eficacia de este órgano y su independencia. Si los ciudadanos saben que existe corrupción en España es porque la Fiscalía lo ha hecho visible", decía como alegato final. 

El fiscal admitía estar dolido por las críticas, inevitables cuando el trabajo está sometido a exposición mediática. "Estoy dolido, sí, pero por la falta de reconocimiento a la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, que en este país ha sido el instigador de todas las causas que hay por corrupción", recordaba. 

"Si los ciudadanos saben que existe corrupción en España es porque la Fiscalía lo ha hecho visible. El Ministerio Fiscal en este país ha sido el instigador de todas las causas que hay por corrupción"

Según su postura, esta independencia se está reflejando en la actual situación en Cataluña con la posible querella contra Artur Mas. "El fiscal general del Estado en pro de esa independencia que predica concedió a los fiscales catalanes la decisión de si los hechos del 9N eran constitutivos de infracción penal y por ende la interposición de la correspondiente querella. Habida cuenta de la división de los fiscales catalanes, Torres Dulce ha convocado a los fiscales de Sala para discutir, valorar y tomar una decisión al respecto. Esperemos a la decisión final", pidió. 

Horrach, que no quiso pronunciarse sobre la existencia de materia jurídica para la querella por respeto a los compañeros que deben tomar la decisión, sí dejó claro que "no se puede amparar una decisión en la repercusión social, sólo en si existen o no elementos jurídicos que justifiquen la interposición de una querella". En su opinión, además, Torres Dulce "actuará con la independencia y autonomía que predica", y si abandonase el cargo o no después de esta tesitura es una decisión que "dependerá de sus circunstancias personales". 


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