Publicado: 05/02/2015 11:00
Los Duques de Palma tienen ya luz verde del juzgado para vender su Palacete de Pedralbes. Así lo ha aprobado en un auto el juez del caso Nóos, José Castro, quien impone a la infanta y a su marido la única condición de que depositen 2.372.602 euros del precio obtenido de esa operación para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil que se reclama a Iñaki Urdangarin.
El magistrado considera que el precio de 6,5 millones de euros al que pusieron a la venta el palacete es "razonable en las actuales circunstancias" pese a que recoge una "significativa merma del que en su día lo fue como de compra del inmueble más las cuantiosas reformas de obra de reforma que sin duda lo mejoraron". Castro justifica la derrama con el argumento de que "la crisis del mercado inmobiliario (...) es posible que tenga una mayor incidencia en fincas de este tipo y que la urgencia por vender es claro que se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende por enajenar".
"La urgencia por vender se traduce en una lógica depreciación", justifica Castro
La operación de venta requería la autorización judicial porque la mitad de la propiedad estaba embargada por la primera fianza impuesta a Urdangarin. Castro fija ahora un procedimiento por el que levantará el embargo existente sobre la vivienda si los duques de Palma acreditan por escrito su compromiso de dedicar los ingresos a pagar esa fianza. Si es así, la operación podrá materializarse. Además, Castro exige a los abogados de la infanta y de Urdangarin que, una vez realizada la venta, aporten al juzgado "justificación documental de todo ello" para que Castro pueda investigar los términos de esa operación inmobiliaria.
La resolución de Castro es firme y contra ella no cabe recurso por lo que la operación podría consumarse en las próximas semanas y el juzgado podría recibir el ingreso de fianza civil de los duques antes de que acabe el actual mes. Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarin, y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina.
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